Claroscuro, por: Francisco López Vargas
Jorge Lavalle Maury, hoy en prisión; Raúl Pozos Lanz, Raúl Morón Orozco, candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán; Layda Elena Sansores San Román, candidata a gobernadora de Campeche por Morena; Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena; Adán Augusto López Hernández, hoy gobernador de Tabasco por Morena, entre otros, todos en su calidad de senadores de la LXII Legislatura promovieron, después del triunfo de Enrique Peña Nieto, una modificación a la ley electoral endureciéndola precisamente por la imposibilidad de poder auditar los gastos del candidato presidencial del PRI.
Acusado por Andrés Manuel López Obrador de haberle ganado por haber rebasado los gastos de campaña, el PRD promovió una nueva legislación que consideraba que al rebasar el cinco por ciento del gasto autorizado de campaña era suficiente para anular el triunfo de un candidato ganador.
La reforma fue más allá.
Ante la dificultad de evitar el dinero “fantasma” en las campañas, incluyeron una modificación que también libraba al partido de la responsabilidad de ser sancionado si alguno de sus candidatos se excedía del tope de campaña o no presentaba su informe de gastos en tiempo y forma y llegaron a proponer la nulidad de la candidatura si ello se configuraba y acreditaba.
Hoy, cuando esa ley propuesta por ellos y validada por Morena en el Congreso de la Unión y por Pablo Gómez desde el Instituto Federal Electoral -que se convirtió en Instituto Nacional Electoral y creció de 7 a 11 consejeros electorales- no lo ven como una victoria precisamente porque una decisión de autoridad, basada en esa ley promovida desde Morena, les provoca no sólo desobediencia sino también un auténtico intento golpista de desaparecer a la autoridad electoral y la amenaza de que irán por los consejeros haciendo pública la dirección familiar personal de cada uno de ellos.
Inconcebible, pero Raúl Morón, Layda Sansores, Félix Salgado Macedonio no fueron capaces, juntos con 5 decenas más de sus correligionarios, de respetar y hacer vale la ley que ellos mismos propusieron y en los hechos aprobaron su aplicación por la autoridad que, al aplicarla contra ellos, hoy amenazan con desintegrarlos.
Morón y Salgado no sólo desconocieron la ley sino que llegaron al INE a informarles que para ellos no hubo precampaña, no fueron precandidatos y no hicieron proselitismo y por ello, como Layda, no entregaron sus informes contenidos como una obligación de ellos en la ley.
Chulada de gobernadores serán: dos que al quitarles la candidatura oficial con base en normas propuestas y avaladas por Morena hoy piden su desintegración; y una más que no sólo violentó esa ley sino que ya fue multada con un poco más de medio millón de pesos.
El tema no es que faltaron a la ley, que están promoviendo una asonada, sino que están teniendo el apoyo de un presidente de la República que juró respetar la Constitución y hacer valer las leyes emanadas de la misma.
Peor: los candidatos no sólo no respetaron la ley sino que mintieron tratando de evadir su aplicación y todos sus argumentos evidencian no sólo la treta y la artimaña al exhibirlos con los documentos, fotografías, vídeos y publicaciones en los que lo confirman: no sólo hicieron esa precampaña sino que trataron de engañar a la autoridad negándola.
¿Esas pretenden ser las autoridades postuladas por Morena? La realidad es que no es extraño que provengan de un partido que no sólo cometió un fraude en la elección de 2018 al hacer una propaganda política que no solo no se convirtió en línea de gobierno sino que el presidente, como si fuera un impostor, una persona distinta a la que hizo campaña, actúa en franca oposición a sus propios postulados.
El presidente no respeta la democracia cuando no gana, no acepta que nadie lo contradiga, ha provocado una estanflación en el país elevando el gasto social, promoviendo obras faraónicas, minimizando el presupuesto federal no sólo en todos los rubros sino también en salud en plena pandemia, mientras los aumentos en el precio del crudo provocan alzas en gasolinas, energía eléctrica y éstos provocan la inflación más alta en los últimos 30 años y con ello invalida su promesa de no generar una crisis económica.
La inflación se ubica en 4.12 por ciento presionada por el precio de los energéticos y se espera que en abril termine en 5 por ciento. Las alzas de 9.45 en energéticos y 2.27 en tarifas hace prever una inflación del 9.45% por ciento. Y por si fuera poco, golpea el empleo al darle al ejército la mayor parte de la obra pública. Y viene lo peor…
Hoy, desde la presidencia se ha intentando imponer a un candidato violador, acosador de mujeres y que siente desprecio no sólo por la democracia sino también por las leyes y los órganos independientes. Un sujeto que tampoco se mide al amenazar de muerte a los consejeros postulado por un partido que está en el gobierno.
En su apoyo, el presidente evidencia una vez más que a él tampoco le acomodan ni las leyes que ellos propusieron. Su desprecio al INE es sistémico precisamente porque lo ve como la autoridad que le impidió llegar en plenitud a la presidencia.
Hoy, si no pierde la mayoría en el Congreso, ya empezó a socavar a la autoridad que le dio el triunfo electoral, que validó su triunfo y lo legitimó ante la sociedad.
El presidente se está radicalizando y eso sólo puede significar que no tiene buenos números en la elección que viene. No tardaremos en saberlo.
