Por: Uuc-kib Espadas Ancona.
López
Obrador obtuvo una mayoría absoluta de votos que hace pocos meses casi nadie
esperaba. Ningún presidente había logrado esa condición desde 1982, cuando en
las tradicionales elecciones orgánicas Miguel De La Madrid obtuvo el 74% de los
sufragios. Seis años después, el más grande fraude electoral del México
contemporáneo llevó a Carlos Salinas de Gortari a la silla presidencial; sin
embargo, no alcanzó el 50% de los votos. Para disimular el hecho, la Comisión
Electoral, presidida por Manuel Bartlett, maquilló las cifras, descontando los
votos nulos y aparentando así una votación oficial mayoritaria para el
abanderado de su partido. Pero el tabasqueño no sólo logró una votación record,
sino que impulsó la elección de legisladores de la coalición que lo postuló al
grado de obtener mayoría absoluta en dieciocho legislaturas locales y en las
dos cámaras del Congreso de la Unión. Tendrá en consecuencia condiciones y
libertades para gobernar que no tuvieron sus cuatro antecesores. La
disfuncionalidad del sistema político mexicano, sin embargo, no está resuelta.
La mayoría legislativa de la coalición
lopezobradorista obedece, en primerísimo lugar, a la popularidad atípica del
ex-presidente del PRD. Si dicha popularidad decayera en la elección de 2021, en
la que además no será candidato, nada puede garantizar que esa mayoría se
conserve. De igual forma, en elecciones presidenciales posteriores, salvo que
se aprobara la reelección, el candidato sería otra persona, que no contaría con
doce años previos de campaña presidencial, y que muy probablemente saldría de
algún espacio de gobierno, con cierto nivel de desgaste político, por lo que
difícilmente podría aspirar a una votación comparable con la de este año. Baste
como ejemplo que la mayoría de los gobernadores que resultaron electos el 1o.
de julio no tendrán ni mayoría legislativa ni mayoría social, y enfrentarán los
consecuentes problemas de gobernabilidad. En todo caso, no resulta conveniente
depositar la funcionalidad del gobierno en los azares de los resultados
electorales.
La mejor alternativa democrática a
este problema estructural es, en mi opinión, cambiar definitivamente el sistema
presidencial por uno parlamentario. En éstos, la cabeza del gobierno se elige
por los diputados, de forma tal que si un candidato no logra la mayoría de
ellos, se ve forzado a pactar -a cambio de puntos programáticos y posiciones de
gobierno- con otras fuerzas parlamentarias, hasta lograrla. Queda garantizada
así la coordinación entre el ejecutivo y el legislativo y, en principio, el
respaldo también de una mayoría social.
México es un país diverso y plural,
nuestro sistema político debe articular estas condiciones con la democracia y
la gobernabilidad. Urge superar el arcaico sistema vigente.
