México ha aprobado un paquete de aranceles que impondrá gravámenes de entre 5 % y 50 % a más de 1 400 productos importados de países asiáticos, principalmente China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, que no cuentan con un tratado de libre comercio con México. La medida forma parte de una iniciativa del Gobierno para proteger la producción nacional y generar ingresos fiscales adicionales ante el escenario económico internacional complejo que enfrentan México y sus socios comerciales.
El Senado de la República avaló la iniciativa con 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, tras su aprobación en la Cámara de Diputados, y los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir de enero de 2026. La legislación abarca una amplia gama de productos que incluyen automóviles, autopartes, textiles, calzado, plásticos, acero y electrodomésticos.
El Ejecutivo argumenta que estas medidas buscan fortalecer la producción local, proteger empleos y corregir desequilibrios en las cadenas productivas nacionales, así como generar ingresos adicionales para las finanzas públicas. Algunos legisladores oficialistas sostienen que “estas acciones no son únicamente una herramienta recaudatoria, sino un medio para guiar la política económica y comercial en beneficio del bienestar general” del país.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas por parte de diversos sectores empresariales y representantes internacionales. Analistas y críticos señalan que el aumento de tarifas podría elevar los costos de producción, interrumpir las cadenas de suministro y provocar un incremento en los precios para los consumidores. Además, se considera que estas medidas podrían tensar aún más las relaciones comerciales con los países afectados, principalmente China, que ha expresado su preocupación y planea analizar el impacto de los nuevos aranceles en sus intereses comerciales.
Expertos también han señalado que la aprobación de estos aranceles se da en un contexto de presiones comerciales y estratégicas más amplias, donde México busca ajustar su política comercial en relación con Estados Unidos y otros socios, especialmente ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA / TMEC).
La entrada en vigor de los nuevos gravámenes a partir de 2026 marcará un cambio significativo en la política comercial mexicana y podría tener repercusiones en las dinámicas de importación-exportación, además de influir en las negociaciones y relaciones de México con socios clave de Asia y América del Norte.
