Especial / La Revista
Después de una audiencia de 12 horas, el juez ha
procesado al exprocurador Jesús Murillo Karam por desaparición forzada, tortura
y obstrucción a la justicia, en el marco de las investigaciones por el caso
Ayotzinapa. Por orden del juez, Murillo permanecerá en prisión, donde duerme
desde su detención el viernes 19 de agosto pasado. El arquitecto de la “verdad
histórica” aguardará entre rejas el juicio, salvo cambio en la medida cautelar.
Por los delitos que le acusan, el exfiscal afronta decenas de años de prisión.
Solo por desaparición forzada podrían caerle hasta 40. Murillo tiene 74 años.
En síntesis, la Fiscalía acusa a Murillo de permitir y
evitar denunciar la tortura que infringieron sus subordinados a cuatro
detenidos por el caso. La dependencia señala además que el exfiscal impuso una
línea de investigación parcialmente falsa, la llamada verdad histórica, que
impidió seguir buscando a los 43 estudiantes desaparecidos. Esto, con el
objetivo de atajar el “clamor social” que había provocado el caso. Por último,
los investigadores afirman que Murillo organizó la manipulación de una de las
presuntas escenas del crimen, el paraje del Río San Juan, donde sus secuaces
hallaron restos de uno de los 43, Alexander Mora, en condiciones muy extrañas.
De acuerdo con lo publicado por el periódico español,
El País, hasta la fecha, Murillo es el exfuncionario de mayor rango procesado
por el caso Ayotzinapa. Sus dos inmediatos subordinados en la época, acusados
como él, están en busca y captura. El entonces titular de la Agencia de
Investigación Criminal, Tomás Zerón, es uno de ellos. Mencionado hasta la
saciedad en la audiencia como brazo operador de Murillo en terreno, Zerón huyó
a Israel hace años. Caso parecido es el de Gualberto Ramírez, subordinado de
Zerón, prófugo de la justicia. Entre los tres, dice la Fiscalía, se armó un
plan para cerrar rápidamente el ataque contra los estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa.
En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre
de 2014, una red de criminales y policías atacó a un grupo de estudiantes
normalistas en Iguala, Guerrero. Los muchachos habían ido al pueblo a tomar
autobuses para desplazarse días más tarde a Ciudad de México, a conmemorar la
matanza del 2 de octubre. No está muy claro el motivo de la embestida. La actual
administración de la Fiscalía plantea que pudo ser una confusión, la creencia
de los atacantes de que los muchachos estaban infiltrados por un grupo rival.
También que en uno de los autobuses que tomaron había un cargamento de droga.
El 5 de octubre de ese año, la entonces Procuraduría
General de la República, con Murillo al frente, asumió las pesquisas por el
ataque. El país vivía una oleada de protestas como no se habían visto en años,
harto de una situación de violencia que duraba ya demasiado tiempo. Ayotzinapa
había cruzado un límite y Murillo era el encargado de apagar el incendio. En
apenas tres semanas, el exfiscal anunció a la prensa que el caso estaba por
resolverse. En una conferencia de prensa el 27 de octubre dijo que se habían
detenido a cuatro personas importantes para la investigación y planteó una
teoría del caso, la verdad histórica, como él mismo la llamaría más adelante.
Su eficacia fue su tumba. Entre octubre de 2014 y
enero siguiente, Murillo explicó que la embestida criminal acabó con los
estudiantes muertos, quemados en el basurero de un pueblo vecino de Iguala,
Cocula, sus restos arrojados al cercano río San Juan. A lo largo de los años,
sin embargo, investigaciones independientes denunciaron irregularidades en las
pesquisas, tortura de detenidos, siembra de evidencias… Con el cambio de
guardia en el Gobierno y la Fiscalia, en diciembre de 2018, y el nacimiento a
mediados de 2019 de una unidad especial para el caso en el seno de la agencia
investigadora, esas denuncias se conviertieron en investigaciones oficiales.
Las pesquisas han acabando ahora con Murillo en la cárcel.
En la sesión de este miércoles, Fiscalía y defensa han
repasado las pruebas de cargo y descargo contra el exfiscal. Lo tenía más fácil
la parte acusadora, apoyada en Santiago Aguirre, abogado de las familias de los
43 estudiantes desaparecidos, y Daniela Aguirre, representante de las víctimas
de tortura de los años de Murillo al frente de las investigaciones. En esta
etapa del proceso, la Fiscalía solo debía convencer al juez de la probabilidad
de que Murillo sea culpable, no de la certeza. Para la hora de comer, la
decisión estaba tomada, el juez aceptaba los argumentos de los fiscales. Sólo
faltaba la medida cautelar.
Entonces ha llegado la sorpresa. A última hora, los
abogados de Murillo han presentado un testigo, experto en “medidas cautelares y
análisis de riesgos procesales”, que ha presentado un informe sobre las
bondades del exfiscal. Murillo, ha dicho Cuauhtémoc Vázquez González de la
Vega, el experto, es “el brazo fuerte” de la familia, amante de sus hijos,
nietos y perros, arraigado en México, incapaz de huir.
González de le Vega ha abundado además en los
padecimientos médicos del exfuncionario, entre ellos una “deficiencia del
metabolismo neurológico” y un caso complicado de hipertensión. “Prácticamente
no sale de casa”, ha dicho. Pese a ello, el juez ha decidido mantener la
prisión preventiva después de que la Fiscalía alegara el alto riesgo de fuga,
debido, en parte, a la red de contactos que maneja un exfuncionario como
Murillo. “El testigo ilustra precisamente la red de que dispone Murillo”, ha
dicho con sorna una de las fiscales, Lidia Bustamante.
Murillo ha ido perdiendo energía con el paso de las
horas. Su postura erguida de la mañana ha cedido a pesadumbres posteriores. A
las 13.00, el exfiscal sostenía su frente con las manos, entre hastiado y
pensativo, escuchando a los abogados. A veces metía las manos en los bolsillos
de su chamarra, que nunca se ha quitado. El cubrebocas caía, primero al tabique,
luego boca y barbilla, hasta que, ya en la noche, se lo ha retirado. A última
hora se agarraba la cabeza con las dos manos. Luego ha apoyado la barbilla en
los puños y así se ha quedado.
Ha tomado la palabra en un par de ocasiones. En la
segunda, antes del receso de la comida, ha defendido su actuar y ha criticado a
todos los que en estos años han señalado irregularidades en el caso que armó la
vieja PGR, bajo su mando. El exfiscal se ha referido en concreto al Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF) y al Grupo Internacional de Expertos
Independientes (GIEI) que comisionó la CIDH a México, grupos que han analizado
el caso estos años y denunciaron, por primera vez, sus irregularidades.
“Estos grupos argentinos e interamericanos
participaron en toda la investigación. Ellos decidieron qué restos se mandarían
para analizar, dónde se mandarían…”, ha dicho el exfiscal. “Desde hace siete
años han buscado una alternativa, han inventado muchas y todas se caen. Hubo
restos encontrados, sí”, ha dicho, en referencia a fragmentos óseos de dos de
los 43 ubicados en 2020 y 2021, a casi un kilómetro del escenario central de la
verdad histórica. A continuación, Murillo ha añadido: “Pero [los encontraron]
en el camino de la barranca al basurero. Pudo hacerse mejor”, ha concluído,
“pudieron cometerse fallos, pero ninguno lo ha podido tirar”.
La detención y procesamiento de Murillo ocurre días
después de que la comisión presidencial que investiga el caso, en apoyo de la
Fiscalía, difundiera un informe que fulminaba de manera oficial la verdad
histórica. Creada por mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la
comisión, liderada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas,
tilda de montaje la versión de Murillo, Zerón y compañía y señala la participación
de autoridades civiles y militares en la desaparición, por acción u omisión. El
informe califica de “crimen de Estado” el ataque y las corruptelas posteriores
del Gobierno.
El documento ha dejado una frase que nadie quería
escuchar pero que muchos daban por probable: “No hay indicios de que los
estudiantes desaparecidos estén con vida”. Su presentación inauguró además una
catarata de novedades sobre el caso, empezando por la detención de Murillo y
siguiendo con la orden de un juez de detener a 20 mandos militares y elementos
de tropa, además de otros 63 policías locales y autoridades de Guerrero. La
trágica historia, uno de los símbolos de la violencia y la corrupción de las instituciones
mexicanas de su época reciente, inicia así un nuevo capítulo.
