El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum informó que el número de personas desaparecidas en México ha superado las 130 mil en las últimas dos décadas, de acuerdo con cifras actualizadas del registro nacional. Las autoridades detallaron que estos casos han sido clasificados en tres categorías con el objetivo de mejorar su atención, localización y seguimiento institucional.
Según la información oficial, la primera categoría corresponde a personas desaparecidas cuya localización aún es desconocida y cuyos casos continúan activos en procesos de búsqueda. La segunda incluye a personas localizadas con vida, lo que refleja avances en las labores de rastreo realizadas por las autoridades. La tercera categoría agrupa a aquellas personas que han sido encontradas sin vida, lo que evidencia la dimensión del problema y sus consecuencias en el país.
El gobierno federal señaló que esta clasificación busca “ordenar y depurar la información disponible” para contar con datos más precisos y facilitar las estrategias de búsqueda. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender la problemática.
El informe también pone de manifiesto que el fenómeno de desapariciones en México ha tenido un incremento sostenido en los últimos años, lo que ha generado preocupación entre colectivos de búsqueda y organizaciones civiles. Estas agrupaciones han insistido en la necesidad de que las autoridades mantengan transparencia en los datos y refuercen las acciones de localización.
Por su parte, familiares de personas desaparecidas han reiterado que la clasificación de los casos debe ir acompañada de resultados concretos en las investigaciones. Diversos colectivos han señalado en múltiples ocasiones que “no se trata solo de cifras, sino de personas que siguen sin regresar a casa”, enfatizando la urgencia de avances reales en la resolución de los casos.
El gobierno aseguró que continuará trabajando en la actualización permanente del registro y en el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la búsqueda de personas, en un contexto donde la magnitud del problema representa uno de los principales retos en materia de derechos humanos en el país.
