En octubre de 2024, el Senado de México recibió una reforma constitucional clave que busca revertir parcialmente la liberalización del sector energético impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013. Esta reforma pretende devolver el control estatal a las principales empresas energéticas del país: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Según el proyecto, ambas compañías recuperarán su estatus de “empresas públicas”, eliminando la categoría de “empresas productivas del Estado” bajo la cual competían con el sector privado.
Uno de los cambios más relevantes es que se permitirá que la CFE genere más del 50% de la electricidad sin que esto se considere monopolio, lo que ha sido destacado por la presidenta Claudia Sheinbaum como un paso hacia la “soberanía energética” de México. La mandataria subrayó que este cambio no pretende excluir la participación privada, que continuará siendo parte del mercado eléctrico mexicano, pero bajo nuevas condiciones que priorizan el rol de la CFE en la generación de energía
Por otro lado, esta reforma también modifica la responsabilidad del Estado mexicano en la transición hacia energías renovables. Aunque el Estado conservará el control de este proceso, la reforma elimina una disposición que le otorgaba la obligación exclusiva de llevar a cabo esta transición, permitiendo así que las empresas privadas participen, aunque con menos protagonismo. Esto ha generado críticas, particularmente de la oposición, quienes argumentan que la medida podría comprometer los compromisos internacionales de México en materia de energías limpias, como el Acuerdo de París
El debate en el Senado promete ser intenso, dado que el oficialismo cuenta con una mayoría que podría asegurar la aprobación de la reforma sin necesidad de negociar con la oposición. Sin embargo, las implicaciones de esta modificación constitucional en el panorama energético mexicano seguirán siendo objeto de análisis tanto a nivel nacional como internacional.
