Por: Eduardo Ruíz-Healy.
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La Cámara de Diputados no aprobó el martes la
propuesta de reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Los 269 votos de los legisladores de MORENA, PT y PVEM a favor de la
propuesta no representaron los dos tercios que se requerían para reformar
diversos artículos constitucionales que, entre otras cosas, hubieran acabado
con el Instituto Nacional Electoral (INE), debilitado al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reducido el número de legisladores
federales y locales, eliminado a los legisladores de mayoría y disminuido los
recursos públicos que se destinan al INE, al TEPJF y a los partidos políticos.
Inmediatamente después de su derrota legislativa, el
secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández entregó al mismo órgano
legislativo el denominado Plan B de reforma electoral que de inmediato fue
aprobado por los diputados oficialistas que ni tiempo tuvieron para leer la
propuesta de 307 páginas.
En tiempo récord los legisladores morenistas, petistas
y verdes modificaron, adicionaron o derogaron unos 450 artículos de las leyes
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos
Políticos, General de Comunicación Social, General de Responsabilidades y
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De paso aprobaron una nueva ley,
la General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Lo que vimos fue similar a lo que ocurrió durante las
décadas en que el PRI, en donde muchos prominentes militantes de MORENA, PVEM y
PT iniciaron sus carreras, ejerció el poder de una manera autoritaria.
Los diputados de oposición, o sea los del PAN, PRI,
PRD y MC, dijeron que mucho de lo que
aprobaron los lopezobradoristas va en contra de la Constitución y que por eso
interpondrán una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), cuyos ministros están por el momento más ocupados en elegir al sucesor
de su presidente Arturo Zaldívar que en ningún otro asunto.
Las modificaciones realizadas a diversas leyes
definitivamente afectarán el funcionamiento del INE, del TEPJF y de otros
órganos electorales pero no de la manera en que lo hubieran hecho si la
propuesta original de AMLO hubiera sido aprobada.
Ahora falta que el Senado apruebe el Plan B para que
los cambios legales surtan efecto. El coordinador de los senadores morenistas y
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal,
anunció que en la Cámara Alta, a diferencia de lo que ocurrió en la de
Diputados, serán las comisiones las que analicen y discutan la minuta que
recibirán de ésta antes de que se presente ante el Pleno.
“Estoy convencido de que debe ir a comisiones, creo
que es conveniente ceder paso a la deliberación y discusión, las comisiones
serán las que determinen el ritmo, vamos a darle autonomía a ellas, hay
libertad y hay actitud digna de los legisladores”, dijo el zacatecano que hoy
está distanciado de AMLO.
Habrá que ver si eso sucede, porque Monreal ya no
tiene la menor influencia sobre la mayoría de los senadores lopezobradoristas
que podrían, si así lo deciden, aprobar sin mayor trámite el Plan B en
comisiones y enviarlo al Pleno para su inmediata votación y aprobación.
