Análisis de la Reforma Electoral Local 2022 3/3: Gobiernos de Coalición y lo Ausente
Por: Hidalgo A. Victoria Maldonado.
Por: Hidalgo A. Victoria Maldonado.
Mtro. en Derecho Electoral, especialista y consultor político electoral.
Otra de las figuras para analizar la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado en Yucatán, es la referida a los gobiernos de coalición, quedando plasmada en el artículo 55 de la Constitución yucateca que señala, en su fracción XXV lo siguiente:.
“XXV. Optar, en cualquier momento, por la conformación de un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado.”
“En el caso de que opte por un gobierno de coalición, éste se regulará por el convenio, el programa de gobierno y la agenda legislativa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado. El convenio establecerá las bases para su conformación, causas de la disolución del gobierno de coalición, programa de gobierno y la agenda legislativa donde se establezca el programa de trabajo legislativo”.
La figura de gobierno de coalición es originalmente propia de los sistemas parlamentarios europeos preponderantemente, más sin embargo, a partir del año 2014 se integra a nuestro marco constitucional a nivel federal, sin que a la fecha se hubiera implementado, y ahora es aprobada para el ámbito estatal en Yucatán.
Un gobierno de coalición es definido por el constitucionalista Diego Valadés como la unión del partido político en el gobierno con uno o más partidos con representación en el Congreso, convocados de manera expresa por el titular del poder Ejecutivo (gobernador en este caso) para elaborar un programa de gobierno, que será ejecutado y evaluado por el gabinete que acuerden los partidos coaligados.
Otra figura que se aplica en la práctica sin necesidad de convenio formal, es el Pacto de Legislatura, que Jordi Matas lo define como una formación política que gobierna con el apoyo parlamentario explícito y estable de uno o más grupos políticos con representación parlamentaria.
Para que funcione en la práctica un Gobierno de Coalición en nuestro estado se requiere de entrada la voluntad del Gobernador y circunstancias políticas que impliquen no poder contar con un apoyo legislativo mayoritario por sí, o con el apoyo de los partidos que compitieron en coalición o candidaturas comunes a efecto de garantizar gobernabilidad y viabilidad a sus propuestas legislativas y programas de gobierno.
La reforma lo deja como algo optativo para quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo y dejando abierta la temporalidad para que se realice en cualquier tiempo que así se decida, aunque lo ideal sería hacerlo al inicio del sexenio o inmediatamente después de la elección intermedia. Requiere además de la voluntad y madurez política para sumarse en los términos acordados en el convenio. Pudiera también evitar las llamadas “moratorias constitucionales” que secuestren las iniciativas que presente el Poder Ejecutivo
Considero que en nuestra realidad política, muy difícilmente se implemente en el corto plazo, pero será interesante analizar la figura a la luz de una elección en donde el porcentaje de votos no alcance a formar mayorías calificadas.
Se quedan pendientes reformas en materia de reelección para profundizar en su normatividad, así como la referente a las acciones afirmativas en materia de indígenas, jóvenes, comunidad LGBT+, discapacitados y adultos mayores y particularmente migrantes para adoptar la figura de la Diputación Migrante.
Asimismo, es urgente la revisión y actualización de la Ley de Participación Ciudadana para garantizar eficazmente el derecho al plebiscito, referéndum y demas figuras de la democracia directa, y actualizando el procedimiento de sanciones a quienes obstaculicen su instrumentación. También contemplar la figura de referéndum derogatorio, con el cual los ciudadanos podrán someter a esta figura aquellas leyes ya aprobadas, y publicadas en tiempo record.
Finalmente, pudiera concluir señalando que esta reforma pudo haber profundizado en el análisis de la problemática y la situación actual del sistema político electoral en nuestro estado y generar un parlamento abierto en donde los actores políticos, autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, los partidos políticos, la academia e investigadores pudieran abordar diversos temas que aporten mejores herramientas a nuestra legislación.