Ciudadanos desconectados

Punto de equilibrio, por: Francisco Guerrero Aguirre. 

De acuerdo con el estudio Perspectivas Económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo, publicado por OCDE, ONU y CAF, la región está viviendo una creciente desconexión entre ciudadanos e instituciones públicas que, en última instancia, debilita el contrato social.

El estudio destaca la disminución en los niveles de confianza en los gobiernos, con cifras que pasaron de un 45% en el 2010 a 25% en el 2017. A eso se agrega una baja satisfacción con los servicios públicos, con tan sólo un 41% de satisfacción en materia de educación y un 56% en salud.

La existencia de instituciones débiles y con capacidades insuficientes también está en la raíz de dicha desconexión. Según el estudio, 87% de los países de América Latina y el Caribe tiene una puntuación negativa en el índice del Estado de derecho y 79% de los latinoamericanos consideran a sus gobiernos corruptos (12 puntos más que en 2010).

Estas cifras se dan a pesar de avances institucionales con la implementación de nuevas herramientas para promover gobiernos más abiertos y transparentes. Aunque existen mejoras, la percepción negativa de los ciudadanos persiste como resultado directo de los escándalos mediáticos magnificados por las redes sociales.

De acuerdo con el estudio, 62% de los países de la región han adoptado estrategias nacionales de gobierno abierto. Paradójicamente, existe una mejora en los índices de gobierno electrónico, así como ligeros avances en el denominado Índice de mérito en el servicio civil.

La desconexión entre la sociedad y las instituciones no es un elemento nuevo en la discusión sobre los desafíos para la democracia y el desarrollo. Sin embargo, es evidente que dicha desconexión es cada vez más profunda, incidiendo en el funcionamiento de los sistemas democráticos y en la interacción entre gobernantes y gobernados.

La pérdida de confianza en las instituciones, la insatisfacción con los servicios públicos y el desencanto generalizado de la población con la incapacidad de los sistemas democráticos para procesar las demandas ciudadanas debilitan el “contrato social” entre el Estado y sus ciudadanos.

Si se quiere disminuir la “erosión democrática” que se alimenta de la desilusión y la desconfianza, es fundamental, como indica el estudio, contar con instituciones fuertes que cumplan con las expectativas de los ciudadanos. Sólo en la medida que se revitalice e incluso que se reformule ese nexo fundamental entre Estado-ciudadanos-mercados será posible superar el desencanto ciudadano con sus sistemas democráticos.

Es urgente construir una “democracia en ejercicio” que vaya más allá de la realización de elecciones periódicas. Los gobiernos emanados del voto deben evitar una ruptura del contrato social entre Estado y ciudadanos, a través de una buena gestión pública que acredite su legitimidad social, recuperando la confianza de la gente a través de resultados concretos que se reflejen en la calidad de vida.

Por ello, es fundamental, como indica el estudio, “fortalecer el Estado de derecho con el fin de promover instituciones más incluyentes en un contexto de captura de políticas públicas, corrupción, criminalidad e impunidad”.

Todo lo anterior requiere de buena gobernabilidad, de instituciones sólidas, de un sistema efectivo de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, de condiciones mínimas para el pleno ejercicio de la ciudadanía, de madurez cívica de todos los actores y de la búsqueda de consensos para afrontar los retos que plantean la desigualdad, la violencia y la corrupción.

BALANCE

Hoy más que nunca es imprescindible contar con Estados, instituciones y políticas públicas más eficientes, eficaces, confiables e innovadoras en el cumplimiento de sus funciones, que den respuesta a las exigencias de los ciudadanos y que fortalezcan el vínculo con los mismos para allanar el camino hacia la recuperación de la confianza en el sistema democrático.

También es imprescindible una cultura de integridad y transparencia. De todo eso dependerá el crecimiento inclusivo, el desarrollo integral y la estabilidad política de la región, así como el afianzamiento de la democracia. La agenda del futuro pasa por construir nuevos mecanismos de control ciudadano en el ejercicio del gobierno. Menos retórica, más confianza en las instituciones y, como consecuencia, mejores resultados.

*Los puntos de vista son a título personal.

No representan la posición de la OEA