Por Yazmín Rodríguez Galaz
yazrodriguez17@gmail.com
GRAN PARTE DE LOS PANISTAS DE YUCATÁN viajaron hacia Quintana Roo el pasado fin de semana para participar, bien sea como colaboradores o espectadores, de la jornada electoral en la que históricamente una plaza considerada auténticamente priista dio un giro de 180 grados para convertirse en una entidad opositora pintada de azul y amarillo mediante la coalición PAN-PRD.
Electoralmente hablando a ambos partidos le han funcionado unir fuerzas para derrotar al PRI, pues en lo que es gobierno y quehacer político, la conjunción de ambos no ha tenido gran éxito y casi siempre aparecen los pleitos.
Sin embargo, en esta ocasión esas coaliciones llevaron al PAN y al PRD a obtener 7 gubernaturas en el país, situación que coloca al priismo nacional “contra la pared”, pensando en las elecciones inmediatas para el 2018, en las que por cierto en Yucatán habrán renovación del Poder Ejecutivo, Congreso local, 106 alcaldías, diputaciones federales, senaduría y presidencia de la república.
El PRI , en varios de los estados del país decidió postular gente que no garantiza el triunfo, como ocurrió en Quintana Roo y de paso generó o permitió las divisiones y rupturas entre sus mismos ismos o corrientes. El resultado: la derrota.
Pareciera que después de recuperar la Presidencia de la República en el 2012 y los espacios de poder de mayor privilegio, los priistas perdieron la óptica de que los triunfos y las derrotas no son para siempre.
Tras 12 largos y amargos años para los priistas sin tener el máximo poder en México, no sirvieron de mucho y están ante el umbral de volver a caer en el desempleo político.
El presidente Enrique Peña Nieto, quien ganó ampliamente y con expectativas muy fuertes de parte de la sociedad, no ha podido remontar la adversidad al llevar adelante reformas como la energética, educativa, laboral y fiscal, que han contribuido a reducir los márgenes de poder adquisitivo y de recursos en la mayoría de las familias mexicanas.
El PRI sabe, porque no necesitaría buscarle más, que necesariamente tendrá que modificar su arte de gobernar y en paralelo, buscar políticos con los pies en la tierra, con carisma y dispuestos a pelear realmente por causas populares.
No hacerlo en los próximos tres años sería condenarse al mismo resultado.
Por otro lado ante el tiempo que sigue su curso, es de esperarse que el priismo comience a ejercer la llamada “operación cicatriz” toda vez que es obvio que la escisión y los divisionismos internos, les perjudican en simpatías y votos.
En muchas partes del país hay “lastimados” producto de decisiones desatinadas o consecuencia en algunos casos de arrogancia y soberbia del poder y seguramente que tal como dijera su hasta ahora líder nacional, Manlio Fabio Beltrones, necesariamente deberán empezar a reflexionar sobre lo que pasó.
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De golpe y porrazo…
Luego que el cabildo de Progreso, a propuesta del alcalde José Isabel Cortés Góngora, aprobó una concesión para el servicio de recolecta y manejo de basura a una empresa privada, se desató un conflicto en el puerto, ya que los actuales recolectores –que pertenecen a la CROC- se ha manifestado en contra de esta medida.
Mientras la votación de los regidores se realizó a puertas cerradas, en los bajos del Palacio Municipal decenas de trabajadores del Sindicato de Recolectores de Basura protestaron.
Además, los progreseños temen que tendrán que pagar elevadas tarifas que impondrá la empresa Técnicas Medioambientales de México, S.A. de C.V. (Tecmed), a la cual le darán la concesión.
Los actuales recolectores de basura llegaron a la sede de la Comuna, al enterarse que sus fuentes de empleo corrían peligro, para ser desplazados de las labores que realizan en el puerto de Progreso y las comisarías.
Más de 30 camiones cargados de desechos llegaron a las puertas del Palacio Municipal y bloquearon la calle de enfrente, y acusaron al controvertido alcalde del Panal de traicionarlos y de no respetar sus fuentes de empleo.
Todo parece indicar que Cortés Góngora ya no quiso hacerse cargo del fuerte problema de contaminación y del servicio de recolecta de basura en Progreso, y prefirió dejarlo en manos de privados. La pregunta es si realmente se solucionará con esta medida, y si aumentarán las tarifas.
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En los últimos días se anunciaron cambios en los mandos de fuerzas federales encargadas de la seguridad en Yucatán. En evento privado, el comisionado General de la Policía Federal,Enrique Galindo Ceballos, le tomó protesta al nuevo comisario de esta corporación en Yucatán, Julio Martínez Arredondo.
Martínez, con 30 años de servicio como policía, sustituye en el cargo a Roberto Rodríguez Rivero, quien estuvo al frente de la comandancia en la entidad cerca de 2 años, y fue designado como comisario de la Policía Federal en Aguascalientes.
Por su parte, tomó posesión como Comandante de la X Región Militar con sede en Mérida, el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM), Gustavo Nieto Navarro.
Sustituye en el cargo a Sergio Arturo García Aragón, quien estuvo al frente de la X Región Militar aproximadamente año y medio.
Cabe mencionar que el general Nieto Navarro fue Comandante-Jefe de la Primera Zona Militar, con sede en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional.
De igual manera, el comandante de la IX Zona Naval, Felipe Solano Armenta, anunció que después 45 años de servicio en la Marina, se retirará a finales de este 2016.
El 16 de julio se realizarían los cambios en la IX Zona Naval, y tras dos años de estar al frente, será sustituido por Rosendo Escalante Iliza.
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La empresa yucateca Ryde & Go, que ofrece servicio de transporte a través de una plataforma tecnológica, informó que buscará que se realice un referéndum en la entidad, para que los ciudadanos puedan opinar sobre la reforma a la Ley de Transporte que presentó el Gobierno del Estado, el cual tiene como objetivo regular a este tipo de compañías.
El abogado de esta empresa, Justo Andrés Medina Escobedo, sostuvo que harán efectiva la Ley de Participación Ciudadana convocando al primer referéndum que se llevaría a cabo en Yucatán, para que los ciudadanos “sean escuchados en el Congreso del Estado en este tema de la movilidad y el transporte”, antes de que la reforma sea aprobada por los diputados
Dijo que la intención es que los diputados legislen en favor de la ciudadanía “y no de grupos de interés que han servido con fines políticos en el pasado”.
Según Medina Escobedo decidieron recurrir a esta figura legal, ya que hasta el momento desconocen en qué consiste la propuesta de reforma a la Ley de Transporte, y porque los diputados han actuado “con secrecía y hermetismo” en cuanto a los detalles de la iniciativa.
Señaló que a diferencia del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), que no paga impuestos porque se les exentan, y de Uber, que tampoco tributa porque está constituida fuera del país, Ryde & Go paga todas las imposiciones fiscales de México que le corresponden, por lo que lamentó que la reforma proponga una nueva carga del 10 por ciento para esta empresa.
Además, declaró que recurren a la figura de referéndum porque tienen dudas de cómo los diputados votarían la reforma, sobre todo del priista Henry Sosa Marrufo, a quien acusaron de tener muchas concesiones de transporte público, “entonces va a votar siendo juez y parte”.
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A partir de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para cambiar la Constitución y permitir en México el matrimonio entre personas del mismo sexo, el Congreso de Yucatán tendrá que abordar el polémico tema, no a partir de la iniciativa sobre este asunto que presentó la bancada del PRD de la localidad, sino en función de adaptarse a las leyes nacionales.
El mandatario nacional necesitará posteriormente que 17 congresos de los estados aprueben la iniciativa para que entonces se pueda modificar la constitución.
Yucatán ha sido visto y reconocido a nivel nacional como una entidad conservadora en el que las cuestiones de la familia, religión y cultura están íntimamente vinculadas a los valores.
No obstante al igual que en otras partes del país, la presencia de gente de preferencia sexual diferente es una realidad.
Aparte, el hecho de que el Código de la Familia en Yucatán, tipifique claramente que el matrimonio que aquí se reconoce, es el integrado por un hombre y una mujer, ha ocasionado que los grupos en pro de la libertad de preferencias sexuales, recurran al amparo para obligar, literalmente a oficinas de gobierno como el Registro Civil, a reconocer su postura y aceptar los matrimonios entre gente del mismo sexo.
La bancada del PRD en Yucatán desde hace varios meses presentó una iniciativa en ese sentido y permaneció prácticamente inamovible, ya que no se observaba gran interés o posibilidad de acuerdos para discutirlo en el seno de la legislatura local.
No obstante, con la iniciativa presidencial, las cosas cambian y aunque es de esperarse la lógica oposición y disgusto de parte de grupos conservadores, es una realidad que la mayoría priista en Yucatán, apoyaría la iniciativa presidencial.
Por parte del PAN, hasta la gente considerada reservada en esos temas como el presidente estatal de ese partido, Raúl Paz Alonzo y la diputada localBeatriz Zavala Peniche, han declarado que estarían de acuerdo en apoyar el que gente del mismo sexo pueda legalizar su unión.
Por otro lado, la diputada local y presidenta de la Junta de gobierno de la legislatura local, Celia Rivas Rodríguez, quien hasta ahora ha manejado con eficacia muchos de los temas que llegan al Congreso del Estado, también tendrá un nuevo reto para sacar adelante esa aprobación.
De proceder en las 17 iniciativas de ley en los Congresos de los Estados, seguramente que será ley a nivel nacional, la aprobación de los matrimonios igualitarios.
Por otro lado, el PRD ya había presentado una iniciativa de ley precisamente para permitir la convivencia y la unión entre parejas del mismo sexo.
El tema –complicado y enredado hasta cierto punto, particularmente por la presencia de grupos conservadores- sentará un precedente para el Congreso local y para la sociedad meridana y de Yucatán en su conjunto.
Es seguro que tendrá que darse no solo la discusión sino también el análisis sobre las repercusiones que tendría este nuevo marco legal.
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El alcalde meridano Mauricio Vila Dosal ya tiene un apoyo adicional en su lucha en contra del proceso por las luminarias que representaría riesgos económicos millonarios para la comuna a su cargo.
Activistas como Patricia Mac Carthy, Gina Villagómez Valdez y Hugo Laviadaestán apoyando la posibilidad de que participen en el juicio contra la comuna meridana por la instalación de luminarias, situación que de proceder, alargaría esa querella.
Los activistas de esta forma respaldan al panista Vila en su intención de evitar el cobro de más de 200 millones de pesos a la comuna meridana, por haber suspendido el contrato con la empresa ABC Leasing.
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Necesaria atención por parte de los Ayuntamientos para el caso de los internos que se quedan en las cárceles municipales y que la mayoría de las veces no tienen vigilancia, ni servicios médicos, lo que ha propiciado el fallecimiento de detenidos.
En ese sentido, se espera que el recién nombrado subsecretario de Gobierno, Gaspar Quintal Parra, pueda intervenir –claro está, respetando la autonomía municipal- en apoyo a los ediles para que esta situación se regularice.
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Aunque las delegaciones de la Sagarpa y Conapesca han realizado operativos para tratar de ubicar bodegas clandestinas de pepino de mar, ante la irregular situación que se presenta en la costa yucateca para capturar –sin control- esa especie, no se ha podido determinar de dónde o quiénes lideran los problemas de la pesca furtiva.
De esto y más estaremos pendientes. Recibimos correos con firmas en yazrodriguezg@gmail.com
