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Auditoría de Nuevo León documenta presuntas triangulaciones por 1,696 mdp hacia despacho vinculado con Samuel García

La Auditoría Superior del Estado reportó 786 depósitos de proveedores gubernamentales a una firma jurídica relacionada con el gobernador y su padre

Por La Revista Peninsular · 19/11/2026 06:36
Auditoría de Nuevo León documenta presuntas triangulaciones por 1,696 mdp hacia despacho vinculado con Samuel García

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Nuevo León presentó este martes ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2025, en los que documentó un esquema de presuntas triangulaciones de recursos públicos por 1,696 millones de pesos transferidos por contratistas estatales hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), vinculado con el gobernador Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

El auditor superior Alejandro Reynoso detalló ante el Congreso 786 depósitos de proveedores gubernamentales a la firma, así como 418.8 millones de pesos en rendimientos financieros. Aunque Reynoso no mencionó de manera directa al gobernador García ni a FJyFA durante su exposición, los señalamientos de la ASE apuntan hacia ese despacho y su relación con el entorno familiar del titular del Ejecutivo estatal.

Entre los hallazgos, la auditoría identificó irregularidades en el DIF Nuevo León: recursos pagados a un proveedor de alimentos habrían circulado por cinco empresas filiales hasta llegar, en un plazo de ocho días, al despacho jurídico «fundado por un funcionario de alto nivel», con un monto de 23.2 millones de pesos. La ASE también documentó la adquisición de chayote a 300 pesos por kilogramo, cuando su precio promedio de mercado era de 18 pesos, y operaciones con una empresa desarrolladora que facturó desde remodelaciones hasta compra de ropa infantil.

En cuanto a medicamentos oncológicos, la auditoría reportó pagos por 420.6 millones de pesos a la empresa Medicazel, adquiridos por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón), con sobrecostos y sin documentación suficiente para acreditar su entrega. La ASE advirtió además que por cada 100 pesos revisados, 17.60 pesos habrían terminado en el despacho y empresas relacionadas con el familiar de un alto funcionario. La Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (Codefront) también fue señalada: facturó 537.4 millones de pesos a una empresa sancionada en otros países, cuando los contratos sumaban únicamente 120 millones, con 47 facturas que cuadruplicaron el monto contractual. Adicionalmente, se identificaron operaciones por 3,366.1 millones de pesos con empresas presuntamente inexistentes conforme al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Los nuevos señalamientos se suman a una serie de denuncias e investigaciones sobre el manejo de recursos públicos durante el gobierno de García. En octubre de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó ante la Cámara de Diputados que había identificado presuntas transferencias por al menos 728.13 millones de pesos de la administración estatal hacia el mismo despacho familiar, mediante un patrón similar al ahora documentado por la auditoría local. Antes de asumir la gubernatura, en 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había detectado un mecanismo de triangulación durante la revisión del financiamiento de su campaña, por el cual le impuso una sanción de 28 millones de pesos al acreditar que 14 millones de pesos provenían de su madre y hermanos, quienes a su vez habían recibido recursos de empresas litigantes y de bienes raíces.

El auditor Reynoso informó que ya se giraron instrucciones para continuar las actuaciones dentro de las facultades de la ASE y, cuando proceda, coordinarse con las autoridades competentes. La ASE no precisó plazos para concluir las diligencias ni anunció denuncia formal alguna al momento de presentar los resultados.

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