El 10 de abril de 2025, Nacional Financiera (Nafin) transfirió 10,260 millones de pesos de los fideicomisos administrados para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a la Tesorería de la Federación (Tesofe), sin el consentimiento del CJF. El CJF expresó su inconformidad, señalando que la transferencia se realizó sin consulta previa ni instrucción alguna, lo que consideran una violación a los contratos fiduciarios establecidos .
Estos fondos estaban destinados a cubrir pagos extraordinarios a jueces y magistrados que se retiraran voluntariamente o no fueran electos en el nuevo sistema de elección judicial, conforme a lo establecido en los artículos transitorios de la reciente reforma al Poder Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) denunció que varios juzgadores no han recibido las indemnizaciones correspondientes, lo que consideran una reiteración en la transgresión de sus derechos fundamentales .
La transferencia de estos recursos ha generado un conflicto institucional entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, ya que se realizó a pesar de suspensiones judiciales vigentes que impedían la disposición de dichos fondos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el CJF han iniciado acciones legales para impugnar esta medida y garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales hacia los juzgadores afectados .
Este acontecimiento se enmarca en un contexto de tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, derivadas de la reforma judicial que busca modificar la estructura y funcionamiento del sistema judicial en México. La disputa sobre la administración y destino de los fideicomisos del Poder Judicial refleja las complejidades y desafíos en la implementación de cambios estructurales en las instituciones del país .
