Por: Jorge Valladares Sánchez.*
En Facebook y en Youtube: Dr. Jorge Valladares.
Ni Abrazos, Ni Balazos
Ni Estrategia, Ni Seguridad
Vamos
puntualizando algunas cosas. Quizá sirvan para clarificar. Quizá para enfocar.
Quizá mero desahogo. Quizá ni sirvan… Así, puntualizando, pues ya nos han
traído de acá para allá con tanta palabrería vana y hasta perversa.
Como
humanos, tenemos el derecho a la seguridad. Ello implica varios aspectos como
la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio. Es una responsabilidad
indelegable del Estado respetarlo y protegerlo. O sea, NO puede ejercer el
poder en contra de ello y SÍ tiene que hacer lo necesario para brindarnos
seguridad, aplicando el derecho y todos los recursos que le ponemos en manos a
las autoridades. Este el país como esté o haya estado como haya estado, ese es
el deber del Estado.
En mi
punto de vista, ninguno de los gobiernos federales que he visto en México se ha
logrado abstener de afectar nuestra seguridad y definitivamente todos han sido
incapaces de contener la criminalidad o al menos hacer un manejo inteligente en
ello, que nos permita justicia ante las violaciones a esos derechos.
En
México, la Constitución, con todo y lo manoseada que ha sido en su siglo de
existencia, prevé que contemos con este derecho y determina las bases de la
seguridad y como ésta se concibe; en especial. el artículo 21 es el fundamento
del sistema nacional de seguridad pública, que se conforma entre la federación,
las entidades federativas y los municipios. Al inicio de este sexenio el
Presidente quería que el Congreso aprobara la formación de una guardia nacional
de carácter militar, que sustituyera a la policía federal. La oposición acepto
que se formara ese cuerpo, si se mantenía su carácter civil y se daba un plazo
de 5 años para que el Ejecutivo lo desarrollara. Al no contar con los votos del
oficialismo necesarios, así se estableció en la Constitución: la Guardia Nacional
es civil, y el ejército podría apoyar en sus labores sólo por 5 años, para
luego dejar de hacerlo, pues ya estaría conformada en su calidad de cuerpo
civil de seguridad nacional.
Las
funciones del ejército y sus limitaciones también están en la Constitución; y
sólo tienen facultado actuar en apoyo en tanto la Guardia Nacional desarrolla
su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la
República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente sólo en tareas de
seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada
y complementaria”. Sin embargo, y sin pena alguna, se ha dispuesto de las
fuerzas armadas para una multiplicidad conocida y grotesca de tareas, sin
regulación, fiscalización, ni otro sector al que complemente. Es lo que muchas
personas llaman la “militarización del país”.
Pasaron
ya casi cuatro de esos 5 años. La policía federal fue inmediatamente
desarticulada y nada se hizo por desarrollar la estructura, capacidades e
implantación territorial de la Guardia Nacional civil que era obligación del
Ejecutivo; sólo se cambió el uniforme de los policías federales que quedaron y
de un número varias veces superior de soldados y marinos. Ello fue lo que
generó la petición al Congreso para cambiar la Constitución en algo tan
ridículo como que un transitorio pase de 5 años de plazo a 8. Ni siquiera se
pidió ya que el artículo cambie de civil a militar. Ya se había complacido en
leyes secundarias que el mando y la administración pase a las fuerzas armadas,
como en los hechos estaba sucediendo por voluntad del Ejecutivo. Es lo que
muchas personas llaman la “anticonstitucionalidad del Congreso y el Presidente”.
Como en
varios otros temas que deberían ser fundamentales, hoy se habla en la política
de seguridad pública sólo como una frase hueca, multi repetida, para alentar
una discusión polarizante en cuanto a si hacer o no algo que la Constitución
claramente dice que NO. O si cambiar la Constitución para que diga lo que el
Presidente dice que SÍ. O si hacer una consulta pública para que la gente
decida entre lo que el Presidente quiere, aunque la Constitución diga que no se
puede, ni hacerlo, ni consultarlo. O si mejor no llamarle consulta pública para
que la haga quien está impedido de hacerla y lo haga de modo que resulte que el
Pueblo diga lo que el Presidente quiere y la Constitución prohíbe…
Los
números oficiales de la seguridad pública señalan que estamos peor que nunca.
Esos datos, los mismos, son compartidos por el Presidente como señal de que
vamos bien y que su “estrategia de seguridad funciona”, por lo cual repite a
quien quiera oírlo, y a quien no, que NO la va a cambiar. Hace unos días al fin
logré escuchar de su voz que él le llamara la “estrategia de abrazos, no
balazos” y también que tuviera la corrección de mantener un intercambio (en vez
de los monólogos cotidianos) con un comunicador y le explicara que el problema
es la forma de entender las estadísticas. En síntesis, haber estabilizado el
número de muertes violentas en el punto más alto de la historia, que es donde
lo dejó en 2018 el Presidente anterior, es la señal de que “vamos bien”, pues
en caso distinto seguiría aumentando, y es lo que los medios deberían estar
afirmando, en vez de cuestionar al Presidente y/o a su estrategia y/o a la
guardia nacional y/o a los congresistas que complacen con su voto al
Presidente.
“Abrazos, no balazos” es una de las
ocurrencias que la persona, a la que luego le dimos el puesto de Presidente de
la Republica, tuvo en uno de los debates en tiempos de su tercera candidatura
al cargo. En ese momento no tuvo tanto rating, como otras suyas; supongo que
por haber sido una mera evasiva (una de tantas) ante los cuestionamientos que
le hacían sus competidores; y también porque fue superada, en lo llamativo, por
su propia rima para su principal contrincante “Anayin, Canallín”, y en
ridiculez por el “cortarle las manos a quien robe”, que le dio un par
de puntos a su menor opositor.
No me
queda tan claro en qué momento esa inocua frase pasó a convertirse en el contenido
toral de la obligación que tiene el Ejecutivo de formular una Estrategia
Nacional de Seguridad Pública. De hecho, creo que no fue él quien la denomino
así, sino sus detractores como intento de ridiculizarlo, y como en tantas
ocasiones, les falló. Hasta hace un par de días, no había escuchado a Andrés
Manuel aceptar eso como nombre para su pretendida estrategia.
Al cabo
del tiempo, como suele pasar en esta maldita posmodernidad, un conjunto importante
de comunicadores y muchos de los comentarios en redes electrónicas dan por
cierto que esa es la estrategia y no ha habido, hasta donde sé, quien salga de
la oficina presidencial o de seguridad o de las fuerzas armadas a aclarar que “por
supuesto que no”.
Incidentes
grotescos, como el saludo a la madre de un conocido narcotraficante y la
liberación de su hijo cuando ya lo tenían detenido las fuerzas armadas, se
prestan a ser interpretados como un abrazo a la delincuencia; y, sin duda, lo
es una decena de declaraciones del propio Presidente que ha sido más generoso y
poético al referirse a los derechos, comportamiento y cualidades de
delincuentes que a los de las víctimas de varios temas graves.
Lo
verdaderamente relevante es que, en el momento debido, el Presidente sí entregó
al Senado un documento denominado Estrategia de Seguridad Publica Nacional. Por
supuesto, NO es responsabilidad de la ciudadanía evaluarlo, lo es del Senado,
como lo establece la Constitución; pero es obviamente de incumbencia de todo
mexicano/a contar con un instrumento bien pensado, aplicado y particularmente
evaluado, que se pueda ajustar conforme a los resultados obtenidos.
Empiezo
por establecer que dicho documento NO es una estrategia. Mintzberg y Waters
(1985) indican que la estrategia es un modelo, específicamente, un patrón en un
flujo de acciones; el diccionario de la lengua española la define como un
proceso regulable, un conjunto de las reglas que buscan una decisión óptima en
cada momento. Para no complicarlo digamos que en la redacción, especializada,
de una estrategia tenemos que encontrar metas y formas específicas de tomar
decisiones, una vez planteado con claridad y precisión el “enemigo” al que se
pretende vencer con ese actuar inteligente y sistemático. Partiendo de un
diagnóstico, se visualiza el camino más certero, pero flexible, con
alterativas, para alcanzar el mejor resultado deseable y medible.
En
cambio, el documento que recibió el Senado contiene un listado de títulos que
en apariencia podrían parecer una estrategia incompleta, pero ya al leerla
detectamos que sólo une un apartado de apreciaciones, descalificaciones y
promesas con dos datos aislados bajo el título de Diagnóstico y luego una lista
de 8 bonitas ideas, apreciaciones y menciones sobre el actuar pasado que
denominan Objetivos, y 7 ocurrencias más o menos desarrolladas llamadas Estrategias
Específicas. Ni siquiera hay la apariencia de señalar metas, plazos, recursos,
programación o mecanismos de evaluación. No es, simplemente no es, un documento
que describa una auténtica estrategia para un tema tan sensible y relevante
para la ciudadanía mexicana.
Y, sí, de
las diversas “estrategias” a las que tiene obligación quien ejerce el Poder
Ejecutivo, no he logrado hallar una que efectivamente corresponda con el
concepto de estrategia. Como en muchos otros temas técnicos y administrativos,
el respaldo popular tan alto de este gobierno que elegimos es inversamente
proporcional a su capacidad de cumplir sus deberes y sus promesas. Igual que
todos los anteriores, no logra brindarnos la seguridad que debe proveernos; pero
otros al menos hacían la simulación de planeación en los documentos, aunque
luego los dejaran en el escritorio. Ahora no se hacen estudios o planes ni
siquiera en los elefantes blancos, y hasta el trazo de un mega tren se puede
cambiar a capricho y con las consecuencias que sean para la naturaleza y la
población y sin consecuencias para quien cobra y gasta nuestros recursos (aunque
en esto último, siempre ha sido así).
Hasta
aquí, un documento mal hecho llamado estrategia y la destrucción de un cuerpo
nacional de policía desmantelado y suplido con las fuerzas armadas, sin
construir lo que estaban obligados a hacer en 5 años, habiendo ya pasado 4, y
sin señal alguna de que piensen hacerlo. Incumplimiento del Ejecutivo.
Pero
demos una mirada al circo legislativo, sin detenernos mucho a los puntos más
grotescos que quieren que veamos, como lo son sus arrebatos y enfrentamientos
verbales llamativos, pero inútiles, que ellos/as llaman debate parlamentario;
los madruguetes de siempre, que llaman “urgente resolución”, y la franca compra
de dignidades, que llaman oportuno cambio de bancada. Hay una obligación
constitucional del Senado de evaluar esa “estrategia” al recibirla y cada año.
Como
suelen hacer, en esa simulación de división de poderes llamada Senado, el
documento fue aprobado en 2019 sin que valiera discusión alguna. Primer
incumplimiento de lo sustancial de su función.
La ley
tiene esa horrible costumbre de establecer lo que una autoridad debe hacer sin
indicar el significado o criterios que se deben cumplir, de modo que la
ciudadanía pueda valorar si la están cumpliendo o no. Así que ellos/as dirán
(dicen) que cumplieron con aprobarla, pero al no detectar la baja calidad del
documento y no exigir fuera corregido, en realidad solo simularon cumplir tal
función, lo dejaron pasar.
Hay una
segunda función claramente establecida, relativa a la evaluación de la
estrategia en sus resultados cada año. Y es allí donde afirmo que
lamentablemente es de ellos y no nuestra la facultad para decidir si se está
haciendo lo correcto. Nuevamente la simulación: no ha habido por parte de la
bancada mayoritaria más que apreciaciones en el sentido de que si el Presidente
dice que va bien, va bien y ya.
En la
tercera “evaluación” de acuerdo con un análisis del propio instituto encargado
de orientar al Senado, Morena sólo ha propuesto un punto de acuerdo para que se
instalé un consejo para la construcción de paz, que debió instalarse desde el
principio, y por parte de la oposición dos señalamientos de que “se evalúe la
estrategia, porque va mal”.
Así que
otra de los conceptos que en el discurso político se usan en el vacío es el de
la estrategia de seguridad. Ni hay estrategia, ni hay seguridad. Pero no es eso
lo que importa, sino alentar la polarización, desde un lado, y desacreditar al
oficialismo, desde el otro.
Más
distractores: ¿Queremos, confiamos, deben quedarse o no los militares?… La militarización
NO es el tema fundamental para la ciudadanía en cuanto a los reclamos que puede
tener sobre seguridad pública, pero ese distractor sí mantiene fuera de foco
que la seguridad para la ciudadanía tendría que reflejarse en la prevención de
situaciones de inseguridad que perciben el 66% de las personas en México (y
ciertamente le ocurren) y reflejarse en la investigación de los casos, el castigo
a las personas culpables y la compensación o reparación del daño a las víctimas.
Pero de eso no se habla en la política.
Así que a
falta de mecanismos de participación ciudadana constitucionalmente ejecutados,
hagamos nuestro propio sondeo participativo:
1. ¿Consideras que los funcionarios/as del Poder Ejecutivo
están garantizando la seguridad a la que tiene derecho, para ti y tu familia?
a. Sí b.
No c. ja, ja, ja d. prefiero hacer mi propio sondeo
participativo
2. ¿Consideras que los funcionarios/as del Poder Legislativo
te representan o toman decisiones por la ciudadanía más que por sus propios
intereses?
a. Sí b.
No c. ja, ja, ja d. prefiero hacer mi propio sondeo
participativo
3. Consideras que las ideas compartidas en este artículo te
sirven para:
a. Aclarar b.
Enfocar c. reírme del autor d. nada
Mientras
me llegan sus respuestas, hago el conteo y valido los resultados, termino
diciendo que me quedan a la vista los riesgos de que ese tema, así como muchas
otras funciones que deberían ser civiles se estén entregando atropellada e
ilegalmente a los militares; así como también reitero el voto de confianza que
les hemos dado, pues son una de las instituciones mejor evaluadas por la
ciudadanía junto, con las universidades y las iglesias. Pero también me queda
claro que 16 años de la presencia del ejército en esa tarea, donde
personalmente creo que sí deben apoyar, no han llevado a que disminuya el
enorme problema, y los últimos 4 (donde se desmanteló lo construido, todo ha
sido militar y la fuerza es cuatro veces mayor) han tenido peores resultados.
Está gravemente comprometida la factibilidad de que un siguiente gobierno pueda
brindarnos el servicio civil que requerimos y que nunca se ha logrado. Y ese,
sí es el punto, veo yo.
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*Jorge
Valladares Sánchez
Papá,
Ciudadano, Consultor.
Doctor
en Derechos Humanos.
Doctor
en Ciencias Sociales.
Psicólogo
y Abogado
Representante
de Nosotrxs en Yucatán
