Por: Eduardo Ruíz-Healy.
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El arresto y encarcelamiento de Jesús Murillo Karam
significa que la Fiscalía General de la República cree contar con las pruebas
necesarias para probar que el otrora poderoso político priista es culpable de
“los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de
justicia, en el caso Ayotzinapa”.
También puede interpretarse como el rompimiento
definitivo del presidente Andrés Manuel López Obrador con su antecesor Enrique
Peña Nieto, porque Murillo es muy cercano a éste. Como presidente de la Cámara
de Diputados le entregó la banda presidencial el 1 de diciembre de 2012 y tres
días después se convirtió en el 43º procurador general de la República después
de que 114 de 115 senadores, incluidos casi todos los de la entonces oposición,
entre ellos los lopezobradoristas, ratificaran su nombramiento.
Entre los que lo ratificaron y hoy ocupan importantes
cargos en el gobierno federal o en gobiernos estatales que están en manos de
MORENA, destacan Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, David Monreal, Zoé
Robledo, Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar y Layda Sansores.
Que casi todos los senadores de la oposición aprobaran
su nombramiento demuestra lo poco que les importó que quedara al frente de la
PGR un veterano político que representaba lo peor del priismo.
Curiosamente, el único senador que ese día se abstuvo
de votar a favor fue Adán Augusto López Hernández. ¿Sabía desde entonces el hoy
secretario de Gobernación que acabaría mal el hombre que el 7 de noviembre de
2014 afirmó, en conferencia de prensa, que los 43 normalista de Ayotzinapa “fueron
incinerados y arrojados al río, esta es la verdad histórica”, para minutos
después, exhibiendo su prepotencia, dar por terminada la conferencia al decir
“Ya me cansé”?
Ocho años después de lo ocurrido en Iguala la noche
del 26 al 27 de septiembre de 2014 no le será fácil a la FGR probar la
culpabilidad de quien fue, entre otras cosas, procurador general de la
República y gobernador de Hidalgo. Tampoco la de otros probables responsables
del crimen y posterior ocultamiento de los hechos.
Después de todo, si el gobierno de Peña Nieto
pretendió esconder lo que le ocurrió a los normalistas, tuvo cuatro años para
ocultar o eliminar muchas de las pruebas que permitirían probar quienes fueron
los responsables del abominable delito.
Y en esa desaparición de pruebas pudieron haber
participado la PGR, que después del hidalguense estuvo a cargo de Arely Gómez,
Raúl Cervantes Andrade y Alberto Elías Beltrán; las secretarías de la Defensa
Nacional y Marina, también involucradas en el caso, encabezadas por Salvador
Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, respectivamente; la Secretaría de
Gobernación cuyos titulares fueron Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso
Navarrete Prida; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), bajo
sus directores Eugenio Ímaz y Alberto Bazbaz; los gobernadores de Guerrero
Ángel Aguirre, Salvador Ortega Martínez, David Cienfuegos y Héctor Astudillo, y
quién sabe cuántos funcionarios federales y estatales más.
Que nadie se sorprenda si, después del escándalo
inicial que causó la detención de Murillo, finalmente no haya culpables o, como
en otros casos, personas poco relevantes sean las que vayan a la cárcel.
