Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
Yucatán es una entidad privilegiada, igual que las otras de la Península. Aquí, como en otros 21 estados, no hay escasez de gasolina. Aquí, pareciera, tampoco hay saqueo de combustible.
El gobierno de la República, sin embargo, se enfrenta a una escasez que muchos dicen fue premeditada al haberla en entidades que son gobernadas por la oposición a Morena y argumentan un error de estrategia el que el desabasto haya pegado a la Ciudad de México que gobierna su delfín, Claudia Sheinbaum.
En Puebla, los mal querientes, aseveran que el desabasto en la capital del huachicoleo no se resiente porque habrá elecciones en breve luego del accidente en el que murió el matrimonio Moreno-Alonzo y en Veracruz, la otra capital del robo de combustible, como gobierna Morena pues ahí tampoco se combate ese delito.
Lo cierto es que el gobierno de López Obrador pareciera perder adeptos a pasos ¿acelerados?, ¿normales?, o como sucede a todos los políticos que ganan comicios: el poder desgasta y paulatinamente se pierden las simpatías de quienes votaron por ellos al ver los resultados de la gestión.
Dice un refrán que en política como en la vida, ninguna derrota es eterna ni los triunfos son para siempre, y quienes hoy son gobierno con López Obrador parecieran tener la puerta abierta para destacarse sobre todo por la polémica gestión del tabasqueño.
Ante el desabasto de gasolina, el gobernador de Guanajuato, el único en el que López no ganó la presidencia, Diego Sinhue Rodríguez, viajó a Texas para abonarle a la solución y empezar a importar ellos su propio combustible.
Otros gobernadores exigen no sólo que el director de Pemex les tome la llamada sino que les respeten su investidura al pedirles una explicación de qué sucede y para cuando estaría resuelto el tema.
Otros más, ante los recortes presupuestales, exigen que haya una revisión del pacto federal porque las participaciones no son, a todas luces, las que cada entidad merece en relación con su aportación al pacto federal.
Mientras eso pasa, el gobierno de López atraviesa una crisis de comunicación que a los ciudadanos no parece importarles. Más del 50 por ciento de la gente apoya el combate al robo de combustible y cómo no si miles de millones de pesos le roban al erario quienes lo realizan.
El problema es que no hay detenidos. Quienes pican los ductos lo pueden hacer hasta en seis ocasiones y nadie los detiene, los para ni los arresta a pesar de la persistencia y de su atrevimiento.
La realidad es que la crisis acredita que el gobierno actuó por impulso y no tenía una estrategia definida para lograr operativos exitosos contra los delincuentes. Similar al caso del combate al narco, el combate al robo de combustible acreditó un gobierno que no sabía qué hacía ni la gravedad del problema que se crearía cuando se decidió actuar.
El gobierno de la República ha acreditado que no son eficientes, eficaces ni transparentes y que la exigencia de información les molesta tanto como cuando ellos la exigían a quienes les antecedieron y se las negaban.
Del tiempo que tarde en subsanarse el problema dependerá la certeza de que quienes emprendieron el riesgo, lo tenían calculado. Hasta hoy pareciera que no.
