Por María Amparo Casar
Faltan casi tres años de gobierno con el mismo Presidente, el mismo equipo gobernante, la misma oposición y los mismos legisladores, pero pareciera que ya estamos en época de elecciones generales. Ya no se gobierna para el 2016, sino para el 2018. Bien haríamos, pues, en exigir una tregua electoral, no sólo porque quedan más meses de gobierno que meses para la elección, sino porque el riesgo de desafección con la democracia está a la orden del día.
La mentalidad, disposición, actitud y comportamiento de los políticos está en modo elecciones o en eso que llama la ciencia política “campaña permanente”. Puede discutirse si esta mentalidad es consustancial o no a la democracia, pero cuando la política se reduce a la campaña permanente, la democracia está en problemas. Esto es particularmente cierto en un país como México, en el que las instituciones son débiles, el clientelismo está muy arraigado y la corrupción es un modus operandi de la política.
El problema del modo elecciones a expensas del modo gobierno es que el primero polariza y paraliza y el segundo suma y activa. En el primero, los partidos y las élites o dirigentes que los dominan se ocupan de la descalificación permanente del adversario y en promesas para el futuro. O, peor aún, en satisfacer algunos deseos inmediatos de la población, sin atender las causas que los producen: la política clientelar que busca ganar votos. En el modo gobierno lo que se busca es armar compromisos y políticas para mejorar en cantidad y calidad los bienes y servicios que la población requiere y hacerlo de manera perdurable y sostenible.
El Pacto por México y las reformas que se hicieron a su amparo han sido quizá el mejor ejemplo del modo gobierno: puso entre paréntesis las naturales diferencias previas a la elección de 2012 y colocó por delante el compromiso entre las fuerzas políticas. El resultado fue bueno, pero pronto se desvaneció. Hoy la polarización está a la orden del día cuando muchas de las reformas aún no se traducen en políticas públicas para que rindan resultados y cuando aún falta concretar muchas otras.
Hay bases para argumentar a favor del modo gobierno, dejando por algún tiempo en suspenso el modo elecciones. Sin minimizar los problemas que acarrea la falta de crecimiento y oportunidades o la pobreza y la desigualdad, la sociedad mexicana está más descontenta y enojada con su gobierno y con sus partidos, que polarizada. Polarizada, por ejemplo, en el sentido en el que lo está la norteamericana. Insisto, sin disminuir la escisión entre ricos y pobres o entre pudientes y desposeídos, hoy en México hay una escisión, si cabe, más profunda entre ciudadanos y políticos.
Este descontento y este enojo puede ser materia para el compromiso entre los partidos y entre éstos y el gobierno. Como el descontento y el rechazo a los partidos, a las autoridades e incluso a las instituciones es generalizado, bien podrían establecer un terreno de entendimiento común para regresar al modo gobierno y posponer el modo elecciones. Un frente común entre partidos para intentar frenar su desprestigio.
Un nuevo Pacto por México que consista no tanto en la promoción y aprobación de nuevas leyes, sino en su traducción en programas de gobierno y en conductas que demuestren la voluntad de la clase política por hacer realidad las promesas de campaña de todos los partidos. Particularmente aquellas que se refieren al bienestar de la población y a poner freno a los abusos e impunidad a los que están acostumbrados. Antes de que todos los apuntados para las candidaturas de 2018, desde el sempiterno López Obrador hasta la recién destapada Ivonne Ortega, pasando por Miguel Mancera o Margarita Zavala, nos ofrezcan un México distinto, los partidos a los que ellos y ellas pertenecen podrían pasar a dar muestras de que están dispuestos, desde ahora, a poner en práctica lo que predican. Para ello no necesitan llegar a la Presidencia.
Morena podría comenzar por dejar atrás prácticas claramente clientelares como las que está proponiendo a la Sección 22 en Oaxaca ofreciendo a sus integrantes la recuperación del control del Instituto de Educación del estado y la derogación de la Reforma Educativa a cambio de votos. El PAN y el PRI podrían exhibir algún compromiso en la práctica con respecto de la corrupción y la impunidad, tomando acciones decididas frente a hechos como los moches o la chapodiputada y los casos de OHL o el gobernador de Veracruz, respectivamente. El PRD podría dar muestras de políticas urbanas consistentes, en lugar de que su más probable candidato ande promocionándose con la entrega de cunas y la venta del programa Médico en Tu Casa por los estados. De otra forma, ni forma de creerles.
NOTA BENE: Las organizaciones sociales e individuos que presentamos la popularmente llamada iniciativa ciudadana Ley 3de3 (Ley General de Responsabilidades Administrativas) para frenar la corrupción y la impunidad, pudimos hacerlo gracias a los más de 450 mil ciudadanos de todo el país que, hasta el momento, han dado su firma y su apoyo. A todos ellos nuestro agradecimiento.
Twitter: @amparocasar
