Por: Uuc-kib Espadas Ancona.
Como
tantas cosas, la pandemia ha revivido el debate de los salarios de los
empleados públicos. El planteamiento general, a derecha, centro, izquierda, gobierno,
oposición y abstinentes políticos, es que éstos nunca deben ser altos. Dado que
los salarios se pagan con dinero que se nos quita a todos, la parte de esa
confiscación que se entrega a quienes viven de los impuestos, ya que es
inevitable, debe ser tan menor como sea posible. Esta forma de razonar, sin
embargo, deja de lado algunos aspectos muy importantes del problema.
Lo primero que hay que establecer,
es que el dinero que el gobierno eroga en salarios se entrega a cambio de un
trabajo. Desde luego se pueden encontrar ejemplos de vividores que cobran sin
trabajar, personas sin capacidad a los que un pariente les dio un puesto inútil,
o usufructuarios del pago de favores políticos; pero en honor a un debate
razonable hay que recordar que esas condiciones son ilícitas y forman parte del
gordo expediente de la impunidad en México, que incluye muchas otras cosas
fuera de lo laboral.
La evidencia del trabajo de los
empleados públicos es hoy, como en otras ocasiones, abrumadora. La línea de
fuego de la lucha contra el COVID está formada, casi en exclusiva, por
trabajadores de gobierno. Nadie puede decir que estas personas estén cobrando
un sueldo que no se merezcan, y sí muy por el contrario. En diversas
circunstancias, a veces más y a veces menos dramáticas, es el trabajo real de
los empleados públicos el que permite a este país funcionar, pura y llanamente.
Distintos ejércitos, de maestros, de petroleros, de policías, de electricistas
y desde luego de soldados, por mencionar sólo los más grandes, realizan tareas
fundamentales sobre las cuáles descansa la vida diaria del país.
Esto no significa de ninguna manera
que dentro del servicio público no haya actos de corrupción y delitos, como se
denuncia ampliamente desde siempre, pero si quiere decir que hay que distinguir
entre éstos y los muy diversos servicios que sólo el Estado puede proporcionar
y de hecho proporciona. Los empleados que forman parte de estas tareas, por lo
tanto, tendrán que cobrar precisamente por su trabajo, exactamente de la misma
manera que lo hacen los que laboran para el sector privado. No hay razón para
pretender que los salarios de los empleados públicos sean menores que los
otros. La población no les está regalando su dinero, les está pagando lo que
corresponde por él, y con frecuencia, menos. Esto se hace evidente cuando un
trabajo se cobra mucho mejor en la iniciativa privada que en el gobierno. Las
empresas, por su propia naturaleza, no pagan nada por encima de su precio de
mercado. El gobierno por el contrario, e indebidamente, suele pagar por debajo
de éste, en particular los trabajos más especializados.
