Opinión de Marco Antonio Cortez Navarrete
De acuerdo con datos oficiales en México hay poco más de 131 millones de personas pero no todas participan en igualdad de condiciones dentro del sistema político.
Me explico: la educación, ese derecho esencial para la formación ciudadana, continúa siendo una deuda pendiente ya que el promedio de escolaridad nacional ronda apenas los 10.2 años lo que equivale a cursar la secundaria e iniciar sin concluir el nivel académico medio superior o bachillerato.
Esta cifra, además, esconde profundas desigualdades ya que mientras en lugares como la Ciudad de México el promedio supera los 11 años, en estados como Chiapas o Oaxaca apenas y se alcanza los 8 años de estudios.
Otra cifra no menos importante es que por cada 100 mexicanos mayores de 15 años, solo entre 20 y 22 concluyen una carrera universitaria ubicando al país muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Todo lo anterior significa que el grueso del electorado nacional no cuenta con estudios superiores, y una parte importante ni siquiera con educación básica completa. Esta realidad tiene implicaciones directas en la calidad de la participación política y en la manera en que los gobiernos se relacionan con su población.
El sistema político mexicano ha sabido capitalizar esta situación. La población con baja escolaridad o sin estudios formales representa un sector vulnerable y manipulable, muchas veces dependiente de programas sociales, promesas inmediatas o líderes comunitarios que median el acceso a recursos.
En zonas marginadas —urbanas o rurales— los partidos políticos han encontrado una base electoral que rara vez exige resultados estructurales, porque históricamente ha vivido en la exclusión institucional.
Más aún, cuando el acceso a la información se filtra por canales controlados —televisión abierta, redes sociales sin contraste crítico, o estructuras de poder local—, el ejercicio del voto se convierte en una acción emocional o dirigida, más que en una decisión informada.
Esto perpetúa un ciclo: la falta de educación reduce la calidad democrática, y a su vez, los gobiernos sin contrapeso no priorizan la educación.
Mientras tanto, el sistema económico y laboral exige cada vez más. Las carreras más demandadas hoy en México están en los campos de la tecnología, datos, software y ciberseguridad, perfiles que requieren educación superior técnica y científica.
Sin embargo, solo una minoría tiene acceso real a estas oportunidades, ampliando la brecha entre una élite capacitada y una mayoría marginada.
La pregunta, entonces, es cruda pero necesaria: ¿quién se beneficia de que millones de mexicanos no estudien? La respuesta es clara: un sistema político que necesita electores obedientes más que ciudadanos críticos.
La educación no solo es un instrumento de movilidad social, es la única vía duradera hacia una democracia plena y participativa.
Invertir en educación no es una utopía, es una urgencia porque un país donde la mayoría no tiene voz ni herramientas para exigir rendición de cuentas, está condenado a repetir sus errores. Y porque la ignorancia no es ingenua: es política. Y es rentable.
Por hoy, es todo. Un abrazo y los invito a reflexionar todos los días y a cada momento.
