Antimotines repliegan protesta por agua en Veracruz; Nahle niega haber ordenado represión

Xalapa, Veracruz.- Una protesta de habitantes de comunidades de Altotonga y Jalacingo por la operación de un pozo agrícola derivó en momentos de tensión y forcejeos con elementos antimotines en Xalapa y en la carretera Xalapa-Perote, mientras la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, negó haber ordenado una represión contra los manifestantes.

Pobladores de más de 15 comunidades se trasladaron el lunes 21 de septiembre a la capital veracruzana para exigir la intervención de las autoridades ante la operación de un pozo que, según denunciaron, estaría reduciendo el nivel de los manantiales que abastecen de agua a distintas localidades de la región. Los inconformes también expresaron preocupación por una posible contaminación relacionada con el uso de pesticidas y otros productos agrícolas.

Durante la movilización, los manifestantes bloquearon vialidades del centro de Xalapa, entre ellas calles cercanas al Palacio de Gobierno. Otro grupo realizó cierres en la carretera Xalapa-Perote para exigir una respuesta a sus demandas.

En imágenes difundidas por distintos medios se observa a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública equipados con escudos antimotines avanzar contra los inconformes para liberar la vialidad. En el centro de Xalapa hubo empujones y momentos de tensión mientras los policías replegaban a los manifestantes hacia las banquetas. También se desplegaron elementos de seguridad para retirar bloqueos en la carretera.

La intervención policial ocurrió después de que Nahle García reconociera públicamente el derecho de los pobladores a manifestarse. Durante su conferencia de prensa, la mandataria había señalado que no se enviarían granaderos para retirar a quienes participaban en la protesta. Posteriormente, elementos antimotines participaron en los operativos para liberar las vialidades bloqueadas.

Sobre el motivo de la inconformidad, la gobernadora explicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le había informado que el pozo cuenta con una concesión de uso agrícola y que, de acuerdo con los datos disponibles para la dependencia, no se había acreditado una afectación a otros aprovechamientos de agua.

Sin embargo, Nahle pidió a la Conagua realizar una nueva revisión directamente en la zona y verificar tanto las condiciones de operación como el uso que se está dando al recurso. La mandataria sostuvo que, si se comprobara que el agua autorizada para actividades agrícolas está siendo comercializada, correspondería a la autoridad federal tomar medidas sobre la concesión.

Los habitantes sostienen una versión distinta. Afirman que desde la operación del pozo se ha observado una disminución en los manantiales que abastecen a comunidades de Jalacingo y Altotonga y temen que las actividades agrícolas desarrolladas en la zona puedan generar contaminación por el uso de fumigantes y pesticidas. Estas afirmaciones forman parte de las denuncias de los pobladores y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

Durante sus declaraciones sobre el conflicto, Nahle también relacionó el pozo con la familia del excandidato a la gubernatura de Veracruz José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla. La gobernadora señaló que, según la información que había recibido, el aprovechamiento estaría vinculado con esa familia y solicitó revisar la concesión.

Yunes Zorrilla rechazó posteriormente el señalamiento. “No somos concesionarios de ese pozo y nada tenemos que ver con su operación”, afirmó en un comunicado difundido el mismo lunes. También pidió a la autoridad competente aclarar la situación jurídica de la concesión y anunció que acudiría ante la Conagua para solicitar información oficial sobre el aprovechamiento.

El conflicto queda ahora en manos de la Conagua, que deberá determinar las condiciones bajo las cuales opera el pozo, el uso autorizado del agua y si existe alguna afectación a los manantiales de los que dependen las comunidades de la región. Mientras tanto, los hechos registrados durante las protestas colocaron nuevamente en el centro de la discusión tanto el acceso al agua como la actuación de las fuerzas de seguridad frente a las movilizaciones ciudadanas.