Barcelona recibe multa por negociar con Julián Álvarez sin avisar al Atlético de Madrid

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso una multa de 602 euros al FC Barcelona por mantener contactos relacionados con el posible fichaje del delantero argentino Julián Álvarez, quien tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid. El Comité de Disciplina determinó que el club azulgrana incurrió en una infracción leve al gestionar un eventual acercamiento al futbolista sin haber informado previamente y por escrito a la entidad madrileña.

La sanción responde a una denuncia presentada por el Atlético de Madrid el pasado 30 de junio ante la RFEF y la FIFA, después de conocer los contactos entre representantes del Barcelona y el entorno del jugador. En aquel momento, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del conjunto rojiblanco, acusó al club catalán de "negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido".

Julián Álvarez mantiene un vínculo contractual con el Atlético de Madrid hasta 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. De acuerdo con la normativa aplicable, el periodo protegido comprende tres temporadas completas o tres años para futbolistas que, al momento de firmar su contrato, tienen entre 23 y 28 años.

Según la resolución del Comité de Disciplina, quedó acreditada una conversación celebrada el 15 de mayo de 2026 entre Fernando Hidalgo, representante del delantero argentino, y Deco, director deportivo del Barcelona. Sin embargo, la primera comunicación escrita del conjunto catalán al Atlético de Madrid se produjo hasta el 28 de mayo, casi dos semanas después del contacto inicial.

Durante aquella conversación, Hidalgo habría comunicado a Deco que el Atlético estaría dispuesto a escuchar propuestas económicas por el futbolista. Asimismo, el agente aseguró contar con autorización para ofrecer al jugador en el mercado y negociar su posible salida bajo determinadas condiciones. No obstante, el organismo disciplinario concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar que el representante dispusiera realmente de ese permiso.

Uno de los elementos fundamentales de la investigación fue un mensaje enviado por Gil Marín a Hidalgo el 18 de mayo, en el que se confirmó que el Atlético había comunicado al agente una valoración económica del delantero. Sin embargo, el Comité estableció una diferencia entre proporcionar información sobre el precio de un futbolista y conceder autorización para negociar su transferencia en representación del club.

A partir de estos elementos, la RFEF consideró que el Barcelona había iniciado gestiones para explorar la incorporación de Julián Álvarez mediante su representante, sin cumplir previamente con la obligación de comunicarse de manera directa y por escrito con el Atlético de Madrid.

Pese a ello, el organismo descartó que la conducta constituyera una infracción grave, al considerar que no se acreditaron los requisitos de consciencia y, especialmente, reiteración contemplados en el artículo 93 del Código Disciplinario.

En consecuencia, el Comité aplicó el artículo 133 del reglamento, que contempla sanciones por incumplimientos de obligaciones reglamentarias que no están tipificados específicamente como infracciones graves o muy graves. Esto permitió cerrar el expediente con una multa de 602 euros, una cantidad reducida en comparación con las cifras que habitualmente se manejan en el mercado de fichajes.

El Barcelona dispone de un plazo de diez días para presentar un recurso ante el Comité de Apelación de la RFEF, en caso de considerar improcedente la resolución.

Aunque la sanción económica es limitada, el caso pone de manifiesto la importancia de respetar los procedimientos establecidos para negociar con futbolistas que mantienen contratos vigentes. Asimismo, evidencia las tensiones que pueden surgir entre clubes cuando existen intereses deportivos y económicos sobre jugadores de alto valor en el mercado internacional.