La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con las acciones militares en Gaza desde octubre de 2023. Estas órdenes también incluyen al líder militar de Hamás, Mohammed Deif, presuntamente fallecido en un ataque aéreo israelí en julio de 2024.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, anunció en mayo de 2024 su intención de solicitar estas órdenes de detención, argumentando que existen “motivos razonables para creer” que los acusados son responsables de graves violaciones al derecho internacional humanitario. Las acusaciones contra Netanyahu y Gallant incluyen el uso de la hambruna como método de guerra y ataques intencionales contra la población civil en Gaza.
En respuesta, Netanyahu calificó la decisión de la CPI como “indignante” y una “burla de la justicia”. Por su parte, el gobierno israelí ha rechazado la jurisdicción de la CPI, argumentando que Israel no es miembro del tribunal y que las acciones militares en Gaza fueron en defensa propia contra ataques de Hamás.
La emisión de estas órdenes de arresto ha generado diversas reacciones en la comunidad internacional. Mientras algunos países y organizaciones de derechos humanos han respaldado la decisión de la CPI como un paso hacia la rendición de cuentas, otros han expresado preocupación por las implicaciones políticas y legales de estas acciones.
La efectividad de las órdenes de arresto depende en gran medida de la cooperación de los Estados miembros de la CPI, ya que el tribunal no cuenta con una fuerza policial propia para ejecutar las detenciones. Dado que Israel no reconoce la jurisdicción de la CPI, es poco probable que entregue a los acusados para su enjuiciamiento.
