Desde Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones ha permitido avanzar en la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para migrantes originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal, dejando a miles de personas en riesgo de deportación tras años de residir legalmente en ese país.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió una sentencia previa que impedía al Gobierno de Estados Unidos terminar con el TPS para estas tres nacionalidades y autorizó que la eliminación de esa protección entre en vigor. Según estimaciones de grupos defensores, la medida afecta a más de 60 000 beneficiarios, quienes “ya no cuentan con las protecciones contra la deportación y los beneficios de empleo que otorga un TPS”.
El Estatus de Protección Temporal fue creado como una medida humanitaria para permitir que ciudadanos de países afectados por desastres naturales, conflictos o condiciones peligrosas vivieran y trabajaran legalmente en Estados Unidos sin riesgo de deportación mientras sus naciones atravesaban emergencias.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, grupo que representa legalmente a muchos de los afectados, alertó que la decisión “pone en riesgo inmediato de deportación a miles de personas que han cumplido con todo lo que se les ha pedido”. Palma enfatizó en un comunicado que algunas de estas personas han vivido en EE. UU. durante décadas y forman parte activa de sus comunidades.
La Alianza también destacó casos concretos, como el de Jhony Silva, un inmigrante hondureño que llegó al país siendo niño y actualmente trabaja como asistente de enfermería en California. Según la demanda, “sin el TPS, Jhony perdería su trabajo, su única fuente de ingresos. Ya no podría mantener a su hijo, y tanto él como su hijo perderían su seguro médico”.
Organizaciones defensoras de migrantes han criticado la medida judicial. Jessica Bansal, abogada de la National Day Laborer Organizing Network, dijo que la decisión “permite que madres, padres, estudiantes y trabajadores que han vivido legalmente en este país por décadas sean despojados de su estatus sin siquiera reconocer la devastación que esto causa a sus familias ni las contribuciones que han hecho a sus comunidades”.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos celebró el fallo, argumentando que el TPS “nunca fue diseñado para ser permanente” y que administraciones anteriores lo usaron “como un programa de amnistía de facto durante décadas”. Sin embargo, la Cancillería de Honduras lamentó la decisión y advirtió que la batalla legal podría llegar hasta la Corte Suprema estadounidense.
Mientras continúa el proceso judicial, miles de familias de Honduras, Nicaragua y Nepal enfrentan ahora un futuro incierto, sin la certeza de permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos después de años bajo el amparo del TPS.
