Información / La Revista

William Shakespeare admiraba a Miguel de Cervantes. Prueba de ello es la historia del personaje de Cardenio, de Sierra Morena, que traspasó las páginas de El Quijote para formar parte de un drama escrito por el británico en 1612, en colaboración con John Fletcher. Se desconoce si fue el autor de Romeo y Julieta quien leyó la novela cervantina o lo hizo su compañero, pero en opinión de estudiosos de la obra de Shakespeare, como el profesor emérito de Oxford, Brean Hammond, “éste sabía de un autor español llamado Miguel de Cervantes, pero creemos que éste ignoraba por completo la existencia del dramaturgo inglés”.

Los dos autores más grandes de la literatura universal serán recordados a 400 años de su muerte, el próximo 23 de abril, y México forma parte de dicha celebración en la que participan las instancias culturales más importantes del país y el Reino Unido, incluidos el British Council, la Embajada del Reino Unido en México, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Anglo Arts.

Shakespeare Lives México 2016 es el título del proyecto que llegará al país este año para ofrecer diversas actividades concentradas en un Shakespeare contemporáneo, social, local y multidisciplinario que busca impulsar y fortalecer el diálogo creativo entre México y el Reino Unido. La iniciativa quiere llegar a millones de personas a través de colaboraciones con teatros, museos, educadores y artistas para presentar nuevas producciones de las principales obras de Shakespeare.

“Todo el mundo tiene simpatía por Shakespeare. Estamos muy contentos porque después del año dual (México-Reino Unido), habíamos pesando que había que continuar la labor y seguir un programa para difundir la obra de Shakespeare que, sin duda, es uno de los autores más grandes de todos los tiempos, y el más grande que hemos tenido en el país”, dijo Ducan Taylor, Embajador de Reino Unido en México.

“Lo increíble de Shakespeare, después de 400 años, es que sigue vigente. Todos los días sale algo por radio, TV, cine o publicado que tiene que ver con él”, añadió el diplomático. (Con información de 24-horas.mx)

Por Guillermo Vázquez Handall

Con el inicio de la campaña política formal en busca del voto ciudadano se da paso a la última etapa del proceso sucesorio por la gubernatura de Quintana Roo, en un escenario que resulta muy interesante, podría decirse incluso que inédito.

Lo es porque independientemente de que la elección sea de carácter estatal y que en ella confluyen las de presidentes municipales y diputados locales, la influencia del tema regional hace deducir que las batallas se concentrarán en el ámbito municipal.

Esto quiere decir que en el análisis, de acuerdo al peso especifico de cada una de las tres propuestas, las preferencias se dividirán territorialmente y que será una lucha de equilibrios.

En ese rango se puede esperar que todas obtengan triunfos parciales, que ninguna consiga predominar del todo y que la que alcance el mejor promedio, en el prorrateo gane la gubernatura.

El PRI es el único partido que por el tamaño y eficiencia de su estructura electoral puede aspirar a tener una votación copiosa en todos en los municipios. Morena, por su parte, tiene su bastión fundamentalmente en la ciudad de Cancún y la coalición del PAN y el PRD apuesta por prevalecer en el sur del estado.

Desde este punto de vista, suponiendo que el PRI en su peor escenario no ganara más que la mitad de las presidencias municipales, si ese fuera el caso, si mantiene al menos la perspectiva de quedar en segundo lugar en la votación para gobernador en cada alcaldía, tendrá un margen más que suficiente para mantener el poder estatal.

Al interior del Revolucionario Institucional la principal fuerza política de la entidad ha quedado atrás la prolongada y compleja competencia interna. Los grupos que lo conforman finalmente se suman mayoritariamente en torno de su candidato Mauricio Góngora.
Esto se debe en gran medida, a pesar de las especulaciones respecto de posibles escisiones, al acuerdo entre el propio Góngora Escalante y el diputado federal José Luis Toledo.

Lo anterior porque el pacto establecido entre ambos garantiza el trabajo de toda la estructura operativa y de promoción hacia el mismo propósito, gracias a que Mauricio Góngora tuvo la sensibilidad y el tino de reconocer la importancia que implica la necesaria participación de Toledo Medina.

Con este tipo de compromisos signados públicamente, el PRI y Mauricio Góngora logran reunir una presencia suficiente para poder preponderar en la contienda regional.

Sin embargo, eso no limita que sus rivales tengan una posibilidad real de hacerse de posiciones importantes. El mejor ejemplo de ello se observa precisamente en la contienda por la presidencia municipal de Cancún.

Además de que en esa ciudad se concentra el voto duro de Morena, la debilidad individual manifiesta del candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, Remberto Estrada, vislumbra una ventaja inicial para Morena.

Con la división de la izquierda, al menos en Quintana Roo y particularmente en Cancún, quien heredó la militancia fue Morena, partido que de hecho concentra el doble de la intención del voto que los panistas y perredistas juntos.

Eso sin dejar de lado que Remberto Estrada no es priista, es verde ecologista y eso es un factor clave en su contra, más aún si la tendencia del voto se mantiene en bloque y no se cruza o diferencia.

De ser así, se podría pronosticar que si Morena se alza en el norte, mientras que el PAN y el PRD lo hacen en el sur, el promedio general le da al PRI una supremacía materialmente imposible de vencer.
La coalición del PAN y el PRD está actualmente muy limitada en la ciudad más grande de Quintana Roo, lo que ha derivado que sus esfuerzos se dirijan a los municipios sureños.

Si bien es cierto que el candidato de esta conformación, Carlos Joaquín, goza de cierta notoriedad en ese territorio, también lo es que por el espectro de votación del sur, con eso no le alcanza, sobre todo porque esa popularidad es eventual, no depende de una simpatía ni genuina, ni generalizada.

La oferta rupturista de Carlos Joaquín carece de fondo, se limita únicamente a aprovechar los enconos, por ello su convocatoria es parcial. Para la gran mayoría sólo representa una facción más del mismo priismo, no enarbola una bandera oposicionista ni justificada, ni mucho menos legítima.

La división natural al interior del panismo y el perredismo se evidencia al conjuntarse en una alianza que tiene más influjo mediático que práctico; no se trata nada mas de un criterio que se relacione con la identidad, lo es en materia operacional, muy por debajo de la expectativa.

Visto así, en este panorama lo que se contempla es una clara segmentación de presencias y fuerzas, y eso sin duda a quien beneficia por mucho es al priismo, que en todo caso de lo que tendrá que preocuparse, como ya apuntábamos, es de la competencia por las presidencias municipales y las diputaciones locales.

En ese apartado es en donde se anticipa una fragmentación de fuerzas, donde los intereses e influencias jugarán un papel con una mayor tendencia local, lo que hace suponer que la conformación del poder en Quintana Roo en el próximo sexenio será completamente diferente a la tradicional: equilibrada e inédita.

Twitter@vazquezhandall

Especial / La Revista

Una treintena de damas voluntarias de la X Región Militar y damas promotoras de la Marina Yucalpetén, visitaron las instalaciones del Congreso del Estado, con lo que continúa la apertura de la sede del legislativo a todos los sectores de la ciudadanía.

“Este Congreso se mantiene abierto para los ciudadanos, además de las visitas escolares la invitación es para que todos los sectores se acerquen, conozcan y descubran el trabajo que acá se realiza”, destacó la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia María Rivas Rodríguez.

Al dar la bienvenida a las visitantes distinguidas, la diputada Rivas Rodríguez explicó parte del trabajo y los procesos que a diario se desarrollan, a fin de contribuir a la actualización del marco jurídico y normativo de la entidad.
Luego de conocer el Salón del Pleno y la Sala “Consuelo Zavala Castillo”, las visitantes asistieron a la sesión plenaria donde fueron saludadas por los diputados de la LXI Legislatura.

Durante su estancia, conocieron la operatividad del Poder Legislativo, además de las iniciativas que actualmente se encuentran en análisis y con las que se ha impuesto un intenso ritmo de trabajo para la aprobación de diversas leyes, reformas y decretos que redundarán en beneficio de todos los ciudadanos.

Las visitantes también escucharon una exposición en el Salón de Usos Múltiples “Consuelo Zavala Castillo”, momento en el que la Presidenta de la Junta de Gobierno hizo entrega de la edición conmemorativa del libro del Centenario del Primer Congreso Feminista a Guillermina Ramírez de García, coordinadora del Voluntariado de la Décima Región Militar, y Aurora Claustro Flores, presidenta de Damas Promotoras de la Marina Yucalpetén.

Por Enrique Vidales Ripoll

En las dos últimas semanas el tema de noticia y de análisis social y político se relaciona con Escudo Yucatán. La serie de medidas que el Poder Ejecutivo del Estado dio a conocer para reforzar la seguridad en la entidad.

No podemos pasar por alto la gravedad en seguridad que hay en varias regiones del país, especialmente en el centro y norte de la república mexicana. Hay entidades donde la extorsión alcanza niveles que insultan a la inteligencia y al orden legal establecido, regiones donde no se respeta el cumplimiento de las leyes que garantizan la paz y la armonía social. Es la ley de la barbarie, del más fuerte que se impone por encima de la razón y de los derechos humanos elementales.

En Yucatán hemos vivido a lo largo del mismo tiempo en paz. No hay un más allá de determinados casos de intentos de una delincuencia organizada que ha encontrado una defensa férrea de la integridad de las personas y el patrimonio de los yucatecos.

Sin embargo, no se deben bajar la guardia. Es necesario reforzar lo que se tiene, así como también, de buscar mejorar con medidas que consoliden la convivencia social en paz y armonía social. No es tarea menor en el compromiso de la autoridad, pero también de los habitantes en la entidad hacer los esfuerzos para implementar medidas que nos den una mayor certidumbre jurídica y una mayor seguridad social.

Es cierto que el Estado como autoridad tiene la tarea de la prevención y persecución de los delitos. La nueva reforma penal establece claramente que se debe buscar proteger al inocente, defender a la víctima, reparar el daño, pero más importante, no dejar impune el delito. Sabemos que la impunidad, el no castigo y sanción, es la principal queja de una ciudadanía que siente y percibe que el gobierno no hace nada en contra de quienes delinquen, que dañan y lastiman a los individuos y a la sociedad.

Es por ello que las medidas que se desean implementar resultarán eficaces para reforzar la seguridad en la entidad. No se parte desde una perspectiva unipersonal del Poder Ejecutivo, sino que exige la complementariedad de los otros dos poderes del estado: el Legislativo y Judicial. En el caso del primero en la discusión y aprobación del marco jurídico que otorgue la fundamentación legal a las acciones del Ejecutivo: pero al mismo tiempo involucra al judicial en los casos de análisis de casos enmarcados en la conducta de robo a domicilios y comercios donde se prevé una mayor severidad en las sentencias penales.

Sobre este último punto, el grupo de Indignación, de acuerdo a un boletín de prensa publicado, se dice preocupado porque el aumento de las penas en casos de robo a domicilio y comercios constituye un supuesto retroceso en derechos humanos. Lo que significa que para ellos los que atentan contra los bienes patrimoniales de los individuos y familias no merecerían un castigo ejemplar. ¿Y los derechos de las víctimas? ¿No es también indignante que una familia, con la realidad económica del país que provoca dificultad para hacerse patrimonio, sufra menoscabo de este?
La reforma penal precisamente quitó la verdad absoluta e inquisitiva a los poderes ejecutivos para abrir en debate público las diferencias y litigación de las causas penales. Esto para garantizar la presunción de inocencia, exigiendo con ello una investigación más profesional y científica para sustentar las responsabilidades penales. Por ello también se establece la creación de un Instituto de Ciencias Forense y la especialización de una policía investigadora. Ambos casos para mejorar los procesos de investigación que permitan una mayor certeza jurídica en la acusación. El que tenga responsabilidad que pague su deuda con la sociedad.

Escudo Yucatán no sólo es tarea del gobierno, aunque éste tenga en sus facultades la coacción para exigir el cumplimiento de la ley. Al final, todos los habitantes de Yucatán tenemos un compromiso con nuestro Estado: apoyar en las medidas que tienden a consolidar una mayor seguridad.

La corresponsabilidad está en sumarnos a este esfuerzo. Empezar desde la casa de uno a escudarnos por Yucatán.

Sigamos construyendo una sociedad más segura, más justa. Una sociedad donde tengamos la gobernabilidad y el respeto a las diferencias políticas. Que sea el diálogo y el consenso lo que nos permita avanzar en la resolución de los problemas encontrando los puntos coincidentes y benéficos para la colectividad.

Por Jorge Fernández Menéndez

No entiendo por qué el presidente Peña no irá a la cumbre de las drogas de la Organización de las Naciones Unidas, el próximo día 19. Incluso, por la forma en que se divulgó el comunicado de prensa, la semana pasada, parecía que lo que se cancelaba era el viaje de la fuente presidencial y que como ya ha ocurrido en otra ocasión, el presidente Peña iría en un viaje relámpago a Nueva York, participaría en la cumbre y estaría de regreso ese mismo día. El lunes, en Alemania, Claudia Ruiz Massieu aclaró que será ella la que llevará la representación de México a la cumbre y que establecerá una posición clara y firme sobre el tema.
No dudo que la canciller, que está teniendo un muy buen desempeño, puede hacerlo con toda certidumbre, pero salvo que se sepa algo muy diferente a lo que todos sabemos respecto de lo que ocurrirá en la cumbre, creo que hubiera sido mejor que el presidente Peña presentara la posición de México.

Quizás lo que sucede es que no sé si como país tenemos una posición definida sobre el tema y me imagino que el Presidente no ha querido sumir costos.
Porque hay posiciones muy divergentes sobre el tema de las drogas que oscilan desde una visión absolutamente prohibicionista y, por ende, represiva, hasta la de la absoluta legalización de las drogas, como si ello fuera una panacea. Esas dos posiciones son demasiado integristas, extremas y es en el centro, en los grises, donde pueden encontrarse los espacios de consenso.

Que los acuerdos aún son escasos lo demuestra la respuesta que ha tenido la propuesta del senador Roberto Gil Zuarth sobre la legalización de la mariguana. Terminó siendo una iniciativa personal en la que ni siquiera una parte de los senadores del Partido Acción Nacional acompañó al líder de la Cámara alta. No es una mala iniciativa, al contrario, pero creo que estamos muy lejos aún de ese tipo de consensos sobre la mariguana.

Éste es un camino que se debe recorrer en etapas. Todo indica que sí saldrá adelante la autorización para el uso medicinal de la mariguana. Me parece un buen primer paso, incluso, la Suprema Corte, que negó la semana pasada un amparo a una empresa que quería autorización para desarrollar productos medicinales con base en la cannabis, explicó que eso no implicaba que su posición fuera necesariamente en contra del uso medicinal de la yerba. Y en el Congreso (y también en el Ejecutivo, con base en lo dicho por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio) existen consensos para sacar adelante el uso medicinal, incluso antes de que concluya este periodo ordinario.

Las diferencias están en otros puntos: el principal de ellos cuando se confunde lo que debe ser un tema de salud pública con uno de seguridad. Legalizar o no la mariguana desde la óptica de la salud pública es un debate legítimo. Desde una visión prohibicionista se podría decir que resulta irracional que en épocas en que estamos poniendo límites al consumo del tabaco se intente abrir espacios de consumo para un producto que, se diga lo que se diga, puede causar daños en muchos ámbitos de la salud y de la vida social. Pero el hecho es que existe un consumo amplio de mariguana y el mismo se está generalizando en muchas naciones de Occidente. La simple decisión de prohibir el consumo ni es suficiente ni puede tener éxito por sí mismo. Una posición más abierta que con claridad despenalice el consumo (ya despenalizado en parte) me parece justa y necesaria. Aunque en eso, también debe existir claridad. Si las autoridades no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en la cantidad de droga que puede portar realmente un detenido para su consumo, ¿cómo van a diferenciar a un consumidor de un narcomenudista?

Pero eso nos lleva a otro tema. La seguridad pública. Lo que no se puede hacer, porque sencillamente es una falacia, es sostener que legalizando la mariguana se fortalecerá la seguridad pública. No es verdad. No existe un solo dato que avale esa afirmación y mucho menos la avala la realidad. El crimen organizado, en todas sus variables, hace ya tiempo que dejó de ser el de bandas dedicadas a la venta de mariguana, un commodities que está lejos de ser el más valioso: el dinero (y el poder) de verdad está en las drogas sintéticas, la cocaína, la heroína, pero también en el secuestro, la extorsión, el robo de gasolinas y de todo tipo de productos.

No se puede engañar a la gente diciéndole que legalizando la mariguana mejorará la seguridad pública. La respuesta para el desafío que implican las drogas tiene que pasar por despenalizar y legalizar progresivamente el consumo y la producción de mariguana para uso personal y, al mismo tiempo, mantener con mucha firmeza una estrategia de seguridad que rompa los grupos que, a partir de la droga, han destrozado la vida de millones de familias. Esa visión integral, salud, derechos y seguridad pública, me hubiera gustado que estuviera presente, a través del presidente Peña, en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas.

Por Ivonne Melgar

Como si nos hubiéramos acostumbrado a la ineficacia de las políticas públicas, registramos sin mayores aspavientos sus malos resultados y olvidamos que, detrás de los números del desastre, hay gente que lo padece.

En la portada del martes 5 de abril el periódico de circulación nacional Excélsior destacó: “Trabaja 36.6% de alumnos sin libros de texto completos”.

Era un dato del estudio Primeros Resultados de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
Pensé que la nota de nuestra compañera Lilian Hernández se refería a las dificultades de las familias para adquirir algunos títulos. Nunca imaginé que se tratara de los libros de texto gratuito, ese legado de Jaime Torres Bodet.

Mientras leía el reporte, recordé los elogios presidenciales y de los titulares de la SEP a la emblemática Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), con 72 años de historia, descendiente de los mejores anhelos de la Revolución Mexicana.

La oratoria oficial nos ha hecho saber que esos libros fueron la materialización del triunfo editorial de un proyecto ideológico que sintetizó dos principios en el artículo tercero constitucional: el Estado tiene la obligación de impartir la educación básica y su carácter laico estará garantizado en la intransferible tarea de la confección y distribución de los libros de texto.

Rememoré los intensos debates por la actualización del contenido de esos libros en el sexenio de Carlos Salinas, con Ernesto Zedillo al frente de la SEP.

Esta vez la escandalosa nota no tenía nada que ver con la incorporación de un texto de la masacre del 2 de octubre. Sencillamente era la confirmación de que la aceitada maquinaria de la Conaliteg anda mal, se desajustó o quizá tronó. Y que dejó de ser una presumible plataforma del cumplimiento de un derecho universal.

La conclusión del INEE, que encabeza la destacada investigadora Sylvia Schmelkes, suena a emergencia: Debido a que sólo 63.4% de los alumnos cuenta con un juego completo de libros de texto, “es urgente revisar los mecanismos de distribución de estos materiales a las escuelas”.  

El reporte detalló que el problema se agrava donde hay marginación. “Mientras a nivel nacional, seis de cada diez alumnos sí tienen su juego completo de libros, en escuelas comunitarias e indígenas seis de cada diez (58.6 %) no tienen todos los libros, pues viven en localidades dispersas”.

Debido a que la cultura de la evaluación es cosa nueva, surgen preguntas: ¿Desde cuándo es una mentira que los libros llegan a todos los niños? ¿Hubo un tiempo en que sí se distribuyeron completos? ¿O siempre hemos vivido en la ficción?

Puede ser que la Conaliteg sea una de esas leyendas de México, un mito como ese de que el petróleo es de todos. Pero, ¿y la Reforma Educativa qué? ¿Acaso no sirve para mejorar los materiales didácticos? ¿O sólo funciona para poner en cintura al SNTE y a la disidencia magisterial, sin importar la vida real de las aulas?

Algo tendrán que decir las autoridades, creí ilusamente, sobre esta lamentable falla. Pero ni Joaquín Díez-Cañedo Flores, director general de la Conaliteg, ni el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, se dieron por enterados.

Sabemos que no corresponde al secretario Aurelio Nuño Mayer atender de manera directa las fisuras del sistema escolar, así sea un boquete en el reparto de los libros. Claro, al titular de la SEP toca asegurarse que los maestros sean evaluados e impugnar los cuestionamientos de Andrés Manuel López Obrador al cambio más importante del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la Reforma Educativa.

Confieso que el silencio del secretario Nuño sobre la ineficiencia en el reparto de los libros me escandalizó. Pero pasados los días terminé por resignarme con la idea de que al menos no recurrió a la salida de descalificar al evaluador, con señalamientos como que el INEE está anquilosado. Así como le pasó a la Cepal cuando la Sedesol le dijo que somos más pobres porque mide mal la pobreza.

Puede ser que le hayan escondido el reporte al titular de la SEP. O que, como pasa con las cada vez más crecientes denuncias de violaciones a derechos humanos en el sector salud ante la CNDH, los funcionarios se hayan acostumbrado a la escasez, al desabasto, al ya no sirve.

O puede ser que, anestesiados por los escándalos de corrupción y de violencia, ellos y nosotros nos seguimos de largo frente a noticias que dan cuenta de la negligencia institucional y el deterioro en la capacidad del Estado para garantizar el bienestar.

Porque entre la Chaponovela, el pleito de la PGR y el GIEI, la contingencia ambiental y los Papeles de Panamá, las desgracias sociales nos pasan desapercibidas.

Y ésa, esa es una doble desgracia: estar viendo y no ver.

Por José Buendía Hegewisch

Hay cambios de señales. El pasmo por el escaso avance de las reformas económicas comienza a transfigurarse en nuevas posiciones de la política del gobierno de Peña Nieto. La “frustración” por ausencia de viento del exterior para impulsarlas favorece la política de encierro, además de recogimiento y refugio. Avanzan las posiciones duras respecto de los aperturistas en su interior, auspiciadas por la falta de imaginación de alternativas ante el derrumbe del mercado energético. Se imponen las posturas que privilegian retomar el control y cerrazón sobre el riesgo de erosionar las bases de apoyo electoral hacia las presidenciales de 2018.

Durante casi dos años el gobierno estuvo a la deriva en espera del encendido del motor de la economía mundial para las reformas, pero el tiempo se agota. El débil crecimiento y la caída del petróleo serán duraderos. Ello favorece los viejos reflejos de encierro y dar la espalda a la valoración del país en el mundo. El cambio de señales se lee en la decisión de pagar los costos de la confrontación con la comunidad internacional de derechos humanos si acota su escrutinio o en el freno desde la Consejería Jurídica de Presidencia a las leyes sobre tortura y desaparición forzada para cerrar ese frente y evitar la visita del relator Méndez.

También, en la inasistencia del Presidente a la Cumbre sobre Droga, denota la falta de una postura clara sobre cambios en la política de seguridad a pesar del debate que convocó respecto a la legalización de la mariguana. El repliegue desde Los Pinos incluye, en cambio, una nueva estrategia contra el discurso xenófobo de Trump que puede ser electoralmente rentable, independiente de su pertinencia.

¿Por qué arriesgar imagen e interlocución con el exterior en temas sensibles como derechos humanos o seguridad? Hoy comienzan a tener más peso los factores internos, los político-electorales, ante el debilitamiento del proyecto de reformas que privilegiaban la apertura y la construcción de un ambiente de confianza para inversionistas y oportunidades de negocio.

En ese cambio de valoración de costos políticos se inscribe el endurecimiento del gobierno hacia el GIEI y la confrontación con la CIDH a niveles que no se veían desde la época del nacionalismo autoritario del siglo XX. La cuenta del gobierno es que su participación en Ayotzinapa ni siquiera redunda en confianza hacia la investigación y en su capacidad para resolver la crisis de derechos humanos. Y en cambio, su empantanamiento acabó por ser un freno a las reformas y genera una imagen de debilidad que se reflejará en las preferencias electorales. El temor de arriesgar su base electoral sin poder ofrecer en 2018 los beneficios de las reformas fortalece las posiciones que exigen retomar el control y no ceder al “chantaje”.

Los duros creen que mantener abiertos esos expedientes obstaculiza la marcha de las reformas y por eso prefieren frenar leyes de desaparición o tortura. Sin embargo, el repliegue coge fuera de la base a secretarios bien posicionados hacia 2018 como Osorio Chong, que abrió las puertas a la colaboración con el GIEI y lideró el debate sobre la mariguana. En las últimas semanas hizo fuertes críticas al diagnóstico de la “guerra contra el narco” y anunció una nueva política de drogas, pero el desdén hacia la Cumbre refleja que también en la política de seguridad se imponen el statu quo y las posiciones más reactivas a su revisión. Son esas mismas las posiciones que desde la Consejería Jurídica de Presidencia han frenado leyes en el Congreso como parte del endurecimiento de la política interior.

El resorte del control se activa cuando las políticas fracasan en la entrega de resultados o son rebasadas por las circunstancias. Descansan en el argumento fácil de perder el poder en la siguiente elección, pero ensimismarse en las decisiones suele incubar autoritarismo.

Por José Yusté

Carlos Slim regresa a las compras y, bajo su sello personal, vuelve a tomar una gran oportunidad para comprar una empresa barata con gran potencial en su gestión. Es su especialidad. Pero esta vez no lo hace en México. Ni siquiera en América Latina. El olfato inversor del empresario mexicano lo llevó a España, para aprovechar la crisis del ladrillo, que arrojó grandes constructoras y firmas inmobiliarias a precios baratísimos.

Slim Helú acaba de adquirir la famosa constructora española FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, junto con sus empresas asociadas, Realia, la firma de bienes raíces, y la cementera Cementos Portland. Fue un camino que tomó desde 2014. Y, tras varios aumentos de capital (el último fue de 700 millones de dólares), por fin llegó a la OPA (Oferta Pública de Adquisición), al tener más de 30% de las acciones. La operación ya fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV de España. Se calcula que el nuevo conglomerado de compañías de Slim vale tres mil 400 millones de euros por su valor bursátil. Lo más importante no es tanto el valor actual, sino el potencial. La economía española volvió a la senda del crecimiento y traerá uno de los motores esenciales de ese crecimiento (el boomespañol), la construcción y los bienes raíces. Ahí es donde Slim quiere estar.

En España, desde fútbol hasta construcción

Es curioso. El empresario mexicano, dueño de Telcel y Telmex, no había querido, o podido, entrar a España ni a Europa en general, por ser mercados maduros, con empresas caras que, además, estaban en euros. Sin embargo, la crisis española le dio la oportunidad. Y no la desaprovechó. No es la primera incursión de Slim en España. Ya lo había hecho con Real Oviedo, un equipo de futbol de segunda división, o también con acercamientos en La Caixa con Inbursa, o con el operador móvil Yoigo, donde apenas comenzó su inversión (tiene el 3%, pero ya lo conoce: ve el negocio, lo analiza y puede dar el zarpazo).

Compra oportunidad, mejora gestión

Regresó el olfato de inversionista de Slim. Así fue en la década de los ochenta y noventa, cuando se hizo de un conglomerado de empresas a bajos precios y con gran potencial para gestionarlas mejor. En el camino de los años, algunas las vendió, como Cigatam, Loreto y Peña Pobre, Química Fluor, Ferrosur o El Globo. Otras forman hoy su grupo empresarial, donde destaca la evolución de Condumex. Ahora tiene las empresas reunidas en su actual grupo empresarial, Carso, encabezado por Sanborns y Condumex, y donde encontramos desde tiendas comerciales, como las mismas Sanborns y Saks Fifth Avenue, hasta Minera Frisco, Inmuebles Carso (donde tienen Plaza Carso en Polanco) o entrando al negocio petrolero con Tabasco Oil Company en Colombia y donde, hoy en día, se consolidan esos esfuerzos en Carso Energy (por si alguien duda de que está aprovechando la Reforma Energética). Y ni qué decir de Carso Infraestructura y Construcción.

Carlos Slim siempre se lleva bien con los números. Suele tener una calculadora cerca y buena vista (textual, tiene buena vista) para ver los números. Ahí estaba la oportunidad en España y la tomó. FCC pertenecía a una de esas familias que hicieron fortuna durante el franquismo, la de Ernesto Koplowitz, que al heredar a sus hijas también heredó deudas y, con la crisis del ladrillo desatada por la recesión de 2008, la deuda de FCC pesó demasiado. Las hermanas Koplowitz (en particular Esther) buscaron socios internacionales. Vieron a George Soros. No se animó. Vieron aCarlos Slim y el empresario mexicano empezó a estudiar FCC, el potencial constructor por recuperar y las firmas aliadas, como Retalia en bienes raíces y Cementos Portland.

Slim y su familia van a hacer lo que saben: gestionar mejor, operar la empresa. No dejar que los costos se salgan de control, pero invertir en darle potencial a la empresa. Así, Slim entra a España y a Europa, donde le había costado trabajo. Curiosamente, entra por una de las patas de su grupo, la de construcción y bienes raíces, a través de Inmobiliaria Carso, pero no por donde se pensaba, la pata de las telecomunicaciones (el esfuerzo para adquirir KPN, holandesa, no pudo concretarse ni comprar 100% de la compañía). El olfato inversionista de Slim regresó. Tómelo en cuenta, porque el tema de la construcción no es menor en España ni en México, sobre todo después de las crisis de las vivienderas, por un lado, y de ICA, por construcciones con el gobierno. Y Slim va por la construcción, su olfato inversor no le está mintiendo.
 
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