Por: Jorge Valladares Sánchez.*
En Facebook y en Youtube: Dr. Jorge Valladares.
Ni Abrazos, Ni Balazos
Ni Estrategia, Ni Seguridad
Vamos puntualizando algunas cosas. Quizá sirvan para clarificar. Quizá para enfocar. Quizá mero desahogo. Quizá ni sirvan… Así, puntualizando, pues ya nos han traído de acá para allá con tanta palabrería vana y hasta perversa.
Como humanos, tenemos el derecho a la seguridad. Ello implica varios aspectos como la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio. Es una responsabilidad indelegable del Estado respetarlo y protegerlo. O sea, NO puede ejercer el poder en contra de ello y SÍ tiene que hacer lo necesario para brindarnos seguridad, aplicando el derecho y todos los recursos que le ponemos en manos a las autoridades. Este el país como esté o haya estado como haya estado, ese es el deber del Estado.
En mi punto de vista, ninguno de los gobiernos federales que he visto en México se ha logrado abstener de afectar nuestra seguridad y definitivamente todos han sido incapaces de contener la criminalidad o al menos hacer un manejo inteligente en ello, que nos permita justicia ante las violaciones a esos derechos.
En México, la Constitución, con todo y lo manoseada que ha sido en su siglo de existencia, prevé que contemos con este derecho y determina las bases de la seguridad y como ésta se concibe; en especial. el artículo 21 es el fundamento del sistema nacional de seguridad pública, que se conforma entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Al inicio de este sexenio el Presidente quería que el Congreso aprobara la formación de una guardia nacional de carácter militar, que sustituyera a la policía federal. La oposición acepto que se formara ese cuerpo, si se mantenía su carácter civil y se daba un plazo de 5 años para que el Ejecutivo lo desarrollara. Al no contar con los votos del oficialismo necesarios, así se estableció en la Constitución: la Guardia Nacional es civil, y el ejército podría apoyar en sus labores sólo por 5 años, para luego dejar de hacerlo, pues ya estaría conformada en su calidad de cuerpo civil de seguridad nacional.
Las funciones del ejército y sus limitaciones también están en la Constitución; y sólo tienen facultado actuar en apoyo en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente sólo en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Sin embargo, y sin pena alguna, se ha dispuesto de las fuerzas armadas para una multiplicidad conocida y grotesca de tareas, sin regulación, fiscalización, ni otro sector al que complemente. Es lo que muchas personas llaman la “militarización del país”.
Pasaron ya casi cuatro de esos 5 años. La policía federal fue inmediatamente desarticulada y nada se hizo por desarrollar la estructura, capacidades e implantación territorial de la Guardia Nacional civil que era obligación del Ejecutivo; sólo se cambió el uniforme de los policías federales que quedaron y de un número varias veces superior de soldados y marinos. Ello fue lo que generó la petición al Congreso para cambiar la Constitución en algo tan ridículo como que un transitorio pase de 5 años de plazo a 8. Ni siquiera se pidió ya que el artículo cambie de civil a militar. Ya se había complacido en leyes secundarias que el mando y la administración pase a las fuerzas armadas, como en los hechos estaba sucediendo por voluntad del Ejecutivo. Es lo que muchas personas llaman la “anticonstitucionalidad del Congreso y el Presidente”.
Como en varios otros temas que deberían ser fundamentales, hoy se habla en la política de seguridad pública sólo como una frase hueca, multi repetida, para alentar una discusión polarizante en cuanto a si hacer o no algo que la Constitución claramente dice que NO. O si cambiar la Constitución para que diga lo que el Presidente dice que SÍ. O si hacer una consulta pública para que la gente decida entre lo que el Presidente quiere, aunque la Constitución diga que no se puede, ni hacerlo, ni consultarlo. O si mejor no llamarle consulta pública para que la haga quien está impedido de hacerla y lo haga de modo que resulte que el Pueblo diga lo que el Presidente quiere y la Constitución prohíbe…
Los números oficiales de la seguridad pública señalan que estamos peor que nunca. Esos datos, los mismos, son compartidos por el Presidente como señal de que vamos bien y que su “estrategia de seguridad funciona”, por lo cual repite a quien quiera oírlo, y a quien no, que NO la va a cambiar. Hace unos días al fin logré escuchar de su voz que él le llamara la “estrategia de abrazos, no balazos” y también que tuviera la corrección de mantener un intercambio (en vez de los monólogos cotidianos) con un comunicador y le explicara que el problema es la forma de entender las estadísticas. En síntesis, haber estabilizado el número de muertes violentas en el punto más alto de la historia, que es donde lo dejó en 2018 el Presidente anterior, es la señal de que “vamos bien”, pues en caso distinto seguiría aumentando, y es lo que los medios deberían estar afirmando, en vez de cuestionar al Presidente y/o a su estrategia y/o a la guardia nacional y/o a los congresistas que complacen con su voto al Presidente.
“Abrazos, no balazos” es una de las ocurrencias que la persona, a la que luego le dimos el puesto de Presidente de la Republica, tuvo en uno de los debates en tiempos de su tercera candidatura al cargo. En ese momento no tuvo tanto rating, como otras suyas; supongo que por haber sido una mera evasiva (una de tantas) ante los cuestionamientos que le hacían sus competidores; y también porque fue superada, en lo llamativo, por su propia rima para su principal contrincante “Anayin, Canallín”, y en ridiculez por el “cortarle las manos a quien robe”, que le dio un par de puntos a su menor opositor.
No me queda tan claro en qué momento esa inocua frase pasó a convertirse en el contenido toral de la obligación que tiene el Ejecutivo de formular una Estrategia Nacional de Seguridad Pública. De hecho, creo que no fue él quien la denomino así, sino sus detractores como intento de ridiculizarlo, y como en tantas ocasiones, les falló. Hasta hace un par de días, no había escuchado a Andrés Manuel aceptar eso como nombre para su pretendida estrategia.
Al cabo del tiempo, como suele pasar en esta maldita posmodernidad, un conjunto importante de comunicadores y muchos de los comentarios en redes electrónicas dan por cierto que esa es la estrategia y no ha habido, hasta donde sé, quien salga de la oficina presidencial o de seguridad o de las fuerzas armadas a aclarar que “por supuesto que no”.
Incidentes grotescos, como el saludo a la madre de un conocido narcotraficante y la liberación de su hijo cuando ya lo tenían detenido las fuerzas armadas, se prestan a ser interpretados como un abrazo a la delincuencia; y, sin duda, lo es una decena de declaraciones del propio Presidente que ha sido más generoso y poético al referirse a los derechos, comportamiento y cualidades de delincuentes que a los de las víctimas de varios temas graves.
Lo verdaderamente relevante es que, en el momento debido, el Presidente sí entregó al Senado un documento denominado Estrategia de Seguridad Publica Nacional. Por supuesto, NO es responsabilidad de la ciudadanía evaluarlo, lo es del Senado, como lo establece la Constitución; pero es obviamente de incumbencia de todo mexicano/a contar con un instrumento bien pensado, aplicado y particularmente evaluado, que se pueda ajustar conforme a los resultados obtenidos.
Empiezo por establecer que dicho documento NO es una estrategia. Mintzberg y Waters (1985) indican que la estrategia es un modelo, específicamente, un patrón en un flujo de acciones; el diccionario de la lengua española la define como un proceso regulable, un conjunto de las reglas que buscan una decisión óptima en cada momento. Para no complicarlo digamos que en la redacción, especializada, de una estrategia tenemos que encontrar metas y formas específicas de tomar decisiones, una vez planteado con claridad y precisión el “enemigo” al que se pretende vencer con ese actuar inteligente y sistemático. Partiendo de un diagnóstico, se visualiza el camino más certero, pero flexible, con alterativas, para alcanzar el mejor resultado deseable y medible.
En cambio, el documento que recibió el Senado contiene un listado de títulos que en apariencia podrían parecer una estrategia incompleta, pero ya al leerla detectamos que sólo une un apartado de apreciaciones, descalificaciones y promesas con dos datos aislados bajo el título de Diagnóstico y luego una lista de 8 bonitas ideas, apreciaciones y menciones sobre el actuar pasado que denominan Objetivos, y 7 ocurrencias más o menos desarrolladas llamadas Estrategias Específicas. Ni siquiera hay la apariencia de señalar metas, plazos, recursos, programación o mecanismos de evaluación. No es, simplemente no es, un documento que describa una auténtica estrategia para un tema tan sensible y relevante para la ciudadanía mexicana.
Y, sí, de las diversas “estrategias” a las que tiene obligación quien ejerce el Poder Ejecutivo, no he logrado hallar una que efectivamente corresponda con el concepto de estrategia. Como en muchos otros temas técnicos y administrativos, el respaldo popular tan alto de este gobierno que elegimos es inversamente proporcional a su capacidad de cumplir sus deberes y sus promesas. Igual que todos los anteriores, no logra brindarnos la seguridad que debe proveernos; pero otros al menos hacían la simulación de planeación en los documentos, aunque luego los dejaran en el escritorio. Ahora no se hacen estudios o planes ni siquiera en los elefantes blancos, y hasta el trazo de un mega tren se puede cambiar a capricho y con las consecuencias que sean para la naturaleza y la población y sin consecuencias para quien cobra y gasta nuestros recursos (aunque en esto último, siempre ha sido así).
Hasta aquí, un documento mal hecho llamado estrategia y la destrucción de un cuerpo nacional de policía desmantelado y suplido con las fuerzas armadas, sin construir lo que estaban obligados a hacer en 5 años, habiendo ya pasado 4, y sin señal alguna de que piensen hacerlo. Incumplimiento del Ejecutivo.
Pero demos una mirada al circo legislativo, sin detenernos mucho a los puntos más grotescos que quieren que veamos, como lo son sus arrebatos y enfrentamientos verbales llamativos, pero inútiles, que ellos/as llaman debate parlamentario; los madruguetes de siempre, que llaman “urgente resolución”, y la franca compra de dignidades, que llaman oportuno cambio de bancada. Hay una obligación constitucional del Senado de evaluar esa “estrategia” al recibirla y cada año.
Como suelen hacer, en esa simulación de división de poderes llamada Senado, el documento fue aprobado en 2019 sin que valiera discusión alguna. Primer incumplimiento de lo sustancial de su función.
La ley tiene esa horrible costumbre de establecer lo que una autoridad debe hacer sin indicar el significado o criterios que se deben cumplir, de modo que la ciudadanía pueda valorar si la están cumpliendo o no. Así que ellos/as dirán (dicen) que cumplieron con aprobarla, pero al no detectar la baja calidad del documento y no exigir fuera corregido, en realidad solo simularon cumplir tal función, lo dejaron pasar.
Hay una segunda función claramente establecida, relativa a la evaluación de la estrategia en sus resultados cada año. Y es allí donde afirmo que lamentablemente es de ellos y no nuestra la facultad para decidir si se está haciendo lo correcto. Nuevamente la simulación: no ha habido por parte de la bancada mayoritaria más que apreciaciones en el sentido de que si el Presidente dice que va bien, va bien y ya.
En la tercera “evaluación” de acuerdo con un análisis del propio instituto encargado de orientar al Senado, Morena sólo ha propuesto un punto de acuerdo para que se instalé un consejo para la construcción de paz, que debió instalarse desde el principio, y por parte de la oposición dos señalamientos de que “se evalúe la estrategia, porque va mal”.
Así que otra de los conceptos que en el discurso político se usan en el vacío es el de la estrategia de seguridad. Ni hay estrategia, ni hay seguridad. Pero no es eso lo que importa, sino alentar la polarización, desde un lado, y desacreditar al oficialismo, desde el otro.
Más distractores: ¿Queremos, confiamos, deben quedarse o no los militares?… La militarización NO es el tema fundamental para la ciudadanía en cuanto a los reclamos que puede tener sobre seguridad pública, pero ese distractor sí mantiene fuera de foco que la seguridad para la ciudadanía tendría que reflejarse en la prevención de situaciones de inseguridad que perciben el 66% de las personas en México (y ciertamente le ocurren) y reflejarse en la investigación de los casos, el castigo a las personas culpables y la compensación o reparación del daño a las víctimas. Pero de eso no se habla en la política.
Así que a falta de mecanismos de participación ciudadana constitucionalmente ejecutados, hagamos nuestro propio sondeo participativo:
1. ¿Consideras que los funcionarios/as del Poder Ejecutivo están garantizando la seguridad a la que tiene derecho, para ti y tu familia?
a. Sí b. No c. ja, ja, ja d. prefiero hacer mi propio sondeo participativo
2. ¿Consideras que los funcionarios/as del Poder Legislativo te representan o toman decisiones por la ciudadanía más que por sus propios intereses?
a. Sí b. No c. ja, ja, ja d. prefiero hacer mi propio sondeo participativo
3. Consideras que las ideas compartidas en este artículo te sirven para:
a. Aclarar b. Enfocar c. reírme del autor d. nada
Mientras me llegan sus respuestas, hago el conteo y valido los resultados, termino diciendo que me quedan a la vista los riesgos de que ese tema, así como muchas otras funciones que deberían ser civiles se estén entregando atropellada e ilegalmente a los militares; así como también reitero el voto de confianza que les hemos dado, pues son una de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía junto, con las universidades y las iglesias. Pero también me queda claro que 16 años de la presencia del ejército en esa tarea, donde personalmente creo que sí deben apoyar, no han llevado a que disminuya el enorme problema, y los últimos 4 (donde se desmanteló lo construido, todo ha sido militar y la fuerza es cuatro veces mayor) han tenido peores resultados. Está gravemente comprometida la factibilidad de que un siguiente gobierno pueda brindarnos el servicio civil que requerimos y que nunca se ha logrado. Y ese, sí es el punto, veo yo.
*Jorge Valladares Sánchez
Papá, Ciudadano, Consultor.
Doctor en Derechos Humanos.
Doctor en Ciencias Sociales.
Psicólogo y Abogado
Representante de Nosotrxs en Yucatán
