Entre enero de 2016 y marzo de 2025, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) adjudicó contratos por 544.5 millones de pesos a Estrategia Estructural S.A. de C.V., una empresa vinculada con la familia del actual secretario general del sindicato, Ricardo Aldana Prieto.
Estrategia Estructural tiene como apoderada legal a Perla Olivia Rentería López, quien también figura como apoderada de Inmodesarrollos JR S.A. de C.V., empresa constituida en 2015 por los padres del líder sindical. En septiembre de 2024, el apoderado de Inmodesarrollos JR fue cambiado a Ricardo Aldana Patrón, hijo del dirigente.
A lo largo de estos años, Estrategia Estructural recibió contratos para una serie de obras: desde la construcción de un parque en un conjunto habitacional en Veracruz en 2017, hasta la edificación de instalaciones deportivas, salones, un centro de capacitación en Tabasco, y la remodelación de un hotel usado por los sindicalizados.
El financiamiento provenía de fondos destinados originalmente a cláusulas del contrato colectivo con Petróleos Mexicanos (Pemex) —cláusulas 251 y 251 BIS— que entre 2005 y 2018 transfirieron al sindicato miles de millones de pesos. Aunque oficialmente esos recursos ya no se destinaban al sindicato desde que comenzó la actual administración federal, los gastos siguieron apareciendo como si provinieran de ejercicios anteriores.
La operación ha sido duramente criticada por sectores disidentes dentro del gremio: según un representante del Frente Nacional Petrolero, “si una obra que es para los trabajadores le salió en 20 millones, ellos lo inflan a 40 millones. Y si tienen familiares con constructoras, pues de ahí se agarran”. A su juicio, muchas adjudicaciones no han sido aprobadas por asambleas, lo que constituye una violación a los estatutos del sindicato.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la transparencia (o su ausencia) en el manejo de fondos sindicales cuando el beneficiario de contratos es una empresa vinculada directamente con los dirigentes del gremio. Más aún, si a ello se suma el control de poderes legales por parte de familiares —lo que podría implicar conflictos de interés— la opacidad en la rendición de cuentas se convierte en un agravio no sólo al patrimonio de los trabajadores, sino también al interés público.
Que un sindicato —organización creada para defender los derechos de sus agremiados— actúe simultáneamente como contratista, adjudicatario y beneficiario de recursos sindicales, debiera prender alarmas de vigilancia, escrutinio social, y rendición de cuentas.
