En el marco de la visita de Estado que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realiza a Alemania entre el 11 y 12 de abril, ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta sobre acción climática, transición energética y biodiversidad. Allí se enumeran un listado de compromisos bilaterales entre los que destacan la voluntad de impulsar visiones compartidas, en especial la implementación del Acuerdo de París, adoptado en la 21a Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Se señala también el impulso de ambos gobiernos para que en sus respectivas naciones se aumente el porcentaje de generación de energías limpias. En apego los objetivos de la XIII Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se celebrará en Cancún, México, en diciembre de 2016, se destacó la incorporación de criterios de conservación y uso sustentable de la biodiversidad en los sectores productivos como la agricultura, bosques, pesca y turismo.

El presidente Peña Nieto reconoció el apoyo de Alemania a México mediante la Iniciativa Internacional del Clima (IKI, por sus siglas en alemán), que desde 2008 ha permitido ejecutar proyectos climáticos por un total aproximado de 700 millones de euros. Por su parte, la canciller federal, Angela Merkel, reconoció el liderazgo del Gobierno de la República al haber logrado que México fuera el primer país en desarrollo en presentar su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC) con metas ambiciosas, integrando al mismo tiempo criterios de adaptación, género y forzadores climáticos de vida corta. Adicionalmente, Alemania compartirá su experiencia con México para el desarrollo del mercado mexicano de carbono, incluyendo un sistema de comercio de emisiones.

Los dos jefes de gobierno se comprometen a buscar el apoyo de otras economías emergentes para contribuir al Fondo Verde para el Clima (FVC), siguiendo el ejemplo de México que, en opinión de la canciller Merkel, tuvo una ejemplar contribución al mismo.

Asimismo, ambos países continuarán trabajando en el seguimiento a los compromisos expresados en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo el apoyo alemán a México para lograr el objetivo de alcanzar en 2018 la Meta 11 de Aichi, particularmente a través de

asignaciones financieras destinadas al fortalecimiento de las áreas naturales protegidas de la región de la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México.

Finalmente, las dos naciones continuarán realizando acciones conjuntas de cooperación hacia América Latina y el Caribe, como un elemento esencial para garantizar que el desarrollo sostenible reconozca el papel de la biodiversidad como un componente transversal en la implementación de la Agenda 2030 y los ODS.

Para México, Alemania es el primer socio cooperante en materia de medio ambiente y recursos naturales, en tanto que para el país europeo México es un socio estratégico y su puerta de entrada en América Latina y el Caribe.

LA HABANA (Reuters) – El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron el martes un acuerdo clave que permitirá resarcir a las víctimas del conflicto armado y decidieron crear un tribunal especial que impondrá sanciones a los responsables de actos de violencia, una vez que las partes logren un pacto de paz definitivo.

Después de más de medio siglo de confrontación armada y el fracaso de tres negociaciones anteriores, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos parecen estar listos para renunciar a las armas y poner fin a un conflicto que ha dejado 220.000 muertos.

El histórico acuerdo establece que los integrantes de la guerrilla y los efectivos de las Fuerzas Militares que acepten sus responsabilidades en delitos cometidos en medio del conflicto y confiesen la verdad podrán recibir una sanción de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad, pero no cárcel.

“Esperamos que con la implementación de este y de todos los acuerdos se asegure la dignificación de las víctimas, se haga justicia y se sienten las bases para acabar para siempre con la violencia del conflicto”, dijo un comunicado conjunto.

El acuerdo sobre víctimas, que incluye verdad, justicia, reparación y no repetición, y que prohíbe amnistías e indultos para los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, fue uno de los más difíciles de alcanzar.

“Tal vez es el punto más importante de los cinco que previamente habíamos establecido para terminar este conflicto de más de 50 años. El de justicia era el más complejo, el más difícil. Es un paso muy importante para poder terminar pronto el conflicto”, dijo el presidente Santos.

“¡Nunca antes estuvimos tan cerca de un acuerdo definitivo!”, agregó el mandatario en un acto de Gobierno en Colombia.

El grupo rebelde y el Gobierno estuvieron discutiendo ese punto durante 18 meses, que se caracterizaron por fuertes tensiones y hasta amenazas de levantarse de la mesa y dejar de lado un proceso que se inició en noviembre de 2012.

VIGILANCIA Y BUENA FE

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, explicó que la restricción efectiva implica disponer de mecanismos idóneos de vigilancia y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal.

“Seamos claros, hemos dicho siempre que no habrá prisión en estos casos”, dijo de la Calle en una conferencia de prensa en la que reiteró que no serán objeto de amnistía ni indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

Tampoco se podrá indultar la desaparición forzada, la violencia sexual, la sustracción y reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado.

El jefe de los negociadores de las FARC, Iván Márquez, dijo que todas las partes implicadas en el conflicto asumen la responsabilidad de reparar a las víctimas con trabajo personal y colectivo, con decisiones políticas y aportes materiales.

“Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de estas”, afirmó el jefe guerrillero.

Ahora, las partes se concentrarán a partir de enero en la discusión de un cese bilateral y definitivo del fuego, que silenciará los fusiles antes de que se firme, posiblemente en marzo, un acuerdo final y concluyente.

“Estamos listos a firmar y a decretar ese cese al fuego bilateral y definitivo ya, pero necesitamos tener todo lo que es necesario para que sea verificable y efectivo”, sostuvo Santos, quien dijo que aún hay puntos importantes por resolver.

En cualquier otra parte, Gilberto Valladares podría pasar como un microempresario con responsabilidad social, pero en Cuba es un peluquero independiente que aún lucha para que no lo tilden de “antirrevolucionario” por prosperar.

Durante 12 años, ‘Papito’ Valladares, un estilista de 46 años cortado al rape, trabajó como peluquero para el Estado comunista, que por igual maneja sectores estratégicos como fabrica y vende pizzas, ron y puros.

A partir de 1999, Valladares comenzó a cortar cabello por su cuenta hasta convertirse en un microempresario que emplea cubanos y lidera un proyecto comunitario -que incluye la formación de jóvenes con problemas auditivos en su oficio- en la misma cuadra donde atiende su peluquería, en el centro de La Habana.

¿Es un emprendedor con sensibilidad social? No, Valladares es un “cuentapropista” -el término empresario privado está proscrito del lenguaje revolucionario socialista-, uno de los muchos que surgieron a la luz del lento proceso de apertura económica que tomó fuerza después de 2008 con Raúl Castro en el poder.

– Ser “próspero y bueno” –

Como parte de los cambios, el gobierno reconoció que debía reducir su abultada nómina de empleados. El 10% de la fuerza laboral – medio millón de cubanos – trabaja independiente, pero aún con el impulso estatal, hay “resistencia” y gente que los “marca políticamente como contrarrevolucionarios”.

Cuando empecé un “95% de los peluqueros eran del sector estatal; hoy el 95% de los peluqueros son del sector privado”, afirma Valladares a la AFP.

“No se puede juzgar a la revolución por haber sido paternalista” pero, agrega, “hoy no creo que ya tenga el mismo peso porque la gente se recuesta, entonces el gobierno se va desangrando”.

Y evoca: “en las peluquerías del Estado todos los compañeros decían: ‘si esto fuera mío, yo lo pinto, lo arreglo…'”. Pero cuando el Estado arrendó salones a los cuentapropistas, muchos descubrieron que no tenían “alma de emprendedor”.

Hay cubanos que prefieren estar como antes porque el “Estado les ponía todo y ganaban un salario. Ahora tienen que pagar luz, agua; tienen que pintar, arreglar, comprar sus productos…unos avanzaron como emprendedores y otros se quejan porque tienen que trabajar más”.

También es “normal que en este proceso de cambio, adaptación, todavía haya resistencia y una de las cosas que trato es que el sector cuentapropista no se vea como un sector contrarrevolucionario”, insiste Valladares, a quien en vez del credo igualitario le gusta hablar de prosperar para reinvertir en la sociedad.

Por lo pronto, este cubano – que compartió su experiencia pionera con el presidente Barack Obama durante su visita a La Habana en marzo – espera que el Congreso del Partido Comunista, máximo órgano de decisión y que se instalará este sábado, conceda más apertura al todavía incipiente sector privado.

“Necesitamos suministros de calidad el año entero, y no los tenemos, y eso, creo, estimula un mercado negro”, menciona.

Valladares engloba en una frase de José Martí, héroe nacional, su idea de prosperidad, intentando dejar en claro que no sueña con una Cuba capitalista al estilo estadounidense.

“Martí siempre decía: ser próspero para ser bueno, y yo creo que no solo se refería a la prosperidad económica, sino también del individuo, del ser humano, de compensar (en la sociedad) esa riqueza” o lo que es lo mismo: “que la sociedad cubana acepte finalmente al cuentapropista como parte de la cultura y como parte de una de las soluciones económicas de este país”.

NEW DELHI (AP) — Un total de 13 países con poblaciones de tigres acordaron hacer más para proteger los hábitats de los felinos, que se están reduciendo drásticamente a causa de deforestación y urbanización, dijeron el viernes los conservacionistas.

Representantes de los países asiáticos con tigres, reunidos esta semana en Nueva Delhi, emitieron una resolución en la que reconocen que los bosques en los que viven los animales son inherentemente valiosos y merecedores de protección.

Esos bosques pueden ayudar a preservar el crecimiento económico al proteger reservas de agua, mejorar la calidad del aire y proveer hogar no solamente para los tigres, sino también pájaros, ranas y diversos mamíferos.

“Previamente, siempre ha habido ese conflicto de desarrollo versus conservación, como si los países tuviesen que optar por uno o lo otro”, dijo Sejal Worah, directora del Fondo Mundial de la Fauna en India.

“Pero en esta resolución se expresa claramente que el capital natural es importante para la economía de un país”, dijo. “Los países entienden que preservar el hábitat de los tigres no perjudica el crecimiento”.

Todos los países con tigres están en Asia: Bangladesh, Bután, Camboya, China, India, Indonesia, Laos, Malasia, Mianmar, Nepal, Rusia, Tailandia y Vietnam. India tiene la mayor cantidad, por amplio margen, con unos 2.500. Ninguno de los otros tiene más de 500 y algunos solamente tienen un puñado.

Muchos de los países tienen poblaciones humanas en crecimiento y economías en rápido desarrollo. Para 2022, quieren aumentar al doble la población mundial de tigres, del nivel más bajo de todos los tiempos —3.200— registrado en 2010.

El lunes, grupos conservacionistas anunciaron que el total mundial de tigres había subido a 3.890, de acuerdo con datos de 2014-15. Eso marcó el primer incremento en la población de tigres en la naturaleza en más de un siglo, pero no significa necesariamente que había más tigres. La cifra pudiera indicar simplemente que los métodos para contarles están mejorando, con sistemas más modernos, como cámaras ocultas y análisis de ADN en heces.

Un incremento real del número de tigres sería difícil de explicar teniendo en cuenta el hecho de que sus hábitats se están reduciendo rápidamente. En apenas cinco años, los tigres perdieron 40% de su hábitat natural restante, de acuerdo con la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.

Los peruanos afiliados al sistema privado de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán a partir de los 65 años, edad de jubilación, retirar el 95,5% de sus aportes, según una norma aprobada por el Congreso.

La norma que había sido observada por el presidente Ollanta Humala por considerarla inconstitucional y que supondría incumplir tratados internacionales, fue aprobada la noche del jueves con el voto de 84 parlamentarios y 2 en contra, de un congreso unicameral de 130 legisladores.

Esta ley contó con el apoyo total del grupo liderado por Keiko Fujimori, quien deberá disputar con el candidato de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski la presidencia de Perú en segunda vuelta el 5 de junio.

El legislador de Perú Posible, Modesto Julca, que apoyó la norma en el plenario, dijo a la prensa que la comisión de Economía que él preside rechazó por unanimidad las observaciones de Humala “porque ese dinero que tienen las AFPs son de los trabajadores y ellos pueden disponer cuando deseen jubilarse del 95,5% de sus aportes, el resto es para el pago del seguro social”.

Según la ley de jubilación en Perú, el trabajador de ambos sexos puede jubilarse a partir de los 65 años, aunque no es obligatorio. Sus aportes, de acuerdo a su elección, pueden estar en el sistemas estatal de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o en el privado AFP.

El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, señaló que la decisión de retirar el 95,5% de fondos de la AFP requería mayor reflexión: “Hay múltiple evidencia internacional sobre la necesidad de que la población en la etapa de la vejez cuente con una pensión, y uno de los componentes de esa ley van en contra de la situación”, dijo a la emisora RPP.

“Les estamos dando la oportunidad que el afiliado decida, libre, consciente y responsablemente ya que es dueño de su dinero y puede disponer de su aportes”, justificó por su parte el legislador opositor Jaime Delgado ante la prensa.

Antes de ser aprobada esta norma en el Parlamento, los trabajadores podían tener al e jubilarse sus aportes retenidos por dos años en la AFPs y recibir un sueldo mensual que se descontaba del total. Pero luego el saldo de ese fondo pasaba obligatoriamente a un aseguradora y ésta entregaba una pensión mensual en forma vitalicia o por el tiempo que el pensionista considere conveniente.