La Dirección de Migración de la República Dominicana aumentó este viernes los operativos de control en las calles del Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, además de otras zonas del país, en un esfuerzo por localizar y repatriar a ciudadanos haitianos indocumentados. Esta acción forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno dominicano que tiene como meta repatriar al menos a 10,000 haitianos sin documentación legal cada semana.
Los operativos de gran escala cuentan con la participación de personal militar, la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes asisten en las tareas de verificación de documentos y en los procedimientos de detención de aquellos que no cumplen con los requisitos legales para residir en el país. La Dirección General de Migración informó a CNN que “la detención de muchos extranjeros con documentos se debe a que, al verificarlos, en determinados casos están vencidos, otros son falsos. Algunos alegan tener sus documentos, pero cuando se revisan corresponden al de su país de origen”.
Algunos ciudadanos haitianos detenidos durante los operativos de este viernes sostienen que poseen documentación vigente, sin embargo, funcionarios de Migración han señalado que algunos de estos documentos son falsificados o están vencidos. Las autoridades han reiterado que su enfoque es garantizar el cumplimiento de la ley migratoria del país.
De acuerdo con datos oficiales, hasta el mediodía de este viernes, los operativos habían resultado en la detención de aproximadamente 1,100 personas. La acción ha sido percibida por miembros de la comunidad haitiana como una persecución, ya que, según declaraciones a CNN, estos operativos “propagan el temor tanto para quienes poseen sus documentos, como también para quienes se encuentran sin los requisitos exigidos para estar en el país”.
Este esfuerzo por regularizar la situación migratoria en la República Dominicana sigue en curso, en medio de críticas y preocupaciones por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad haitiana, quienes consideran que estas medidas podrían afectar a personas con residencia legal.
