El destino de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos quedó marcado por la incertidumbre este lunes, cuando la Corte Suprema se mostró dividida sobre un plan del presidente Barack Obama para postergar su deportación.
Los ocho magistrados evaluaron la validez de un conjunto de medidas ejecutivas de Obama, que preveían la regularización temporal y la entrega de permisos de trabajos a inmigrantes clandestinos.
Si no llegan a una decisión, prevista para finales de junio, el bloqueo del plan decidido por un tribunal menor seguiría vigente. Un duro revés para Obama a siete meses de dejar la Casa Blanca.
Los jueces conservadores John Roberts y Anthony Kennedy, cuyos votos son críticos en el caso, chocaron repetidas veces con el representante del gobierno de Obama durante la audiencia, extendida a 90 minutos por lo contencioso del asunto.
Paralizado por un Congreso hostil a una prometida reforma migratoria, Obama anunció una serie de decretos a finales de 2014.
Una iniciativa, DAPA, blindaría de la deportación a indocumentados que viven en Estados Unidos desde 2010 y tienen hijos ciudadanos estadounidenses. Otra amplía un programa de alivio para inmigrantes que llegaron al país como niños.
Pero 26 estados, casi todos de mayoría republicana, se negaron a implementar las medidas, y un tribunal de apelaciones las bloqueó.
Los cuatro magistrados de tendencia liberal parecían defender el plan de Obama y recordaron acciones similares de sus predecesores.
– Al son de los mariachis –
Pero los detractores del presidente lo acusan de haber excedido sus atribuciones, una opinión que pareció ser correspondida por los jueces conservadores en la Corte Suprema.
“Es como si el presidente estuviera definiendo la política y el Congreso ejecutándola (…) Eso está al revés”, dijo Kennedy.
El debate, dentro de la cavernosa sala de mármol, transcurrió ajeno a la algarabía de los manifestantes apostados ante las escalinatas de la Corte Suprema.
Bajo un ardiente sol y fuerte presencia policial, medio millar de personas se expresaron en apoyo a las medidas de Obama… al son de los mariachis.
“Sí se puede”, cantaban y portaban pancartas con forma de corazón en las que se leía “Mantengan unidas a las familias”.
Roshell, una joven mexicana de 17 años traída a Alabama (sur) de manera clandestina por sus padres cuando era una bebé, teme diariamente ser deportada. Como Alabama se opone a las medidas, no puede trabajar ni estudiar, pero debe pagar impuestos.
“Hay muchas barreras que no me permiten ir al colegio, no puedo tener una licencia, ni un trabajo”, dijo a la AFP.
“Tenemos la autoridad moral. Hoy es el día de justicia”, dijo ante la multitud el senador de origen cubano Bob Menendez antes de entrar a la audiencia.
Una decisión contraria a la Casa Blanca retraería la situación de los casi cinco millones de indocumentados al incierto status quo, aunque una deportación inminente de todos ellos luce improbable.
El presidente ha dicho que busca priorizar las deportaciones de “delincuentes y no familias; criminales y no niños; pandilleros y no una madre que trabaja duro por sus hijos”.
– “Lo queramos o no” –
Texas, uno de los estados en disputa con los decretos de Obama, argumenta que el plan le generaría millones de dólares en gastos para tramitar permisos de conducir a los indocumentados regularizados en su territorio.
Ese asunto dominó gran parte de la audiencia.
El juez Stephen Breyer, un liberal, observó que si Texas es autorizado a demandar al gobierno federal sobre la inmigración, ello abriría la puerta a los estados para desafiar un sin fin de normas federales.
Pero Roberts continuamente desafió el argumento del procurador general, Donald Verrilli, de que Texas no tiene base para demandar.
Verrilli subrayó “la preocupación humanitaria de evitar la ruptura de familias con niños que son ciudadanos estadounidenses”.
