Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
Ha empezado a correr un rumor que va tomando cuerpo,
incluso en la Ciudad de México: Vivimos los últimos días de Layda Sansores como
gobernadora de Campeche.
El comentario era generalizado y no habían aún los
vídeos hechos públicos en el noticiero En Punto, de Enrique Acevedo, que
confirman la traición de Carlos Miguel Aysa González y como compró su embajada
en Costa Rica: entregando pacas de dinero a Raúl Pozos Lanz, a Armando Toledo
Jamit y a Rocío Abreu Artiñano, hoy todos parte del gobierno de Morena en
Campeche y el Senado.
Pozos llegó al senado igual que Rocío Abreu:
postulados por el PRI, pero dejaron al partido que los llevó de candidatos para
sumarse a Morena y en sendos vídeos se ve a ambos personajes recibiendo fajos
de billetes en efectivo que habrían sido usados para la campaña de Layda
Sansores San Román.
Pozos, Abreu y Toledo Jamit fueron priistas que
trabajaron para el PRI y su gobierno en Campeche mientras Alejandro Moreno
Cárdenas, hoy presidente nacional del tricolor, fue gobernador.
Pozos terminó su gestión en el senado y renunció a su
militancia de 28 años en el PRI; Abreú es el más claro ejemplo de Layda: ha
militado en todos los partidos que la han postulado pero termina cambiado
cuando otro les ofrece un cargo más redituable. Toledo fue el secretario de
Desarrollo Rural en el gobierno de Moreno. Hoy los tres son parte de Morena y
colaboran en el gobierno de Sansores.
Según lo que dicen quienes saben, la conductora del
Martes del Jaguar tendría que dejar su encargo no sólo por los diferentes
dislates y conflictos legales que enfrenta en lo personal y que podrían
terminar por expulsarla del cargo que hoy ostenta, y para evitar el castigo se
iría de coordinadora de la campaña de Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, el escándalo que significa para ella la
filtración de los vídeos donde se ve a sus operadores políticos electorales en
plena campaña recibiendo dinero del ex gobernador Aysa configuraría otro delito
más a la larga lista que ha cometido en el escaso años que ha sido gobernadora
de Campeche, lo que refuerza la idea de su pronta salida del Ejecutivo local.
La llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia
de la Suprema Corte de Justicia cambió radicalmente la posición legal de la
gobernadora porque, de alguna manera, Jazmín Esquivel Mossa, de haber sido
electa para el cargo, tendría que protegerla y evitaría que las acciones
legales en su contra procedieran a pesar de las determinaciones judiciales por
las escuchas ilegales, la violación a la orden de un juez que la forzaba a
disculparse con las diputadas federales del PRI con quienes practicó Violencia
Política en Razón de Género al decir que llegaron al cargo vendiendo sus
cuerpos, espionaje y otras violaciones a la ley.
Las agresiones en el Martes del Jaguar de Layda
Sansores ahora sí podrían tener consecuencias porque el presidente de la Junta
de Coordinación Política, Ricardo Monreal, también la denunció en la Fiscalía
el 28 de octubre -el 3 de noviembre quedó en firme el expediente 1819/2022-
donde la acusa de filtraciones de pláticas personales y privadas, espionaje y
violaciones a la Constitución. Las mismas acusaciones las formuló Alejandro
Moreno y las legisladoras en julio del año pasado.
Hoy Layda está en el banquillo de los acusados y para
ello se usó lo mismo que ella utilizó con sus adversarios, con una pequeña
diferencia: ella lo hizo interesadamente para beneficiar a sus correligionarios
y la exposición en el noticiero la expone cometiendo delitos electorales de sus
operadores, aunque ella se deslinde de ellos.
Mientras Moreno y Monreal se ampararon al igual de las
legisladoras federales del PRI, un juez de Distrito admitió las quejas y la
instruyó para abstenerse de continuar difundiendo grabaciones de los que ella
considera adversarios de la 4T. También le exigieron eliminar sus referencias y
alusiones en redes sociales y llegó al extremo de que su programa lo realizó en
un sitio distinto a su oficina, alegando que al trasladarlo a otra sede no
usaba recursos públicos aunque el programa se transmita por el canal oficial
del gobierno campechano.
A Monreal lo acusa de haber metido las manos en los
comicios de 2021 lo que habría llevado a Morena perder la mitad de las
alcaldías capitalinas. Hoy la acusada de meter dinero del gobierno priista a su
elección es ella.
La cadena de denuncias -no ha cumplido 9 suspensiones
definitivas- está integrada también por Jesús Zambrano también por espionaje.
Las quejas contra la gobernadora se sumarían a las que presentó Lía Limón,
quien la sustituyó en la alcaldía de Álvaro Obregón, por desvíos de $200
millones, obras no terminadas, corrupción y una serie de irregularidades
encontradas luego del proceso de entrega recepción.
Así, los proceso contra la señora Sansores seguirán su
curso legal cuando no se concretó el ascenso de Esquivel, y la ministra Piña
pugna por devolverle a la Corte su calidad de poder independiente, luego de que
el ministro Saldivar, su antecesor fuera visto como demasiado solícito a las
peticiones del presidente y de su partido. Además, por si todo eso fuera poco,
hoy la exhibida podría -seguramente lo hará- provocar otra serie de denuncias
en su contra mientras su triunfo queda claro que tuvo la ayuda de un traidor a
su partido y a su antecesor y ratifica lo que siempre alegó la alianza que
encabezó Christian Castro Bello: les hicieron trampa desde el poder local.
La presencia de Layda Sansores y sus diferentes
adversarios ha abierto un nuevo frente en contra de su aliada Sheinbaum, quien
ella misma admite que se puede caer en cualquier momento ante los dislates y
deficiencias exhibidos en el metro y otras responsabilidades en el cargo de
jefa de gobierno capitalina, como admite en las revelaciones del semanario
Proceso.
Si Layda quiere evitar el desafuero de la gubernatura
por las violaciones a resoluciones judiciales, por usar dinero ilegal para
ganar la gubernatura, debería de solicitar la separación del cargo aunque eso
no evitaría que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal considerara no
permitirle ser candidata a una diputación federal o al senado, con lo que se
quedaría expuesta y sin fuero.
Los delitos cometidos por Layda en el ejercicio de su
administración han sido no sólo harto divulgados sino censurados por militantes
hasta de su partido quienes ya la consideran un daño mayor para el prestigio de
la 4T, si es que podría tener alguno. Y eso era antes de los vídeos de Pozos,
Abreu y Toledo.
Las descortesías a la Corte y a su presidenta no sólo
quedaron de manifiesto en la ceremonia de Querétaro por el aniversario de la
promulgación de la Constitución, sino también dejó claro que la nueva
presidenta está muy consciente y segura de que la independencia del poder
judicial no sólo es necesaria sino obligatoria para el equilibrio de poderes.
Hoy, las autoridades judiciales tendrán nuevos
expedientes contra Sansores y, seguro, las exigencias de juicio político y de
nulidad electoral -aunque tardías- no se dejarán pasar. Hoy el camino para
dejar la gubernatura se está empedrando apresuradamente a golpes de escándalos,
como a Layda le gusta. Lástima que en su defensa no haya resultados que exhibir
y sus ausencias justifiquen lo que los campechanos ya no quieren vivir: pobreza
e inseguridad, todo gracias a un gobierno sin proyecto que sólo llegó para
usufructuar el presupuesto para beneficio de unos cuantos. El tiempo dirá…
