Por: Edwin Carcaño.
Twitter: @ecarcanog / www.edwincarcano.com
Los alcaldes entran con muy buenas ideas de campaña al Palacio Municipal, llegan con la gente que los acompañó durante la carrera electoral y arman un equipo lo más capaz posible, sin embargo, las cosas empiezan a ponerse mal cuando llegan a la tesorería y no hay nada de presupuesto.
En la gran estructura
que conforma el gobierno de México, existen tres grandes poderes: el ejecutivo,
el legislativo y el judicial. Cada uno tiene grandes retos y compromisos
sociales. Como instituciones, los tres tienen su razón de ser en servir a los individuos
para ayudarlos a alcanzar una vida plena, con educación, salud y seguridad. Es
un objetivo difícil más no imposible. En muchos lugares del mundo, algunos
países han logrado generar instituciones muy eficientes que sirven a sus
ciudadanos de manera positiva. El gran problema es cuando estos poderes
gubernamentales se apartan de su función básica y les hacen daño a las
personas.
México enfrenta un
problema presupuestal de gran magnitud: cada día la presión del gasto social le
va ganando terreno al presupuesto de infraestructura. Las necesidades de
atención ciudadana van en gran aumento. La llegada del grueso poblacional de la
generación Millennial (1983 – 2005) al mercado laboral va a cambiar muchas de
las formas de hacer las cosas. Cada año hay dos millones 600 mil nuevos
mexicanos entrando al área laboral. De la misma manera, hay que aumentar la
capacidad de los servicios de gobierno ante esta nueva ola de mexicanos
entrando a la edad productiva.
La presión
gubernamental en el gasto de infraestructura tiene que canalizarse hacia las
Asociaciones Publico Privadas (APPs). De esta manera el gasto social podrá
seguir expandiéndose para tratar de cubrir las mayores necesidades de la
población. La rama del ejecutivo con mayores retos ante estos cambios son los
gobiernos municipales. Las nuevas leyes de austeridad financiera los atan de
manos para realizar tanto APPs como deuda para generar proyectos. Por ello los
alcaldes de México tienen que administrar sus recursos con máxima eficiencia.
El problema es que las municipalidades
de México no están capacitadas para enfrentar las nuevas reglas.
Los alcaldes entran con
muy buenas ideas de campaña al Palacio Municipal. Entran con la gente que los
acompañó durante la carrera electoral y arman un equipo lo más capaz posible.
Sin embargo, las cosas empiezan a ponerse mal cuando llegan a la tesorería y no
hay nada de presupuesto. También encuentran deudas muy caras de pagar. Cuando
llega la temporada de recolectar el impuesto predial, un gran porcentaje de ese
ingreso nunca llega. Los sistemas de agua potable no son rentables. Subir
impuestos es impensable ya que significaría perder la reelección tres años
después. Ser alcalde es sacarse el tigre de la rifa.
Aquellos presidentes
municipales que creen que poniéndose en fila para que los reciba “Doña Fede”
van a encontrar las soluciones a sus problemas, les tengo una mala noticia: La Federación no
tiene recursos. Es mejor la opción de armar un Plan de Ordenamiento Financiero
y empezar a enfrentar las necesidades de la alcaldía con optimización de
recursos propios. Esto incluye mejorar la dinámica del marco legal y generar
proyectos ejecutivos que se aprueben en el H. Congreso del Estado. Ahí radica
uno de los secretos de las nuevas reglas del juego: una buena relación
legislativa para ir aprobando los proyectos que la sociedad más necesita.
Los proyectos sociales más
importantes para un municipio tienen que ver con el agua potable, la
recolección de basura, la seguridad y el desarrollo urbano. Los H. Congresos
Estatales ahora tienen la responsabilidad de aprobar los proyectos municipales
que signifiquen deuda o Asociaciones Público Privadas. Es importante que ante
esta nueva responsabilidad, los Diputados tengan una mejor disposición a los
proyectos que impliquen mejorar la infraestructura de las municipalidades. Más
importante aún, es brindar una buena capacitación a los tesoreros municipales
para poder enfrentar, de manera exitosa, los retos que avecinan al país.
La ciudadanía no puede
esperar a que la clase política asimile intelectualmente sus necesidades. Los
tiempos de desarrollo y de progreso económico no pueden esperar.
