En las dos últimas semanas el tema de noticia y de análisis
social y político se relaciona con Escudo Yucatán. La serie de medidas que el
poder ejecutivo del estado dio a conocer para reforzar la seguridad en la
entidad.

No podemos pasar por alto la gravedad en seguridad que hay
en varias regiones del país. Especialmente en el centro y norte de la República
Mexicana. Hay entidades donde la extorsión alcanza niveles que insultan a la
inteligencia y al orden legal establecido. Regiones donde no se respeta el cumplimiento
de las leyes que garantizan la paz y la armonía social. Es la ley de la
barbarie, del más fuerte que se impone por encima de la razón y de los derechos
humanos elementales.

Yucatán hemos vivido a lo largo del mismo tiempo en paz. No
hay un más allá de determinados casos de intentos de una delincuencia
organizada que ha encontrado una defensa férrea de la integridad de las
personas y el patrimonio de los yucatecos.

Sin embargo, no se deben bajar la guardia. Es necesario
reforzar lo que se tiene, así como también, de buscar mejorar con medidas que
consoliden la convivencia social en paz y armonía social. No es tarea menor en
el compromiso de la autoridad, pero también de los habitantes en la entidad,
hacer los esfuerzos para implementar medidas que nos den una mayor certidumbre
jurídica y una mayor seguridad social.

Es cierto que el Estado como autoridad tienen la tarea de la
prevención y persecución de los delitos. La nueva reforma penal establece
claramente que se debe buscar proteger al inocente, defender a la víctima,
reparar el daño, pero más importante, no dejar impune el delito. Sabemos que la
impunidad, el no castigo y sanción, es la principal queja de una ciudadanía que
siente y percibe que el gobierno no hace nada en contra de quienes delinquen,
que dañan y lastiman a los individuos y a la sociedad.

Es por ello que las medidas que se desean implementar
resultarán eficaces para reforzar la seguridad en la entidad. No se parte desde
una perspectiva unipersonal del poder ejecutivo, sino que exige la
complementariedad de los otros dos poderes del estado: el legislativo y
judicial. En el caso del primero en la discusión y aprobación del marco
jurídico que otorgue la fundamentación legal a las acciones del ejecutivo: pero
al mismo tiempo, involucra al judicial en los casos de análisis de casos
enmarcados en la conducta de robo a domicilios y comercios donde se prevé una
mayor severidad en las sentencias penales.

Sobre este último punto, el grupo de Indignación de acuerdo
a un boletín de prensa publicado se dice preocupado porque el aumento de las
penas en casos de robo a domicilio y comercios constituye un supuesto retroceso
en derechos humanos. Lo que significa que para ellos los que atentan contra los
bienes patrimoniales de los individuos y familias no merecerían un castigo
ejemplar. ¿Y los derechos de las víctimas? ¿No es también indignante que una
familia, con la realidad económica del país que provoca dificultad para hacerse
patrimonio, sufra menoscabo de este?

La reforma penal precisamente quitó la verdad absoluta e
inquisitiva a los poderes ejecutivos para abrir en debate público las
diferencias y litigación de las causas penales. Esto para garantizar la
presunción de inocencia, exigiendo con ello una investigación más profesional y
científica para sustentar las responsabilidades penales. Por ello, también se establece
la creación de un Instituto de Ciencias Forense y la especialización de una
policía investigadora. Ambos casos para mejorar los procesos de investigación
que permitan una mayor certeza jurídica en la acusación. El que tenga
responsabilidad que pague su deuda con la sociedad.

Escudo Yucatán no solo es tarea del gobierno, aunque éste
tenga en sus facultades la coacción para exigir el cumplimiento de la ley. Al
final, todos los habitantes de Yucatán tenemos un compromiso con nuestro
Estado: apoyar en las medidas que tienden a consolidar una mayor seguridad.

La corresponsabilidad está en sumarnos a este esfuerzo.
Empezar desde la casa de uno a escudarnos por Yucatán.

Sigamos construyendo una sociedad más segura, más justa. Una
sociedad donde tengamos la gobernabilidad y el respeto a las diferencias
políticas. Que sea el diálogo y el consenso lo que nos permita avanzar en la
resolución de los problemas encontrando los puntos coincidentes y benéficos
para la colectividad.

PRIMER EJEMPLO: cuando algunos políticos afirman que “la
inseguridad tiene relación directa con los índices de pobreza”.

REFLEXIÓN: Suficiente problema tiene el pobre con vivir
en la pobreza, para que -además- venga un político a considerarlo como
“delincuente en potencia”. Es una ofensa imperdonable a millones de mexicanos
que nacen, crecen, viven y mueren en la pobreza con absoluta dignidad, sin
haber delinquido jamás. Es lógico que los sociólogos, psicólogos y
criminalistas hagan valoraciones científicas sobre la influencia del entorno
familiar, las condiciones socioeconómicas y la educación, para entender la
formación de un delincuente. Pero políticos y gobernantes no pueden expresar
una conclusión tan simplista y falaz como considerar la pobreza como caldo de
cultivo exclusivo de la delincuencia.

SEGUNDO EJEMPLO: Cuando algunos políticos y funcionarios
gubernamentales afirman que “la corrupción es un problema de orden cultural”,
propio de nuestra “condición humana” (conclusiones expresadas antaño por el Presidente
Peña Nieto y –esta misma semana- por Virgilio Andrade, Secretario de la Función
Pública)

REFLEXIÓN: Pareciera que la conclusión gubernamental se
asemeja a aquel viejo y patético dicho que dice “estamos como estamos porque
somos como somos”. Soy de la opinión de que lo anterior es una barbaridad.
Pensar que la corrupción tiene un origen cultural es falso. Concluir que
nuestra condición humana es de naturaleza corrupta es, a todas luces, una
estupidez mayúscula. Aceptar la corrupción como fenómeno cultural equivale a
renunciar a toda posibilidad de modernizar al país.

Cuando el Presidente
o el Secretario de la Función Pública afirman que la corrupción es un
problema cultural le están diciendo a la ciudadanía que poco o nada pueden
hacer para revertir este problema, dado que modificar la cultura o los hábitos
no es algo que se pueda hacer en un sexenio. Vaya pues…

Coincido con León Krauze cuando éste replicó al
Presidente Peña Nieto sus afirmaciones. Krauze argumentó acertadamente que en
Estados Unidos viven “más de 13 millones de mexicanos dispuestos a pagar sus
impuestos, a no transgredir las señales de tráfico y a obedecer las leyes”. El
periodista concluyó que la corrupción entonces no es un asunto relacionado con
la cultura de las personas, sino con el funcionamiento de las instituciones. Y
esa realidad no sólo se observa en los connacionales que viven permanentemente
allá. Cualquier mexicano que cruza el río Bravo o que viaja por vía aérea o
carretera a diversas regiones de los Estados Unidos, se comporta como lo hacen
los ciudadanos norteamericanos, es decir, obedeciendo la ley.

Visto lo anterior, resulta terrible y preocupante que
nuestras autoridades consideren que el
combate a la corrupción en México verá sus frutos cuando se produzca
(tal vez en la próxima glaciación) un “cambio cultural” o una transformación de
nuestra “condición humana”.

Considerar a la corrupción como un asunto de índole
cultural es un grave error, porque equivale a la claudicación del Estado, bajo
la falaz premisa de que “el tiempo lo resolverá”. Es perpetuar una política de
abusos, impunidad y privilegios que tanto daño ha hecho a México. Es justificar
la corrupción del presente como “inevitable”, como parte de nuestra “esencia
nacional”.

Reitero la primera línea de este texto: Los políticos
hablan sobre todos los temas. Algunas veces, deberían callar.