Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército mexicano confiscó un total de 28.159 armas de fuego ilegales entre 2018 y 2024, según datos obtenidos por EFE a través de solicitudes de transparencia. Sin embargo, estas incautaciones, aunque significativas, son solo una fracción de las aproximadamente 200.000 armas que ingresan ilegalmente a México cada año, muchas de ellas desde Estados Unidos, un país con un mercado de armas mucho más permisivo.
El investigador Carlos Pérez Ricart destacó que cada día alrededor de 600 armas cruzan la frontera de manera ilegal, alimentando una dinámica de violencia que afecta a todo el país. “La brecha entre lo legal y lo ilegal, entre un mercado de armas libre como el de Estados Unidos y uno muy restrictivo como el de México, es lo que alimenta esta crisis”, explicó Pérez Ricart en una entrevista con EFE.
El informe muestra que el Ejército mexicano ha mantenido un promedio anual de entre 3.000 y 6.000 armas aseguradas, incluyendo desde fusiles de asalto y subametralladoras hasta lanzacohetes y lanzagranadas, en operaciones contra los cárteles de la droga. A pesar de estos esfuerzos, las incautaciones parecen insuficientes frente a la magnitud del tráfico de armas y la violencia generada por el narcotráfico.
Durante los seis años de la administración de López Obrador, la violencia en México ha alcanzado niveles alarmantes. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), casi 160.000 homicidios fueron registrados durante este periodo, con algunas estimaciones que superan los 190.000 en base a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta violencia está estrechamente relacionada con las armas que siguen ingresando al país, muchas de ellas en manos de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros.
La incautación de armas ha sido particularmente relevante en estados de alta violencia como Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Baja California, Guerrero, Jalisco y Guanajuato, entre otros. De las 28.159 armas aseguradas, la mayor parte fueron fusiles (16.551), pero también se incluyeron pistolas, revólveres, ametralladoras y hasta lanzagranadas y lanzacohetes. Sin embargo, estas cifras no alcanzan a frenar la constante llegada de armamento desde el norte.
El informe revela que 2 millones de armas han ingresado a México en la última década, y las autoridades mexicanas señalan que estas cifras, obtenidas del Departamento de Estado de EE.UU., son conservadoras. La gran mayoría de estas armas son utilizadas por los cárteles para expandir su poderío territorial y diversificar sus actividades criminales.
Pérez Ricart, experto en el comercio de armas y criminología, señala que las armas no solo son fundamentales para las operaciones de los cárteles, sino que también han sido la clave para su expansión y diversificación de delitos. “Las armas han permitido a las organizaciones criminales diversificar su portafolio de actividades, desde narcotráfico hasta secuestros, extorsiones y más”, afirmó.
El especialista también subrayó un dato alarmante: el 70% de los homicidios en México ahora se cometen con armas de fuego, en comparación con solo una tercera parte hace dos décadas. Este fenómeno refleja la creciente disponibilidad de armas y la capacidad de los grupos criminales para utilizarlas, lo que exacerba la violencia en el país.
A pesar de las incautaciones y las inversiones en seguridad, México sigue enfrentando el desafío de detener el flujo de armas hacia su territorio. Las redes de tráfico de armas son altamente eficientes, y muchos de los traficantes operan en las zonas fronterizas, donde la cooperación entre criminales y la falta de control en algunas áreas hace difícil frenar el contrabando.
“Este es el problema más grande que tiene el país para detener las dinámicas de violencia”, concluyó Pérez Ricart. La situación evidencia la necesidad urgente de un control más estricto sobre las armas, tanto en México como en Estados Unidos, donde el acceso libre a armamento sigue siendo un problema crítico en la lucha contra el crimen organizado en la región.
Las cifras de armas incautadas, aunque alentadoras, son solo una parte de la ecuación. El verdadero desafío radica en atacar el origen de la violencia: el tráfico ilegal de armas que alimenta las organizaciones criminales y perpetúa la espiral de violencia que asola al país.
