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México implementa nuevas medidas y busca colaboración de la ONU para enfrentar desapariciones

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México atraviesa una profunda crisis de desapariciones forzadas, con más de 100,000 personas desaparecidas en todo el país. Esta situación ha llevado a expertos en derechos humanos a instar al Estado mexicano a buscar apoyo internacional para abordar eficazmente esta problemática.​

Juan Carlos Gutiérrez, director jurídico de Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. (IDHEAS), sugirió que México debería solicitar la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Corte Penal Internacional (CPI) para enfrentar la crisis de desapariciones. Gutiérrez destacó la importancia de fortalecer las capacidades nacionales con el respaldo de organismos internacionales especializados en la materia.​

Además, recientes iniciativas del gobierno mexicano buscan mejorar los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Entre ellas, destaca la implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía y huellas dactilares, así como la creación de una Plataforma Única de Identidad y una base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas. Estas medidas pretenden facilitar la identificación precisa y rápida de individuos, agilizando las investigaciones relacionadas con desapariciones.

La gravedad de la situación también ha llevado a que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma investigaciones relevantes, como el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para actividades delictivas. Tras semanas de conflictos jurisdiccionales con la fiscalía estatal, la FGR tomó control de la investigación, reflejando la complejidad y los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia.

La colaboración con organismos internacionales y la adopción de nuevas estrategias nacionales son pasos fundamentales para enfrentar la crisis de desapariciones en México. La comunidad internacional observa con atención las acciones que el país implementará para garantizar justicia y verdad a las miles de familias afectadas.​

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