Los vecinos representados por Rolando Cañas y Octavio Martínez Camacho, esperan
sentar precedente jurídico, al ser la primera ocasión en que un grupo de
vecinos demanda a 10 autoridades ante un juez federal por la protección de los
derechos humanos y éste encontró elementos suficientes para aceptar la demanda
de amparo, dándoles confianza en que la resolución judicial será favorable
incluso para demoler la obra que ya va en un 90% de avance.
Los quejosos explicaron que el predio histórico conocido como la Antigua
Clínica Psiquiátrica San Rafael, fue vendido en 2012 y en 2015 se inició la
construcción de un inmueble con una superficie de 101,378.04m2 y 1,580 cajones
de estacionamiento en un sótano, por la empresa Grupo México Retail Properties
(MRP), de la que es presidente, Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex
presidente Carlos Salinas de Gortari.
La autorización la dio el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (Seduvi), Simón Neumann, quien toleró un edificio de 7 niveles. Y a
partir de allí se vino una serie de irregularidades y autorizaciones ilegales
por parte de diversas autoridades del Gobierno de la hoy Ciudad de México y de
la Delegación Tlalpan, cuyos titulares son Miguel Ángel Mancera y Claudia
Scheinbaum.
El predio ubicado en la Avenida Insurgentes Sur, en el cuadrante que completan
las calles Arenal, Cuautla y Santa Úrsula, “fue una donación a la orden de Los
Monjes Juaninos para construir el Hospital San Rafael; esta donación tenía como
fin generar beneficios a la comunidad. Sin embargo, al iniciar la construcción
de manera ilegal, desde la SEDUVI se estuvo presionando a otras dependencias
para que se aceleraran los trámites y autorizaran la construcción de la obra,
sin haber consultado a los habitantes y violando las leyes que garantizaban la
protección de este espacio”, dijo el portavoz de los vecinos Javier Méndez
Guzmán.
El gobierno de la Ciudad de México, a través de todas dependencias públicas
como SEDUVI, SEDEMA, SEMOVI, SACMEX y el Espacio Público, entre otras, violó
acuerdos internacionales que lo obligaban a consultar a los pueblos originarios
sobre la edificación de cualquier obra de grandes dimensiones en su territorio,
expresaron los afectados, ya que existen más de 20 colonias que van a ser
afectadas en su movilidad.
Pero, además, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT),
a cargo de Miguel Ángel Cancino, reconoció en 2013 que la obra traería serias
complicaciones viales, por el impacto ambiental que generaría y en 2015
solicitaron al Instituto de Ingeniería de la UNAM un estudio de tráfico
vehicular, el cual recomienda que la Secretaría de Movilidad emita una opinión
técnica desfavorable al proyecto de la empresa MRP.
Asimismo, los vecinos lograron obtener un documento de la Dirección de
Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA), en abril de 2016, donde responde que no cuenta
con solicitud alguna para la demolición de ese bien inmueble.
A pesar de todo esto, en julio de 2015, el delegado interino en Tlalpan, Héctor
Hugo Hernández otorgó una autorización de construcción Tipo C y SEDUVI autorizó
la segunda demolición parcial del predio, lo que sólo dejó la fachada del
inmueble y dio paso a la destrucción de toda la capilla.
“Los pueblos originarios contamos con los documentos y títulos primordiales del
siglo XVI, a través del códice de San Agustín de las Cuevas fechado entre 1532
y 1537, donde se reconoce la historia de Tlalpan y se les nombra defensores de
ese territorio”, dijo Margarita Guevara, actora en el Juicio de Amparo.
Finalmente exigen al gobierno de la Ciudad de México y a sus distintas
dependencias “que dejen de defender privilegios económicos de unos cuántos y
protejan el patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestros pueblos”,
solicitando que se suspenda y cancele la obra.
Añadieron que confían “en los criterios de protección a los derechos humanos
que están obligados a seguir todos los jueces y en este caso la participación
de un juez federal nos da confianza de que sea sensible ante este reclamo”,
tras haber interpuesto un juicio de amparo ante el juzgado décimo sexto de
distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.
