El partido Morena, con mayoría en el Congreso de la Ciudad de México, ha decidido pausar la discusión sobre la despenalización total del aborto en la capital, un tema que ha generado amplio debate y posturas encontradas entre sectores políticos, organizaciones civiles y la ciudadanía en general. A pesar de que en días recientes las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso capitalino habían aprobado un dictamen para eliminar los artículos 144, 145, 147 y 148 del Código Penal local —los cuales penalizan el aborto después de las 12 semanas de gestación—, Morena optó por frenar temporalmente el proceso legislativo para buscar consenso en el tema.
Este dictamen, aprobado en comisiones con 15 votos a favor y seis en contra, fue impulsado principalmente por diputadas de Morena y contaba con el respaldo de algunos legisladores del PRI, PT y Movimiento Ciudadano, lo cual aseguraba los votos necesarios para su aprobación por mayoría simple en el pleno del Congreso. Sin embargo, la decisión de pausar la discusión se dio después de observar la falta de unanimidad dentro de Morena y el anuncio de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaría en contra, sumándose a la oposición de otros sectores.
La bancada de Morena, en respuesta a la controversia generada, ha expresado su intención de iniciar un proceso de diálogo sobre el tema, en el que se espera lograr “consenso político y social”, según fuentes cercanas al Congreso. Legisladores de Morena señalaron que, debido a la sensibilidad del tema, consideran fundamental escuchar a todas las partes involucradas y dar cabida a un debate amplio y representativo antes de llevar la votación al pleno.
La propuesta de despenalización total del aborto en la Ciudad de México ha sido vista como un paso importante para garantizar los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres, especialmente en un contexto donde diversas entidades del país han avanzado en la legalización de la interrupción del embarazo. La Ciudad de México fue pionera en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en 2007, y la iniciativa actual busca ir más allá, eliminando cualquier tipo de penalización para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo en cualquier etapa.
Las reacciones a esta iniciativa han sido polarizadas. Por un lado, organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres han manifestado su apoyo a la propuesta, argumentando que representa un avance hacia la garantía de derechos fundamentales. Para estas organizaciones, la despenalización total del aborto es un acto de justicia social que reconoce el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo sin enfrentar sanciones legales. Además, consideran que esta medida contribuiría a reducir la desigualdad, dado que quienes no pueden acceder a servicios de aborto seguro se ven obligadas a recurrir a prácticas clandestinas, que ponen en riesgo su salud y su vida.
Por otro lado, grupos provida y sectores conservadores han expresado su rechazo a la despenalización completa, advirtiendo sobre implicaciones éticas y morales de esta decisión. En las últimas semanas, estos sectores han realizado manifestaciones frente al Congreso de la Ciudad de México, exigiendo que se mantenga la legislación actual y que se proteja lo que consideran “el derecho a la vida desde la concepción”. Argumentan que una despenalización total podría abrir la puerta a prácticas irresponsables y afectar los valores sociales de la familia.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha manifestado su apoyo a la iniciativa, subrayando la importancia de que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Para Brugada, el acceso a la interrupción del embarazo es un tema de salud pública y derechos humanos, y en sus declaraciones recientes ha respaldado la labor de las diputadas de Morena que impulsaron esta reforma, afirmando que “el Estado debe proteger y garantizar los derechos de las mujeres”.
El aplazamiento de la discusión refleja las complejidades de abordar un tema que divide opiniones, incluso dentro de la misma bancada de Morena. La pausa en el proceso legislativo ha sido interpretada como una oportunidad para profundizar el debate y evaluar los alcances y repercusiones de una reforma que podría hacer de la Ciudad de México una de las entidades más avanzadas en el país en cuanto a derechos reproductivos.
Para avanzar en el tema, se espera que en las próximas semanas se realicen mesas de diálogo y consultas públicas, donde se invitará a especialistas, organizaciones civiles, académicos y representantes de distintos sectores de la sociedad. Esta búsqueda de consenso responde a la necesidad de que el Congreso capitalino apruebe una reforma respaldada por la mayoría de los ciudadanos, evitando decisiones unilaterales en un tema tan sensible. Se anticipa que el resultado de estos encuentros ayudará a construir un marco legal que garantice el respeto y la dignidad de las mujeres, sin dejar de atender las inquietudes de aquellos que tienen reservas sobre el tema.
La posposición también pone de relieve el papel que jugará el Congreso de la Ciudad de México en los próximos meses para llegar a un acuerdo en temas clave de la agenda de derechos humanos. La despenalización total del aborto podría establecer un precedente importante en el país, y los legisladores enfrentan el reto de encontrar un equilibrio entre las demandas de un sector progresista y los valores de una sociedad diversa. La decisión final tendrá implicaciones significativas en el rumbo de los derechos reproductivos en la capital, y será un referente para otras entidades que aún se debaten sobre esta cuestión.
