Por Carlos Mena / cmena@finred.com.mx
Existe una alta concentración mediática por el presupuesto del país para 2018 como si los ingresos y los gastos proyectados se ejecutaran al pie de la letra, como si la opinión y debate de los legisladores fuera determinante en el destino de la riqueza pública para la solución de las necesidades generales y sociales; nada más lejos de la verdad.
Para el año 2016, la cámara de diputados aprobó 72 millones en comunicación social de la Secretaría de Salud, al final del año gastó 1,543 millones, a comunicación social de la Secretaría de Educación se le asignaron 76 millones al final del año gastó 1,082 millones, a comunicación social de Sedesol se le aprobaron 73 millones y terminó gastando 573 millones, en Sedatu se aprobaron 38 millones para oficialía mayor y terminó con 2,383 millones de pesos, pero fíjense, los programas de gasto directo social no se mueven solo los gastos administrativos y comunicación social.
De los 4 billones de pesos del gasto federal en 2016 se modificaron 950 mil millones de pesos, es decir, casi un 25% no se aplicaron a lo que publicaron en los medios y aprobaron los legisladores. Ahora del gasto neto total (federación, estados y paraestatales) se gastaron un 4.6% de mas ó sea no solo no hubo el recorte de 240 mil millones anunciado sino que gastaron 267 mil millones de pesos de más.
En los ingresos pasa igual en 2016, se obtuvieron un 13% de ingresos adicionales cerca de 670 mil millones de pesos, ósea cerca de 16 veces el presupuesto de Yucatán ó 6 veces el presupuesto de Yucatán, Campeche y Quintana Roo juntos.
El problema es que si bien se reportan los cambios no existe el escrutinio público que estudie las modificaciones por una sencilla razón si el cambio es menor del 5 % no se sabrá hasta que termine el año, pero hay partidas de 65 mil millones y si cambia el 5 % aunque es mucho dinero se sabrá tarde.
La realidad es que los recortes anunciados para 2016 en el presupuesto nunca se ejecutaron ni tampoco consideraron las ganancias del Banco de México, ni se legisla el destino de ingresos adicionales como licitaciones o recaudación mayor a la esperada.
Si hubiera un ejercicio mediático o mecanismo legal obligatorio para que los desvíos al presupuesto se revisaran, justificaran o sancionaran el país estaría más acorde a lo planeado que al final es la voluntad el pueblo, esta falla hace que la discrecionalidad política este por encima del orden financiero y democrático. Veremos en marzo de 2018 como nos fue en 2017
