Estos últimos días han sido esperanzadores para las políticas de transparencia, desde el punto de vista municipalista y nacional.
Por una parte, en Mérida se instaló el primer Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, que por primera vez tendrá la injerencia total de la ciudadanía en la toma de decisiones para el correcto uso del dinero público. En palabras del alcalde Renán Barrera: “es ciudadanizar el trabajo operativo del ayuntamiento, contribuir a la transparencia y al gobierno abierto, aparte de que se fortalece la confianza ciudadana”. Éste órgano colegiado estará compuesto por ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil que tendrán la guía de expertos y funcionarios municipales para el análisis de las políticas públicas y construir un presupuesto participativo. Estas decisiones se tomarán en diferentes temas que demande la ciudadanía. Es decir, cumplir la premisa tanta sociedad como sea posible, y solo el gobierno que sea necesario.
Una ciudad que crece a pasos agigantados, debe estar a la vanguardia para tomar las mejores decisiones de la mano con sus conciudadanos con políticas transversales en todos sus proyectos.
Por otra parte, luego de 145 días de incertidumbre, en donde lo político pesaba más que lo jurídico arriesgando el Estado de Derecho, con una lápida de más de 8 mil recursos por resolver, por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) sesione válidamente con las cuatro personas comisionadas que lo integran actualmente, ya que según la reglamentación, se necesitarían 5 de los 7 Comisionadas y Comisionados de dicho Instituto para poder tener quórum legal y validez en todos los actos que realicen, pero como bien se recordará, en Senado no ha nombrado a las personas que deberán ocupar esos cargos.
El fundamento de la Corte fue simple, con un trasfondo legalista, declarando la inviabilidad de paralizar el funcionamiento del organismo constitucional y autónomo, garante de los derechos de acceso a la información y protección datos personales, por una cuestión relacionada con la falta de designación oportuna por parte del Poder Legislativo. Es decir, se ponderó entre la protección y respeto al derecho humano de saber y proteger los datos de las personas, y el mecanismo de designación de los integrantes del INAI por parte de un Poder. Decisión a todas luces proteccionista y garante de los derechos fundamentales de las y los mexicanos.
Con lo anterior, el INAI retoma sus actividades y tendrá que revertir el rezago laboral a la brevedad, y continuar siendo un contrapeso legítimo y constitucionalmente válido. La sociedad de la mano del derecho y por encima de lo jurídico.
Los dos casos señalados, sin duda, dan luz a una sociedad que ya no quiere más opacidad de sus gobiernos, y, por el contrario, desea y anhela ser parte de la toma de decisiones de sus autoridades. Solo así se construye un verdadero Estado de Derecho y se fortalece la confianza ciudadana.
