A 12 años de Ayotzinapa, solo fragmentos de hueso de tres estudiantes y la investigación estancada

Este sábado se cumplen 12 años del ataque en Iguala, Guerrero, contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 jóvenes desaparecieron y el Estado mexicano inició una investigación que aún no ofrece verdad ni justicia a sus familias.

La fecha encuentra el caso en un punto crítico: la detención de Ángel Aguirre Rivero, quien fuera gobernador de Guerrero al momento de los hechos, y el debate en torno a la llamada «tesis de las funerarias» —línea de investigación que apunta a que restos de los normalistas podrían haber sido procesados en negocios funerarios de la región— dominan el estado actual de las pesquisas.

El avance material es devastador: en más de una década, peritos solo han identificado pequeños fragmentos óseos de tres de los 43 desaparecidos. Ningún resto ha sido localizado completo. Las familias siguen sin saber qué ocurrió con sus hijos.

La investigación ha transitado por tres administraciones federales con resultados insuficientes. El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) presentó en 2015 la llamada «verdad histórica», según la cual los jóvenes fueron asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula; dicha versión fue desacreditada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las administraciones posteriores prometieron reabrir y replantear la investigación sin lograr resultados definitivos.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas múltiples líneas de investigación, entre ellas la participación de elementos del Ejército mexicano la noche de los hechos, extremo que los gobiernos anteriores evitaron explorar y que sigue siendo uno de los flancos más sensibles del expediente.

Las organizaciones de derechos humanos advierten que el tiempo juega en contra de la verdad: testigos mueren o cambian su versión, evidencias se degradan y la presión pública sobre el caso, aunque persiste, ya no alcanza la intensidad de los primeros años. El GIEI ha señalado en distintos momentos que la falta de acceso pleno a archivos militares ha sido el principal obstáculo para esclarecer lo ocurrido.

La próxima audiencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el alcance de las facultades de búsqueda de personas desaparecidas —cuyo caso fue atraído recientemente por el máximo tribunal— podría definir si las autoridades tienen obligación de explorar escenarios que hasta ahora han evitado. Para las familias de los 43, esa resolución representa una de las pocas vías institucionales que aún permanecen abiertas.