Bajo la lupa: Iepac de Yucatán entregó casi 58 millones de pesos a empresas señaladas en investigaciones federales
Tres compañías relacionadas con investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones electorales obtuvieron contratos por aproximadamente 58 millones de pesos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) durante los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024.
De acuerdo con información publicada por Por Esto!, las empresas involucradas son Formas Finas, Cajas Graf y Comercializadora JVLY, las cuales recibieron recursos públicos para suministrar urnas, mamparas, cajas y otros materiales necesarios para la organización de las elecciones en la entidad.
Las contrataciones han cobrado relevancia después de que las compañías fueran mencionadas en investigaciones y revisiones federales relacionadas con posibles irregularidades en la adquisición de materiales electorales, entre ellas señalamientos sobre una presunta simulación de competencia en procedimientos de licitación.
Durante el proceso electoral de 2018, el Iepac lanzó una licitación para adquirir materiales electorales con un presupuesto estimado de 16.8 millones de pesos. Sin embargo, las únicas empresas participantes, Cajas Graf y Formas Finas, presentaron propuestas económicas superiores a los recursos disponibles.
Cajas Graf ofreció realizar el suministro por aproximadamente 20.3 millones de pesos, mientras que Formas Finas presentó una propuesta cercana a los 19.5 millones. Debido a que ambas ofertas superaban el presupuesto establecido, el procedimiento fue declarado desierto.
Posteriormente, el organismo electoral decidió adjudicar directamente el contrato a Formas Finas por 19 millones 457 mil pesos, una cantidad prácticamente equivalente a la presentada por la compañía durante la licitación original.
Tres años después, durante las elecciones de 2021, Cajas Graf obtuvo otro contrato del instituto electoral yucateco por aproximadamente 12.3 millones de pesos.
Para los comicios de 2024, Comercializadora JVLY recibió una asignación de 26 millones 505 mil pesos destinada al suministro de materiales electorales. Esta operación fue objeto de una observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionada con la documentación necesaria para acreditar formalmente la entrega y recepción de los productos adquiridos.
La observación identificó la ausencia de un acta de entrega-recepción dentro de los documentos revisados. No obstante, esta irregularidad administrativa no significa necesariamente que los materiales no hayan sido entregados ni constituye, por sí misma, una prueba de desvío de recursos.
En el ámbito nacional, las investigaciones sobre contrataciones electorales han identificado posibles mecanismos mediante los cuales distintas empresas habrían participado en licitaciones públicas aparentando competir entre ellas, pese a mantener vínculos comerciales o societarios.
El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) informó recientemente sobre una posible red de cinco empresas que obtuvo contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025. Entre las compañías señaladas se encuentran Formas Finas, Cajas Graf y Comercializadora JVLY, junto con Corporativo ZEG y Seriplast de México.
Según las investigaciones preliminares, el presunto mecanismo consistía en presentar ofertas con precios elevados para influir en los valores de referencia de las licitaciones y favorecer la contratación de determinadas empresas. No obstante, estos señalamientos continúan sujetos a los procedimientos correspondientes.
En el caso de Yucatán, los contratos señalados fueron celebrados durante distintas administraciones del Iepac. El actual presidente del organismo, Moisés Bates Aguilar, asumió el cargo el 27 de octubre de 2021, por lo que no encabezaba la institución cuando se realizó la adjudicación directa de 2018.
Hasta el momento, no se ha acreditado una resolución definitiva que determine responsabilidades legales relacionadas con las tres contrataciones realizadas en el estado. Tampoco se ha precisado si el Iepac presentó posteriormente la documentación requerida para solventar la observación correspondiente al contrato de 2024.
El caso coloca nuevamente bajo atención los procedimientos de contratación de los organismos electorales y la necesidad de garantizar transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, particularmente cuando las empresas proveedoras aparecen vinculadas con investigaciones por posibles prácticas irregulares.
La revisión de estas operaciones será fundamental para esclarecer si los contratos se realizaron conforme a la legislación aplicable y determinar si existen responsabilidades administrativas o legales.