-SEN.
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ.- Solamente para compartirles a ustedes que -como están
enterados- el lunes pasado el presidente del PRI, Enrique Ochoa, presentó ante
el Senado de la República una solicitud para que se envíe, por parte del
presidente del Senado, una petición a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, a fin de que se inicie la acción prioritaria o la acción preferente de
la controversia constitucional que en su momento presentó la Procuraduría
General de la República en contra de actos de tres entidades federativas.
En
este sentido compartir nuestra gratitud, como legisladores del PRI -tanto
diputados, como senadores-, al presidente de la Mesa Directiva, al senador
Roberto Gil Zuarth, porque el día de ayer, por la noche, ya entregó este
documento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidiendo precisamente
que lo tomen en consideración para que se dé el trámite previsto por el
artículo 94 de la Constitución General de la República, que establece que
cuando existe una posible afectación de carácter social, se pueda dar prioridad
en las resoluciones a este tipo de asuntos.
Queremos
compartir con ustedes este anuncio que nos complace; además, le agradecemos al
propio presidente de la Cámara de Senadores, el senador Roberto Gil Zuarth, el
que haya dado un cauce prácticamente en los mismos términos de prioridad, a
esta solicitud que muy amablemente le presentamos el lunes pasado.
PREGUNTA.- ¿Confían en la sensibilidad de la Corte, que
hará caso a este llamado que ustedes están haciendo para que les dé este trato
preferencial a estos recursos de inconstitucionalidad?
-SEN.
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ.- El trámite está previsto en la Constitución y las
causales también están plenamente determinadas. En este sentido, nosotros
consideramos que es uno de los temas a los que habría que darle cauce,
fundamentalmente porque en el caso de Quintana Roo, en la tercera semana de
septiembre habrá cambio de gobierno; en el caso de Chihuahua en la primera
semana de octubre habrá cambio de gobierno; y el primero de diciembre en el
caso de Veracruz.
Esa
es una de las razones que permiten tener como base que podría tomarse como
prioritario este trámite, habida cuenta que estos acuerdos o pasos legislativos
que se dieron en esas entidades, están contrariando ocho disposiciones del
régimen transitorio de las leyes en materia de combate a la corrupción, que
fueron promulgadas por el Presidente Peña Nieto.
PREGUNTA.- ¿No se trata de una cacería hacia los
gobernadores de su partido, desde el propio partido?
-SEN.
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ.- El presidente del partido, cuando tomó posesión de su
cargo, en el discurso claramente lo dijo: “debemos combatir la corrupción, el
combate a la corrupción va en serio; debemos promover la transparencia y la
rendición de cuentas”.
El
propio presidente de nuestro partido ha dado un paso adelante al solicitar este
trámite. De ninguna manera se trata de cacería de brujas, es un trámite
previsto en la Constitución.
PREGUNTA.- ¿Hay algún precedente? ¿Cuánto tendrían
ahorita para resolver esto en la Corte?
-SEN.
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ.- En este sentido, por supuesto que no podemos ceñir a
los señores Ministros a una decisión temporal; pero, sí podemos pedirles -como
ya se les solicitó- que en la eventualidad de amparos que estén presentados
previamente, controversias constitucionales que están registradas previamente a
esta acción de inconstitucionalidad, le puedan dar prioridad.
PREGUNTA.- Hoy se publica que esta la PGR ya investigando
a Duarte, gobernador de Veracruz. ¿Desde el partido qué van a hacer? ¿Van a
esperar a que acaben las investigaciones, si ya se inicia el proceso?
-SEN.
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ.- Nosotros no intervenimos en cuestiones de carácter
jurisdiccional. Nuestro partido tiene por supuesto un órgano autónomo, que es
justicia partidaria, que en su momento podría llevar a cabo una actuación;
pero, es completamente independiente a lo que esté haciendo la autoridad
formalmente.
PREGUNTA.- Ayer, Javier Duarte, en la Conago nos decía
que no hay ningún distanciamiento, ni ruptura con su partido, pese a estas
acciones.
-SEN.
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ.- De hecho, debemos decir claramente que dos gobernadores
-en el caso de Quintana Roo y de Veracruz-, incluso plantearon formalmente
solicitarle a los legisladores de estas entidades dar marcha atrás a los actos
que motivaron las acciones de inconstitucionalidad. Esto, por supuesto, también
es bienvenido.
PREGUNTA.- Diputado Marín, si usted me regala un
comentario. El coordinador del PAN, en el Senado, Fernando Herrera, acaba de
decir que si el INEGI no corrige estas cifras de pobreza, esta metodología que
implementó para medir la pobreza en este año, van a exigir la remoción de Julio
Santaella.
-DIP.
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN.- Me parece a mí que el senador, en primer lugar,
habla sin fundamento.
Está
muy claro, ayer durante la comparecencia pudimos ver cómo el Coneval sí tenía
conocimiento de los cambios que pensaba hacer el INEGI; sí tiene posibilidad de
establecer -gracias a este trabajo conjunto que van a hacer y que ya estaba
previsto- un comparativo de los años anteriores con el nuevo y que el asunto no
tomó de sorpresa a nadie, puesto que se había avisado con meses de anticipación
e incluso se había solicitado una opinión.
Yo
le recomendaría al coordinador del PAN, que venga a las comparecencias o pida
el informe de lo que se dijo en las comparecencias, porque está diciendo
exactamente lo contrario a lo que se dijo ayer.
PREGUNTA.- ¿No tiene fundamento, entonces…?
-DIP.
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN.- No tiene ningún fundamento. Al contrario, creo que
aunque tarde, este trabajo coordinado que tienen que hacer dos instituciones
fundamentales para el análisis del gobierno, como son el Coneval y el INEGI -lo
van a hacer ahora-, están coordinados para que podamos tener no sólo un modelo
censal adecuado, sino como necesitamos el comparativo de este modelo y lo que
arroje con los años anteriores.
PREGUNTA.- ¿En su partido no comulgan con este precepto
de que se trataban de manosear las cifras de la pobreza para beneficiar al
actual Gobierno?
-DIP.
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN.- Creo que de ninguna manera podemos aceptar una
imputación con este carácter, porque implicaría dos cosas que no son reales. La
primera, la total autonomía del INEGI, que sí existe y es un hecho; y segundo,
el interés del Gobierno de engañarse a sí mismo.
Al
Gobierno lo que le interesa es saber cómo va, cómo están aplicándose sus
recursos, qué resultados están dando, quiénes de sus Secretarías funcionan,
cuáles de sus programas funcionan, en qué entidades sí se están aplicando los
enormes recursos que destinamos al combate a la pobreza; entonces, sería una
tontería y realmente no le veo tampoco ningún fundamento pretender que nosotros
quisiéramos mover las cifras.
Lo
que necesitamos son cifras exactas, reales, y creo que tanto el INEGI, como el
Coneval, están obligados a proporcionarlas.
No
es que quieran, esa es su obligación.
PREGUNTA.- El gobernador de Veracruz decidió dar a
conocer sus bienes, a raíz de que se enterara que la PGR había ordenado una
investigación acerca de sus propiedades. ¿Cómo ve usted esto, diputado?
-DIP.
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN.- Me parece que la Procuraduría deberá recibir estas
aportaciones; pero, lo fundamental es que las presente cuando se la solicite la
autoridad correspondiente.
Son
bienvenidos los gestos políticos de transparencia, pero el caso de Veracruz ya
tiene un proceso judicial, que es donde va a tener valor que se presenten las
cosas, que se presenten con verdad y que se presenten a tiempo.
Bienvenido
el gesto por parte del gobernador, pero en lo que se refiere al PRI -y lo
seguiremos demandando- es que ningún proceso judicial se detenga por razones
políticas.
PREGUNTA.- ¿Entonces, respalda esa investigación de la
PGR?
-DIP.
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN.- Por supuesto que respaldamos la investigación de
la PGR, porque eso es lo que se necesita; no declaraciones, ni gestos
políticos, sino la acción de la autoridad responsable.
Le
piden al PRI que investigue. El PRI no es instancia investigadora; pero, si el
PRI impidiera estas investigaciones, haría muy mal. Así que el PRI está
totalmente de acuerdo en que cuando cuente con elementos o indicios la
Procuraduría, actúe en los términos que está obligada.
PREGUNTA.- ¿Está en capilla el gobernador?
-DIP.
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN.- Creo que está en una situación sumamente delicada
por el tipo de acusaciones que hay y así como lo ha hecho con este gesto, está
obligado a responder y dar toda la información que le soliciten.
PREGUNTA.- ¿Con todos estos elementos, sí es viable la
expulsión de las filas del partido?
-DIP.
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN.- Nosotros estaríamos anticipando ahí el resultado
de todo esto, creo que el PRI no debe actuar con falta de seriedad en estos
asuntos.
Insisto,
la lucha anticorrupción no necesita gestos políticos, necesita la acción, la
verdadera acción de la autoridad responsable.
El
principal gesto del PRI -eso es lo que quiso hacer el presidente del partido
con esta petición- es no obstaculizar, sino al contrario, exigir la actuación
de esa autoridad.
Muchas
gracias.
