En una reciente intervención en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina, junto con otros seis países latinoamericanos, hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que ponga fin a la represión política. Esta solicitud, presentada en Ginebra por los representantes de Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, busca detener las violaciones a los derechos humanos que se han intensificado en Venezuela desde las elecciones del pasado 28 de julio.
Los países denunciaron el incremento de la persecución y represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, subrayando la detención arbitraria de opositores políticos y las acciones represivas contra manifestantes. En particular, el representante argentino, Carlos Foradori, exigió la liberación de los presos políticos y el respeto a las libertades fundamentales de los ciudadanos venezolanos. Además, destacaron la importancia de renovar los mandatos de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para asegurar una vigilancia constante sobre la situación en el país.
El gobierno de Venezuela, por su parte, ha rechazado categóricamente estas acusaciones, calificando el informe presentado ante la ONU como un “panfleto” y señalando que responde a intereses externos para desestabilizar el país. Sin embargo, las voces de la comunidad internacional, incluyendo a líderes de la oposición venezolana como María Corina Machado, han agradecido el respaldo de estos siete países y la ONU en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
