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“Manifesto Condenatorio de los Castigos Nacionales: El Distrito Federal 1 en Yucatán”

Víctor López Martínez
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Sin duda, el proceso electoral para la elección de diputada o diputado en el Primer Distrito Federal Electoral en nuestro estado, ha sido, por su complejidad, trascendencia y protagonistas, la elección pinacular en todo el proceso comicial federal en Yucatán de 2021, arrebatando el foco de la atención a los diversos distritos de Mérida.
Derivado de las últimas dos reformas a la legislación político-electoral en nuestro país, el Instituto Nacional Electoral determinó, por acción afirmativa, 21 distritos electorales federales como “distritos indígenas”, es decir, demarcaciones, en las cuales, los partidos políticos obligatoriamente deberían de nominar, como candidatas y candidatos, a personas que pudieran acreditar efectivamente su vínculo con la comunídad indígena. Dicho nexo, de acuerdo a las disposiciones electorales vigentes, es acreditado mediante tres alternativas: probando la descendencia de la persona de los pueblos originarios, demostrando el reconocimiento por parte de la comunidad como miembro y/o acreditando en la trayectoria personal el haber apoyado, gestionado y protegido a las comunidades indígenas. En tal supuesto, se encuentra el Primer Distrito Federal de nuestro estado con cabecera en Valladolid, el más extenso territorialmente, al abarcar practicamente la mitad de Yucatán.
No omito señalar que las acciones afirmativas de imposición de cuotas son medidas positivas que refinan la democracia y fomentan la participación de grupos en desventaja para acceder a espacios de representación en el gobierno, siempre y cuando sean diseñadas, aplicadas y hechas valer de forma adecuada y en cuanto a derecho.
Este es el panorama en el que se encontró el distrito citado, para el cual, al inicio del proceso de campaña, fueron registrados como candidatos por los partidos políticos más respresentativos en esa demarcación, es decir, PRI, PAN, MORENA, y recientemente MC, cuatro ciudadanas y ciudadanos, quienes pretendieron acreditar el requisito de pertenencia a la comúnidad indígena, indispensable para poder competir en el proceso electoral y cuya idoneidad, fue confirmada en el momento oportuno por el Instituto Nacional Electoral, autoridad competente para emitir dicha aprobación.
Sin embargo, estos registros fueron impuganados oportunamente por diversas ciudadanas y ciudadanos en lo individual, personajes cuyos hálitos tenían un olor más político que ciudadano, ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral de la Federación, misma que determinó la cancelación del registro para la candidata y los candidatos del PAN, MORENA y MC, al no haber acreditado, a decir de esa autoridad jurisdiccional, el vínculo con la comunidad indigena.
Quizás, el caso mas representativo de este proceso, es el de quien fuera registrado como candidato del Partido Acción Nacional, Liborio Vidal Aguilar quien ha sido electo como representante popular en este distrito en cinco ocasiones y quien en su solicitud de registro, ofreció 17 pruebas diversas para acreditar su pertenencia y vínculo con la comunidad indígena de dicha región, entre las cuales, obraban el reconocimiento de un juez maya, siete poblaciones nativas y la certificación de más de 500 apoyos directos a las comunidades indígenas de la región. No obstante, el Tribunal Electoral, mismo que había definido en procesos anteriores los criterios para la acreditación del vínculo comunitario, mediante el cual se ejecuta esta acción afirmativa, decidió ser omiso y evaluar únicamente dos de dichas 17 pruebas, para posteriormente retirar esa candidatura, siendo claramente omiso en el procedimiento judicial elemental.
No es secreto para nadie que el Tribunal Electoral de la Federación hoy atraviesa una crisis institucional preocupante, provocada en parte por las presiones a las que ha sido sometido y a las filiaciones políticas de quienes lo ocupan, siendo así, tierra fértil para que, bajo el pretexto de la defensa de las minorías, las acciones afirmativas se utilicen para imponer agendas y ejecutar estrategias políticas que nada tienen que ver con la impartición de justicia.
Es así que, después de intervenciones ajenas a nuestro estado y completamente extrañas a los intereses comunitarios regionales, la elección para diputada o diputado en el Primer Distrito Electoral Federal, presenta hoy, por consigna, a tres candidatos sustitutos de los cuatro propuestos originalmente y es cuestión de días, para que en las urnas, la comunidad decida, finalmente, a quién reconoce como uno de ellos.

*Socio fundador de la firma Sánchez-Labrador y López Martínez S.C.
Asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
Asociado de US-Mexico Bar Association.

Víctor López Martínez
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