Editorial La Revista Peninsular
Ésta semana regresó a México en calidad de extraditado
el exdirector de PEMEX Emilio Lozoya Austin, quien fue detenido a mediados del
mes de febrero de éste año en España, luego que se emitiera en México una orden
de aprehensión en su contra por los delitos de cohecho, asociación ilícita, y
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras ser detenido, Lozoya Austin buscó la manera de
evitar ser extraditado a México para ser procesado y condenado en el país
europeo, pero luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pusiera
sobre la mesa la opción de tener una pena laxa a cambio de delatar a los
involucrados en los esquemas de corrupción en que estuvo envuelto, Lozoya
agilizó los trámites para regresar a su patria lo antes posible.
En concreto, al titular de PEMEX durante la mayor
parte de la gestión de Enrique Peña Nieto (2012 – 2016) se le acusa de haber
recibido sobornos de dos empresas, el coloso mexicano del metal Altos Hornos de
México (AHMSA) y la controversial empresa brasileña Odebrecht, a cambio de la
adjudicación de contratos millonarios.
Mientras Emilio Lozoya era Director en Jefe para
América Latina en el Foro Económico Mundial (2006 – 2009), conoció a Luis
Alberto Meneses Weyll, exdirector de
Odebrecht en México, a quien tiempo después le propuso ayudarlo a posicionar su
empresa en el país a cambio de millonarios sobornos. Haciendo uso de su poder
como titular de PEMEX, en el 2013 Lozoya adjudicó directamente un contrato a
Odebrecht por más de mil cuatrocientos treinta y seis millones de pesos;
presuntamente el funcionario recibió cinco millones de dólares por ésta
operación.
Aún más, de acuerdo a las investigaciones realizadas
por el gobierno mexicano y lo expuesto en Cortes de países que han conocido del
caso Odebrecht, los sobornos no fueron usados solamente por Lozoya para su
enriquecimiento propio, sino que también fueron destinados a apoyar las
operaciones de campaña del Partido Revolucionario Institucional en distintos
Estados como Veracruz, Tamaulipas, e Hidalgo, e incluso en la campaña
presidencial de Enrique Peña Nieto en el año 2012.
Por otro lado, Lozoya acordó con AHMSA conceder
contratos de obra a cambio de sobornos, lo que resultó en la compra de la
planta Agro Nitrogenados. La compra de ésta planta fue propuesta por Emilio
Lozoya y aprobada por el Consejo de Administración de PEMEX, a pesar de existir
informes que recomendaban no realizar la adquisición, pues la planta tenía más de
catorce años de inactividad y sería muy costoso restaurarla. La operación se
concretó en doscientos sesenta y cuatro millones de dólares, cincuenta y siete
por ciento más del valor real de la planta.
Si bien, se presume que hay indicios suficientes para
demostrar la culpabilidad de Lozoya Austin y hacer valer todo el peso de la ley
en su contra, será interesante ver qué consecuencias le son impuestas debido a
la condición bajo la que es extraditado: delatar a cambio flexibilidad.
De entrada, el gobierno federal ya encaminó el
seguimiento de su investigación hacia la aprobación de la reforma energética,
cuando dijo el presidente que la información de Lozoya ayudaría a explicar bajo
qué condiciones se dio la aprobación de ésta, e insinuó que se sobornó a legisladores
para que diesen su voto a favor. Ésta es una estrategia inteligente por parte
del presidente López Obrador, pues refuerza la imagen de un gobierno que
combate la corrupción, y además le da herramientas a su discurso encaminado a
deslindarse de culpabilidad por las fallas actuales del sistema energético,
argumentando que se deben a las gestiones de administraciones pasadas.
Ésta situación no podía llegar en mejor tiempo para el
gobierno de Andrés Manuel, pues a menos de un año de las próximas elecciones,
éste es de los pocos temas que aún puede utilizar a su favor en campaña, ya que
temas como salud, economía, educación, o seguridad, son delicados por la
pandemia.
Muchos pueden pensar, y seguro anhelar, que el “pez
gordo” que podría caer por ésta situación es el expresidente Enrique Peña
Nieto, pero la realidad es que López Obrador no ha mostrado indicios de querer
perseguir a su predecesor, incluso en algún momento ha dicho que solo lo haría
si es mediante consulta popular. Entonces, quien pinta como el “pez gordo” es
el antiguo Canciller y secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien fue
identificado como la persona más cercana al presidente en la administración
pasada, y quién además se sabe tuvo diferencias con Emilio Lozoya por pugnas de
poder.
Entablar procesos contra legisladores que
presuntamente recibieron sobornos, así como contra un personaje de la talla de
Luis Videgaray, seguramente sería suficiente para apaciguar a quienes buscaban
que se enjuiciara a Peña Nieto, al menos por ahora. Habremos de ver la manera
en que tanto el gobierno federal como MORENA manejan ésta situación para
capitalizar a su favor previo a las próximas elecciones; por mientras una cosa
parece ser segura, la información que dé Lozoya modificará el escenario político
mexicano.
