El Cabildo de Mérida aprobó una reforma al Reglamento de la Administración Pública Municipal que impide a personas deudoras de pensión alimenticia, agresoras sexuales o que hayan cometido violencia familiar ocupar cargos de elección popular o empleos en la administración pública del municipio.
La presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, destacó que esta medida refleja la lucha de muchas mujeres y busca garantizar que ningún deudor alimentario o violentador de mujeres sea servidor público en Mérida. La síndica municipal, María Cristina Castillo Espinosa, señaló que esta reforma marca un parteaguas en la lucha feminista por la justicia y la igualdad de derechos, enfatizando que quienes deseen servir en la administración municipal deben demostrar integridad tanto en su vida personal como profesional.
Además, la alcaldesa presentó una iniciativa ante el Cabildo para reformar la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, con el objetivo de que la Ley 3 de 3 contra la violencia también aplique en los otros 105 municipios del estado. Esta propuesta busca establecer una política de cero tolerancia a la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en toda la entidad.
La regidora Gabriela Santinelli Recio resaltó que, aunque la armonización reglamentaria pueda parecer simple, la inclusión de esta medida significa un gran avance para garantizar que ningún violentador ocupe posiciones de poder en el municipio de Mérida, que actualmente es liderado por mujeres.
Con esta reforma, Mérida se posiciona como un municipio comprometido con la protección de los derechos de las mujeres y la promoción de una administración pública libre de violencia y discriminación.
