Razones, por: Jorge Fernández Menéndez.
Ya sumaban 40 las víctimas fatales del incendio en el
centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.
Entiendo que ningún país puede tener fronteras
abiertas, como prometió después de ganada la elección de 2018 el ahora
presidente López Obrador; entiendo que la seguridad nacional y pública
requieren restricciones, en ocasiones más duras que las normales, para
garantizarlas; entiendo que las olas migratorias están resultando políticamente
inmanejables para Estados Unidos y que nuestros vecinos requieren de la
cooperación de México para frenarlas, y creo firmemente que México debe brindar
ese apoyo.
Pero también entiendo que no se está garantizando esa
seguridad, que las restricciones impuestas en México son tan volubles que lo
que fomentan son la corrupción, la impunidad y dejan a los migrantes en un
marco legal absolutamente difuso; entiendo que, al no tomar ninguna medida
adicional, la desprotección marca, tanto a migrantes como a las poblaciones,
sobre todo en la frontera norte y la sur, donde ellos se asientan. Y entiendo
que no se puede desligar del crimen organizado buena parte de lo que sucede en
la migración y, por ende, la laxitud de la política de abrazos y no balazos se
extiende hacia las ramas del crimen organizado que participan en ese proceso de
tráfico de personas.
No tenemos una política migratoria, como no tenemos
una estrategia de seguridad eficiente y verosímil para la sociedad. Y la
migración y la seguridad están cada vez más íntimamente relacionadas.
Se ha pasado de las fronteras abiertas al
endurecimiento y, de éste, a la laxitud y viceversa, de acuerdo a las
circunstancias coyunturales. Es impensable que en una ciudad mediana o pequeña
como son muchas de las dos fronteras, norte y sur, puedan llegar cientos de
miles de migrantes sin apoyo, sin un espacio, una infraestructura mínima donde
siquiera puedan dormir y que no ocurran estallidos como los sucedidos en
Juárez, pero que se han dado también en otras ciudades, del sur y del norte.
Quizá no se puede frenar el flujo migratorio antes de que llegue a la frontera
sur, pero de allí a que no se pueda parar, conducir, a que no se haya roto
prácticamente ninguna trama, creo que en el sexenio sólo una, de tráfico
internacional que maneja estas caravanas, es desconcertante.
Si el tráfico de gente no comienza a detenerse en la
frontera sur, si siguen acumulándose en el norte los migrantes de otros países,
los propios migrantes mexicanos (que son miles) y los que regresa Estados
Unidos, la situación se tornará, como ya lo es, inmanejable. Existen
mecanismos: el transístmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos puede ser una
suerte de frontera sur artificial que, construido adecuadamente y con esquemas
claros de seguridad, podría servir, no para cerrar la frontera, pero sí para
controlar el flujo de migrantes. Sirve esa infraestructura, por supuesto, como
un corredor industrial y una buena vía de comunicación interoceánica, pero si
se hace como debe hacerse, sería también un mecanismo fronterizo de control muy
eficiente.
Con países con los que México es en extremo
indulgente, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, que son de los que mayor
cantidad de migrantes envían a México, habría que tener mayor firmeza. Con un
agregado clave: si México reconociera que esos países son gobiernos
autoritarios, dictatoriales, donde se violan los derechos de sus ciudadanos,
como lo hizo en el pasado con España, con Argentina, Chile y Uruguay, con las
naciones centroamericanas, podría tener una política de asilo transparente y
eficiente, como la tuvo durante décadas. Pero como ésos son considerados gobiernos
amigos y hasta humanistas, el que no puede tener una política humanitaria con
sus refugiados es México.
En San Fernando, en Tamaulipas, decenas de migrantes
fueron asesinados por narcotraficantes; en diciembre de 2021, medio centenar de
migrantes murieron asfixiados en la caja de un tráiler. Muchos otros han tenido
el mismo destino a manos de criminales y traficantes, terminan secuestrados,
extorsionados, violados u obligados a integrarse a bandas criminales.
Pero en Ciudad Juárez los migrantes murieron dentro de
una instalación federal que no contaba ni siquiera con extintores y donde los
detenidos (los migrantes) vivían hacinados. Donde los guardias de una empresa
privada (¿por qué en este tipo de instalaciones federales los custodios son
privados?) dejaron entrar o proporcionaron instrumentos como para poder
encender fuego; que cuando comprobaron la existencia del mismo dejaron
encerrados a los migrantes en sus celdas y simplemente se fueron. La mayoría no
murieron quemados, sino asfixiados por el humo, fue una tragedia absolutamente
evitable. Y fue, insisto, en una dependencia federal. En el gobierno federal
nadie se hace responsable.
UNAM
El director general de Finanzas, Alejandro Macías
Ortega, y el secretario administrativo, Luis Agustín Álvarez-Icaza Longoria,
así como otras autoridades de la UNAM, han ocultado e ignorado más de mil 700
quejas que han interpuesto distintos actores en las diversas instancias
universitarias. Van desde la desigualdad salarial e imposibilidad de ascenso
para los docentes hasta seis feminicidios sin resolver. Hay más de 550 quejas
de acoso sexual ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención
de la Violencia de Género. Además, las denuncias por venta de droga dentro del
campus son innumerables.
En pleno proceso de sucesión en la UNAM, la
Defensoría, la Oficina de la Abogacía General y el resto de dependencias deben
resolver las denuncias y esclarecer los posibles delitos para no aparecer como
cómplices de los mismos.
