Por: Eduardo Ruíz-Healy
En su discurso del sábado pasado el presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que durante su gobierno se acabó la corrupción.
Pero, ¿qué es para él la corrupción?
Lo dijo así en ese discurso: “no hay corrupción cuando no
hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas y
financieras que no pagaban impuestos”, cuando “se combate el huachicol; no se
entrega dinero a manos llenas a líderes de organizaciones sociales o de la
llamada sociedad civil; no se otorgan contratos leoninos a traficantes de
influencias”, cuando gracias a la austeridad republicana “no se derrocha el
presupuesto”, cuando “no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos… no
hay pensiones millonarias a expresidentes, ni servicio médico privado ni cajas
de ahorro especial ni viáticos ni turismo político al extranjero…”.
Sin embargo, para Transparencia Internacional (TI), la
prestigiada organización no gubernamental alemana que promueve medidas contra
crímenes corporativos y corrupción política, la corrupción es “el abuso del
poder para obtener beneficios privados, lo cual finalmente perjudica a todos
aquellos que dependen de la integridad de las personas en posiciones de
autoridad”, en otras palabras, el hecho de que un funcionario actúe para beneficiarse
económicamente.
Un ejemplo de la corrupción en el gobierno de AMLO es lo que
ocurrió en la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), en donde
sus altos funcionarios realizaron un fraude cuyo daño al erario asciende a los
9 500 millones de pesos, aunque podría ser de hasta 15 000 millones.
Cada año, en el Índice de la Percepción de la Corrupción
(IPC) que elabora TI, México obtiene pésimas calificaciones.
Y también es pésima calificación que nuestro país obtuvo en
el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023 difundido hace
unos días y elaborado por el Americas
Society/Council of the Americas, un foro dedicado a la educación, al debate y
al diálogo en América, y Control Risks, una empresa global de consultoría especializada
en riesgos.
El CCC no mide el nivel de corrupción de los 15 países
latinoamericanos evaluados, como sí lo hace el IPC, sino que mide la capacidad
de cada país para combatir la corrupción con eficacia.
El Índice CCC “examina 14 variables clave, como la
independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de
investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la
delincuencia de cuello blanco y se basa en una gran cantidad de datos y en una
encuesta realizada entre expertos en anticorrupción, del mundo académico, de la
sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado”.
De acuerdo con el análisis realizado, a cada país se le
asigna una calificación de 0 a 10. Mientras más alta, mejor capacidad tiene
dicho país para combatir la corrupción con eficacia.
Así quedaron en el CCC: Uruguay (6.99 de 10), Costa Rica
(6.76), Chile (6.67), Perú (5.53), República Dominicana (5.42), Panamá (5.39),
Argentina (5.07), Brasil (4.83) , Colombia (4.78) , Ecuador (4.68) , Paraguay
(4.61) , México (3.87) , Guatemala (2.86), Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46).
En México, pese a lo que diga Andrés Manuel, hay mucha
corrupción y poco se hace para combatirla.
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