Por Mario Luis Fuentes
Existe una extendida cultura de la corrupción y la impunidad que es parte de la “otra pobreza”; la que no se puede medir en términos de carencias materiales o de recursos económicos, sino la que se expresa en la renuncia y negación a vivir en civilidad, y la que apuesta por la ilegalidad y el desorden como método y destino de vida.
Estamos atrapados en una perniciosa espiral de mentalidades y actitudes que han construido una poderosa “estructura cultural” que da sustento a una práctica política, en todos los órdenes, niveles y espacios del poder, que no tiene ningún propósito superior, y por el contrario, que está cada vez más comprometida con grupos de interés privado, nacionales e internacionales.
Frente a ello, sin duda alguna, hace falta perfeccionar nuestras leyes en materia de transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos cerrar todos los resquicios legales para que la posibilidad de “hacer trampa” en el gobierno o en los cargos de representación popular esté cancelada y establecer un sistema de sanciones no sólo penales o administrativas, sino también políticas.
Lo anterior implica, sin embargo, que culturalmente la corrupción sea intolerable; y ello requiere un nuevo modelo de formación cívica dirigido a las personas de todas las edades y durante todos los ciclos de la vida.
En este contexto, si se logra la aprobación del marco jurídico requerido para que operen adecuadamente, tanto el sistema nacional de transparencia como el Sistema Nacional Anticorrupción, tendremos un avance sin duda sustantivo, pero no será suficiente si a la par no se construye una nueva pedagogía para la vida cívica, es decir, con pleno apego al cumplimiento de las leyes.
Desde esta perspectiva, no educar a la niñez y a la juventud para vivir en civilidad constituye un acto de irresponsabilidad mayor. Otras sociedades en el pasado han hecho de ese propósito uno de los objetivos más elevados del Estado. En Grecia, no lo olvidemos, la acusación que se hizo contra Sócrates fue la de ser un “corruptor de la juventud”, pues, en palabras de sus acusadores, les enseñaba cosas falsas y perniciosas para el Estado.
Hay que ser capaces de comprender qué importante debía ser la educación de sus ciudadanos, que los griegos antiguos estaban dispuestos a imponer la pena de muerte a quien, haciendo uso del espacio público, tuviera la osadía de enseñar o hacer apología de lo ilegal.
En nuestro país nos hemos situado en las antípodas de una pedagogía cívica. El video que circuló la semana pasada, y que se convirtió en trending topic bajo la etiqueta de #Lady100pesos, es una de las muestras más emblemáticas de cómo piensa la mayoría de la población. “Traigo varo, no hay pedo”, se escucha decir a la joven que provocó el accidente de tránsito.
Esa frase es equivalente a las tristemente célebres, relativas a que: “El que no transa no avanza”; “un político pobre es un pobre político”; “se vale robar, pero repartir”; y una larga lista de dichos que son mucho más que sólo palabras, pues reflejan lo que las encuestas sobre ciudadanía explican: la población cree que es justo violar la Ley, cuando consideran que esa ley es injusta o que atenta contra sus intereses.
¿Por dónde empezar? Por lo más obvio: construyendo una poderosa pedagogía cívica desde el sistema educativo nacional; construyendo, también, con el Instituto Nacional Electoral una estrategia nacional de formación ciudadana; construyendo de la mano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una ambiciosa estrategia de formación para la defensa de los derechos humanos; y con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, una audaz estrategia nacional de promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.
No podemos permitir que siga extendiéndose la cultura de la impunidad y la corrupción; porque en ese escenario, quienes ganan son los pocos que, en la cima de la pirámide, gozan de los privilegios y ventajas que les da un sistema como el que hoy se encuentra vigente.
Twitter: @ML_fuentes
