Por Uuc-kib
Espadas Ancona
López Obrador obtuvo una mayoría absoluta de votos que
hace pocos meses casi nadie esperaba. Ningún presidente había logrado esa
condición desde 1982, cuando en las tradicionales elecciones orgánicas Miguel
De La Madrid obtuvo el 74% de los sufragios. Seis años después, el más grande
fraude electoral del México contemporáneo llevó a Carlos Salinas de Gortari a
la silla presidencial; sin embargo, no alcanzó el 50% de los votos. Para
disimular el hecho, la Comisión Electoral, presidida por Manuel Bartlett,
maquilló las cifras, descontando los votos nulos y aparentando así una votación
oficial mayoritaria para el abanderado de su partido. Pero el tabasqueño no
sólo logró una votación record, sino que impulsó la elección de legisladores de
la coalición que lo postuló al grado de obtener mayoría absoluta en dieciocho
legislaturas locales y en las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Tendrá en consecuencia condiciones y libertades para
gobernar que no tuvieron sus cuatro antecesores. La disfuncionalidad del
sistema político mexicano, sin embargo, no está resuelta.
La mayoría legislativa de la coalición
lopezobradorista obedece, en primerísimo lugar, a la popularidad atípica del
ex-presidente del PRD. Si dicha popularidad decayera en la elección de 2021, en
la que además no será candidato, nada puede garantizar que esa mayoría se
conserve. De igual forma, en elecciones presidenciales posteriores, salvo que
se aprobara la reelección, el candidato sería otra persona, que no contaría con
doce años previos de campaña presidencial, y que muy probablemente saldría de
algún espacio de gobierno, con cierto nivel de desgaste político, por lo que
difícilmente podría aspirar a una votación comparable con la de este año. Baste
como ejemplo que la mayoría de los gobernadores que resultaron electos el 1o.
de julio no tendrán ni mayoría legislativa ni mayoría social, y enfrentarán los
consecuentes problemas de gobernabilidad. En todo caso, no resulta conveniente
depositar la funcionalidad del gobierno en los azares de los resultados
electorales.
La mejor alternativa democrática a este problema
estructural es, en mi opinión, cambiar definitivamente el sistema presidencial
por uno parlamentario. En éstos, la cabeza del gobierno se elige por los
diputados, de forma tal que si un candidato no logra la mayoría de ellos, se ve
forzado a pactar -a cambio de puntos programáticos y posiciones de gobierno-
con otras fuerzas parlamentarias, hasta lograrla. Queda garantizada así la
coordinación entre el ejecutivo y el legislativo y, en principio, el respaldo
también de una mayoría social
México es un país diverso y plural, nuestro sistema
político debe articular estas condiciones con la democracia y la
gobernabilidad. Urge superar el arcaico sistema vigente.
