Colombia levanta prohibición y vuelve a permitir el porte de armas con permisos vigentes
El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, levantó este martes 8 de septiembre la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, una política que permanecía vigente desde finales de 2015.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1368 de 2026 y permite que los ciudadanos que cuenten con permisos vigentes vuelvan a hacer uso de ellos sin la autorización especial adicional que había sido necesaria durante los últimos años. La disposición entrará en vigor este miércoles 9 de septiembre.
De la Espriella defendió la medida bajo el argumento de que las restricciones afectaban principalmente a quienes cumplían con los requisitos legales, mientras que los grupos criminales continuaban teniendo acceso a armamento ilegal.
“Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, afirmó el mandatario al explicar el alcance del decreto.
El Gobierno aclaró que la decisión no representa una autorización general para que cualquier persona pueda portar armas. Los controles establecidos por la legislación colombiana se mantienen y los interesados deberán cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades, entre ellos demostrar condiciones físicas y mentales adecuadas y contar con el permiso correspondiente.
De acuerdo con información publicada por medios colombianos, alrededor de 700 mil personas cuentan con salvoconductos para armas en el país. La nueva disposición permitirá utilizar los permisos que permanezcan vigentes, pero no beneficiará a quienes tengan documentos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, ni a personas sujetas a alguna prohibición legal o judicial.
El cambio pone fin anticipadamente a una política iniciada en diciembre de 2015 durante el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Aunque inicialmente la suspensión fue planteada como una medida temporal, posteriormente fue prorrogada durante su administración y continuó bajo los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. La última extensión contemplaba mantener la restricción hasta el 31 de diciembre de 2026.
El presidente también presentó cifras sobre el uso de armas ilegales para justificar su decisión. Según los datos expuestos por De la Espriella, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 las autoridades colombianas decomisaron 15 mil 700 armas de fuego, de las cuales 14 mil 179 estaban relacionadas con actividades delictivas. Parte de ese armamento habría sido vinculado con organizaciones como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional.
La flexibilización del porte de armas también representa el cumplimiento de una de las promesas de campaña de De la Espriella, quien durante su camino a la Presidencia planteó permitir nuevamente que los ciudadanos que cumplieran con la legislación pudieran portar armas para su defensa.
La medida abre ahora una nueva discusión en Colombia sobre seguridad pública, legítima defensa y control de armas. Mientras sectores políticos cercanos al Gobierno han respaldado el decreto como una herramienta de protección para los ciudadanos, sus críticos advierten sobre los posibles riesgos que puede representar una mayor presencia de armas de fuego entre la población civil.