El 5 de diciembre de 2024, trabajadores y locatarios de las plazas comerciales situadas en la entrada de la zona arqueológica de Tulum llevaron a cabo una manifestación en la carretera federal 307, en el tramo Tulum-Playa del Carmen. La protesta surgió a raíz de modificaciones en las vialidades implementadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP), que obligan a utilizar el acceso de la antigua Base Naval de la Secretaría de Marina, ahora transformada en el Parque del Jaguar.
Los manifestantes argumentan que estas modificaciones perjudican las actividades económicas y turísticas de la zona, afectando a más de mil familias que dependen de estos ingresos. Uno de los inconformes expresó: “Nos están dejando sin nada, nos están pisoteando. Sedena está haciendo su voluntad y desviando a la gente con jaladores disfrazados de policías federales”.
El bloqueo consistió en la colocación de piedras, palos y tablas para impedir el tránsito vehicular hacia el Parque del Jaguar. Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “Fuera Parque Jaguar” y “Desempleados por el Parque Jaguar”.
Según los testimonios, en una reunión previa con la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, se había acordado mantener abierto el acceso. Sin embargo, los manifestantes denuncian que este fue cerrado sin previo aviso. Un representante de los manifestantes señaló: “Esta es la segunda ocasión que las autoridades cambian la circulación en la entrada a la zona arqueológica. Aunque antes fue por cuestiones federales, ahora estamos en propiedad privada y nos siguen dejando fuera”.
Además, los trabajadores manifestaron su preocupación por el incremento en los costos para los turistas, quienes ahora deben pagar $44 adicionales, sumándose a las tarifas del INAH de $195 para extranjeros y $145 para nacionales. Indicaron que “las playas dejan de ser públicas porque ya son $61 de acceso”.
Los manifestantes solicitan que las autoridades estatales, la presidenta Claudia Sheinbaum y los organismos federales incluyan a las plazas comerciales en los planes de desarrollo. Proponen reubicar las taquillas en el centro artesanal y mantener el acceso tradicional que ha funcionado por más de 40 años. Asimismo, exigen que la CONAP y la Guardia Nacional prioricen el apoyo al empleo local en lugar de perjudicarlo.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial ni han brindado información clara a los turistas, lo que ha incrementado el descontento entre la población local. El bloqueo continuará hasta que se obtenga una respuesta concreta.
